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El debate sobre la locura inmobiliaria ha estallado, y ya no se frenará
Ramón Fernández Durán. Kaosenlared, 2 de xaneiro de 2007
Hace un año aproximadamente la fiebre urbanística y el desmadre de cementación del territorio estaban en su máximo apogeo, pero apenas había debate político y social al respecto.
Hace un año aproximadamente la fiebre urbanística y el desmadre de cementación del territorio estaban en su máximo apogeo, pero apenas había debate político y social al respecto. Después de cinco años de verdadero desquicie inmobiliario, el llamado quinquenio de la euforia[2], se habían ido desarrollando distintos procesos locales de resistencia al Tsunami urbanizador español, principalmente las denominadas plataformas por la defensa del territorio, pero su incidencia en la esfera y el debate público se circunscribía, en todo caso, al ámbito local. Parecía imposible romper la “espiral del silencio” con que los grandes medios protegían los fortísimos intereses económicos y financieros que impulsan y se benefician del Tsunami. Puedes visitar su blog “La otra economía” en la página de elotrodiario.com
La sociedad española asistía complaciente a un fenómeno que beneficia a
una parte sustancial del cuerpo social, en torno a un 20-30%, los
sectores propietarios de más de una vivienda, que veían revalorizarse
sus patrimonios, y a los capitales internacionales, mientras que está
significando un verdadero terremoto social en la estructura de rentas
para el resto, pues más de un 40% de la población española está
fuertemente endeudada con hipotecas. Y más de un 30% de ella ni
siquiera tiene capacidad para endeudarse con el fin de acceder a una
vivienda, al tiempo que el mercado de alquiler se ha convertido en una
salida minoritaria, tan solo posible para los sectores de mayor poder
adquisitivo. La población más joven, o emigrante, con trabajos
crecientemente precarios, va quedando cada vez más al margen del
mercado, o de poder satisfacer de una manera mínimamente digna sus
necesidades habitacionales. Cada vez pues más viviendas, y cada vez
peor alojados, teniendo que destinar una cada día mayor cantidad de las
rentas salariales a la vivienda. España se ha convertido en la cumbre
de la burbuja inmobiliaria mundial, durante el periodo 1998-2005, según
la OCDE, y en el país de la UE con más viviendas por mil habitantes,
con más viviendas vacías (más de tres millones), y con más viviendas
secundarias (una cifra aún mayor). La construcción de segundas
residencias está orientada en una importante medida a la demanda
externa de alto poder adquisitivo de los países ricos, principalmente
comunitarios. Tanto de los que deciden retirarse a Españaa pasar los
últimos años de su vida, más de un millón ya (la “Florida europea”),
como a los que vienen a comprarse su segunda, tercera o cuarta
residencia, especialmente en los lugares más privilegiados y cálidos de
la geografía española. Y a ello se ha sumado una demanda adicional de
fondos de inversión, de pensiones e inmobiliarios, y un más que
abundante dinero negro nacional e internacional, ante las perspectivas
de revalorización y las posibilidades de lavado en el sector
inmobiliario, todo ello incentivado por la ley urbanística de 1998 del
PP, la ley del “todo urbanizable”. Una entrada pues en tromba del
capital nacional y especialmente extranjero (lícito o criminal), que
acudía al sector urbanístico español ante la fuerte subida de los
precios de los productos inmobiliarios, de primera y segunda
residencia. Y en el caso de esta última se ha producido un verdadero
estallido de nuevas macrourbanizaciones de muy baja densidad, con campo
de golf aparejados, que han servido para revalorizar la vivienda
vacacional como producto de inversión. Se vayan o no a utilizar las
viviendas, y se vaya o no a jugar al golf. Más de quinientos campos de
golfo inundan ya nuestro territorio, y otro número similar se apresta
para hacerlo en breve (aunque no parece que lo vayan a lograr los que
los promueven, como veremos). El enorme impacto territorial y ambiental
de toda esta sin razón es fácil de adivinar, máxime porque la explosión
inmobiliario-constructora ha tenido lugar especialmente
en aquella parte del territorio español con más escasez en recursos
hídricos: archipiélagos, arco mediterráneo, y mitad Sur de la Península
Ibérica.
Pero la maquina inmobiliaria-constructora (y destructora) no sólo se ha
desarrollado en esos espacios “privilegiados”, sino que ha alcanzado a
todo el sistema de ciudades español, en especial a las grandes
metrópolis, y muy en concreto a Madrid (la región metropolitana europea
que más ha crecido en los últimos años), y también a gran parte de los
pequeños núcleos a través del turismo rural, así como a la cornisa
cantábrica y a la fachada atlántica gallega, e igualmente se ha
proyectado hacia numerosos enclaves de montaña de gran valor
paisajístico, turístico y deportivo (áreas de ski). El cemento para
nada tiene mal de altura. Lo cual ha quedado también claro por la
irrupción de megaconstrucciones de oficinas en las principales
metrópolis, que se alzan desafiantes hacia el cielo, rompiendo con los
anteriores sky lines mas “mesurados”. Todo ello se ha visto incentivado
por una abundantísima construcción de infraestructura de transporte
(autopistas, aves, metros subterráneos y en superficie, ampliación y
construcción de nuevos aeropuertos, creación de superpuertos y de un
sinnúmero de puertos deportivos, etc.), así como por la proliferación
de áreas logísticas en los espacios urbano-metropolitanos. Y estas
infraestructuras han posibilitado un nueva expansión, sin precedentes,
de la lengua de lava urbano-metropolitana, que está arrasando con
nuestro paisaje natural y cultural de siglos, así como con terrenos de
importante valor agrícola. Un crecimiento en mancha de aceite, y ahora
también a saltos, en forma de piel de leopardo, con predominio del
chalet adosado y viviendas unifamiliares, sazonado también por una
proliferación de centros comerciales por doquier. Un modelo irracional
basado en la construcción y el consumo, de gran impacto ecológico, pero
que por el momento genera empleo y doblega conciencias. España estaba
siendo engullida por el cemento, pero parecía que nadie se enteraba, o
que mucha gente asentía, y que nadie decía nada. Las voluntades
políticas locales y regionales estaban siendo compradas por el enorme
poder corruptor del dinero, mientras que toda España se estaba
convirtiendo en una inmensa Marbella, y la cultura de la especulación
penetraba en gran parte del cuerpo social. Eso era así hasta hace un
año, aproximadamente. Pero de repente todo ha estallado. ¿Cómo ha
ocurrido y qué pasará?
Ya a lo largo del año pasado, se empezó a articular de una manera
efectiva una considerable protesta social ciudadana, de un contenido
muy plural, en muchas zonas del territorio (principalmente en el País
Valenciano, Murcia, muchas zonas de Andalucía, y en numerosos enclaves
de los archipiélagos). Bajo el lema del “No se vende” la protesta
social intentaba la defensa del territorio, ante el avance imparable
del Tsunami. Pero a pesar de todo su eficacia parecía limitada, si bien
este movimiento estaba sentando las bases para una resistencia más
efectiva posterior, a través de una mayor repercusión social. Y quizás
uno de los puntos de inflexión del estallido del debate público en
torno a este tema fuera la irrupción en escena de la Operación Malaya.
Un juez sensible se atrevía a poner entre rejas a toda una corporación
municipal, la de Marbella, destapando una corrupción urbanística
política y un enriquecimiento privado sin parangón, y el Estado se veía
obligado a intervenir disolviendo el gobierno del ayuntamiento. El
escándalo explota, ocupando primeras páginas en los periódicos, y el
debate llega (distorsionado, por supuesto) hasta a los programas del
corazón de las cadenas de televisión. En paralelo también se empiezan a
organizar de forma muy espontánea movilizaciones de sectores juveniles
por una vivienda digna en las principales metrópolis, que llegan a
adquirir también una gran visibilidad mediática. Mientras tanto las
condiciones de contorno que habían posibilitado la irrupción del
Tsunami urbanizador empiezan a cambiar: paulatina subida de los tipos
de interés,
fuerte alza del precio del petróleo, y cierta ralentización de la
entrada de capitales foráneos, al tiempo que el encarecimiento de las
hipotecas empieza a hacer que aflore el enorme malestar social
acumulado, hasta entonces invisible e inaudible. Y ante el clamor
social en aumento, desde el gobierno se empieza a modificar también,
dentro de un orden, el marco legal e institucional que había sido una
de las causas principales de todo este dislate.
A partir de ese momento, vamos a asistir a un rosario de estallidos de
escándalos urbanísticos, una verdadera mascletá que atraviesa toda la
geografía española de Norte a Sur, y de Este a Oeste, incluyendo por
supuesto los archipiélagos. No hay día que no nos desayunemos, en este
último periodo, con un nuevo escándalo político y el pelotazo
especulativo subsiguiente. Y también tiene lugar una explosión paralela
del debate político-social en torno a esta locura urbanística que
parecía que había atontado y amordazado a la población en su conjunto.
Ambos procesos se realimentan mutuamente, alentando la movilización
ciudadana. Y todo ello se ve incentivado también por un rifirrafe
político en que los principales partidos utilizan, o se ven obligados a
usar, como arma arrojadiza, los escándalos urbanísticos entrando en una
dinámica del “y tú más”. Lo cual ceba aún más la proyección mediática y
social de los escándalos, y hace que el debate ciudadano en torno a
esta cuestión pase al primerísimo plano de la actualidad política, a
pesar de todo el ruido de fondo del debate “antiterrorista” en torno al
llamado proceso de paz del país vasco propiciado por el PP. Y es de
suponer que de aquí a las elecciones municipales de mayo del año que
viene el debate político-social en torno a esta cuestión no haga sino
acentuarse. Ante este estado de cosas la Federación Española de
Municipios se ha visto obligada a saltar a la arena pública para decir
que no todos los ayuntamientos están salpicados por la corrupción
urbanística. En los próximos meses esta dinámica es seguro que se
profundice además porque el marco que propició todo este desmadre va a
seguir cambiando aún más: por las subidas de tipos de interés previstas
en el próximo horizonte, por el probable encarecimiento de los precios
del petróleo (entrada en el escenario del “pico del petróleo”, y todo
lo que ello supone[3]), lo que puede endurecer adicionalmente la
política monetaria, por el estallido de la burbuja inmobiliaria mundial
que todo ello comportará (ya ha empezado en EEUU, lo que tendrá
consecuencias globales) y porque el capital foráneo parece que se está
retirando ya claramente de los destinos urbanísticos en el territorio
español. Una razón es porque la evolución de los precios, y de las
revalorizaciones por consiguiente, había empezado ya a flexionar en su
subida claramente en el último año. Pero otra importante razón también
es que el capital es muy temeroso ante el creciente clima de
movilización social, presión mediática, e intervensionismo
institucional consiguiente. La época de que lo imposible era posible,
es decir la transformación urbanística de cualquier espacio a cualquier
precio, parece que ha tocado a su fin. Y ya se resienten claramente los
principales artífices de la cultura del pelotazo. El “pocero” incentiva
a los trabajadores de su macrourbanización a manifestarse ante el
alcalde de Seseña, para la levantar la paralización de la actuación, y
se querella contra él por el quebranto económico que está sufriendo. Se
ha frenado en seco la venta de pisos en su nueva “ciudad”, y no sabe
cómo va a hacer frente a la montaña de créditos que ha contraído. Los
promotores protestan porque al tirar de la manta de los escándalos se
puede ir al garete el negocio inmobiliario. En mi opinión la burbuja
inmobiliaria ha empezado ha estallar, aunque por el momento tan solo
estemos en una importante inflexión del Tsunami.
Ante todo este panorama, la movilización ciudadana se organiza y
promete ir in crescendo en los próximos meses. Es más, se está
promoviendo una confluencia de las movilizaciones por la defensa del
territorio con
las manifestaciones por una vivienda digna, y ambas pretenden converger
en Madrid, después de un proceso de movilización y concienciación
social local y regional, para principios de mayo del año que viene,
poco antes de la cita electoral, para obligar al poder político a dar
una respuesta ante este estado de cosas, pero sin esperar gran cosa de
él. Es más toda esta marea será un elemento más en la deslegitimación
adicional del mismo, que lleva años produciéndose. En definitiva, solo
desde la movilización y concienciación ciudadana será posible frenar
este estado de cosas, y solo así también se podrá reorientar, a través
de complejos procesos moleculares desde abajo, el desastre territorial
que nos ha legado estos últimos años de tsunami urbanizador. Este libro
al que este texto sirve como prólogo es una muy buena muestra de la
diversidad de dinámicas de resistencia ciudadana a todo este desastre,
que es preciso que frenemos entre todos cuanto antes, para poder
enderezar nuestro futuro. * Ramón Fernández Durán es miembro de
Ecologistas en Acción
PD: El 23 de diciembre han salido a la calle, en más de veinte ciudades
del Estado, miles de personas denunciando la creciente precarización de
la vida y el derecho a una vivienda digna, lo que ha tenido una
considerable repercusión política y social. Como se ha apuntado en el
texto, es de prever que la movilización social continúe en aumento de
aquí al mes de mayo.
[1] Este texto saldrá publicado como prólogo del libro: “Paisajes
amenazados de la provincia de Málaga”, impulsado por la coordinadora
“Málaga no se vende”.
[2] Las causas y consecuencias de la explosión inmobiliaria las he
intentado analizar de forma más detallada en un texto recientemente
publicado: “El tsunami urbanizador español y mundial” (Virus, 2006)
[3] Ver mi artículo “El inicio del fin de la era de los combustibles
fósiles” (www.nodo50.org)
El precio medio de la vivienda subió un 9,8% en 2006 Agencias, 3 de
xaneiro de 2007
Durante los últimos 21 años el aumento anual ha sido del 10,7 por
ciento
El precio medio de la vivienda nueva en el Estado creció un 9,8 por
ciento en el recientemente cerrado año 2006, según un estudio
distribuido el martes por la Sociedad de Tasación.
Pese a que el incremento del precio de la vivienda se sitúa
holgadamente por encima de la inflación doméstica, se observa una
cierta desaceleración desde 2003, cuando el precio experimentó un
crecimiento cercano al 16 por ciento.
Provisionalmente, el IPC armonizado se mantuvo en el Estado español en
el mes de diciembre en el 2,7 por ciento interanual.
En 2004, el precio de la vivienda subió un 12,5 por ciento y en 2005
repuntó un 10,1 por ciento.
La empresa tasadora, que durante el año 2006 ha valorado más de 275.000
inmuebles, estima que el proceso desaceleración continuará este año.
"El precio de la vivienda nueva continuará subiendo en 2007, pero con
una tendencia inferior a la experimentada en 2006", dijo la Sociedad de
Tasación.
Según el informe, el precio de la vivienda tendrá previsiblemente
subidas más moderadas en aquellos municipios que dispongan de mayor
oferta de terrenos edificables.
Por su parte, el precio de la vivienda nueva de tipo medio en las
capitales de provincia se situó a finales de diciembre de 2006 en 2.763
euros/m2 construido, 276.300 euros para una vivienda de tipo medio de
100m2.
Durante 2006 el precio medio de la vivienda nueva aumentó en todas las
capitales de provincia. En seis capitales los precios medios han
aumentado por encima del 15 por ciento respecto de 2005.
En 13 capitales los precios han aumentado entre el 10 por ciento y el
15 por ciento y las 31 capitales restantes han aumentado sus precios
medios por debajo del 10 por ciento.
El incremento anual medio de los precios de la vivienda nueva durante
los 21 últimos años (diciembre de 1985 a diciembre de 2006) fue del
10,7 por ciento anual acumulativo, en euros nominales.
Más viviendas iniciadas
La Sociedad de Tasación considera que para todo el año, el número de
viviendas iniciadas se situará por encima de las 800.000, cantidad que
define como "muy
importante" y superior a la alcanzada en el año 2005.
Las ciudades con precios unitarios más altos fueron Barcelona con 4.192
euros/m2, Madrid con (3.870 euros/m2 y San Sebastián con 3.807
euros/m2.
Las más baratas se localizaron en Lugo, Badajoz y Pontevedra con
precios unitarios medios inferiores a 1.500 euros/m2.
Francia impulsa una ley que permitirá exigir una vivienda al Estado
EFE/El Periódico, 4 de xaneiro de 2007
El Gobierno francés adoptará el próximo día 17 un proyecto de ley que
establece el derecho a reclamar una vivienda al Estado ante los
tribunales. De esta manera, el Parlamento podrá aprobarlo antes de que
termine esta Legislatura, si bien no estará plenamente en vigor hasta
el 2012.
Así, en una rueda de prensa lo ha anunciado el primer ministro francés,
Dominique de Villepin, tras recibir un informe oficial al respecto que
encargó hace seis meses.
La ley, que pone el derecho a la vivienda al mismo nivel que a la
educación o la sanidad, "hará de Francia uno de los países más
avanzados en derechos sociales", ha subrayado el primer ministro.
Precampaña electoral
Con los comicios presidenciales (abril-mayo) y los legislativos (junio)
en puertas, el debate sobre la crisis de la vivienda ha entrado de
lleno en la precampaña electoral francesa, con la instalación de
campamentos improvisados en las grandes ciudades y la ocupación de
edificios por asociaciones de defensa de los indigentes.
Una vez adoptada antes del 22 de febrero próximo --cuando el Parlamento
concluye los trabajos de la actual Legislatura--, la nueva ley podrá
ser aplicada desde finales del 2008 para los casos más urgentes, como
los Sin Domicilio Fijo (SDF), los trabajadores pobres y las mujeres
solas con niños, tal y como ha explicado Villepin.
Aplicación total en el 2012
Sin embargo, no será hasta el 1 de enero del 2012 --se calcula que
entonces se habrán construido todas las viviendas sociales
necesarias--, cuando la futura norma será aplicada en su totalidad y se
podrá garantizar que no haya "familias alojadas en sitios indignos o
insalubres", ha mantenido.
Según el borrador del proyecto de ley, el Estado será el garante
jurídico del derecho de toda persona a una vivienda, aunque se prevé
delegar competencias a algunas colectividades locales. De esta forma,
según el primer ministro, se pretende evitar "que pese sobre las
colectividades una carga nueva".
Gestión de los recursos
Para garantizar el objetivo de que en cinco años no haya más personas
"sin techo" en el país, "una situación inaceptable", para Villepin,
además de construir viviendas hay que cumplir dos principios, el
primero de ellos que haya una buena gestión de los recursos, pues
"Francia es el país que gasta más en el mundo" en ese colectivo.
El segundo principio es que los beneficiarios de viviendas sociales
respeten "el equilibro en derechos y deberes", ha añadido Villepin,
quien ha subrayado la necesidad de "acabar con los abusos". Villepin ha
destacado la necesidad de mantener una política global contra la
pobreza extrema y favorecer la incorporación al trabajo de todos los
parados. El Quijote cabalga por Francia Alberto Montero Soler.
Rebelión, 6 de xaneiro de 2007
El derecho a una vivienda digna
El problema de la vivienda, que también ha alcanzado ya a nuestros
vecinos galos, ha sido afrontado por el gobierno de ese país de una
forma drástica y ejemplar: ha decidido promulgar una ley que
transformará en efectivo y exigible ante la jurisdicción competente el
derecho constitucional de todo ciudadano a una vivienda digna. Ahí es
nada.
Francia ha decidido, así, dar un salto adelante en el reconocimiento de
los derechos sociales de sus ciudadanos y dar contenido efectivo a uno
de los artículos que, si bien suele estar presente en la mayor parte de
las constituciones contemporáneas, lo está casi a título de inventario
pues no se le reconoce naturaleza de prestación, como en el caso de la
sanidad o la educación, sino de mera directriz para los poderes
públicos.
La movilización social promovida por un colectivo de personas sin
hogar, agrupadas en un movimiento denominado
Hijos de Don Quijote, ha conseguido que el gobierno francés asuma su
responsabilidad en el problema de la vivienda en Francia, pues no de
otra cosa se trata, y promueva la aprobación de esta ley que entrará en
vigor antes del próximo 22 de febrero, fecha en la que el Parlamento
concluye los trabajos de la actual Legislatura.
A partir de entonces será de aplicación inmediata para aquellos casos
más urgentes: las personas sin hogar, los trabajadores pobres y las
mujeres solas con niños. Y no será hasta finales de 2012, margen
temporal que se da así mismo el ejecutivo francés para la construcción
del suficiente número de viviendas sociales (unas 600.000 según estiman
las autoridades galas), cuando el derecho será plenamente exigible por
todos los ciudadanos.
Todo ello para enfrentar un problema que en Francia afecta a entre
80.000 y 100.000 personas que duermen en la calle, a casi un millón que
no tienen residencia fija y a más de tres millones que viven en
condiciones insalubres e indignas. Si a eso se le une que,
precisamente, entre septiembre de 2005 y septiembre de 2006 se han
construido en Francia cerca de medio millón de viviendas, la cifra más
elevada en los últimos 20 años, el caldo de cultivo se encontraba en
estado óptimo para que en ese país, de fuerte tradición reivindicativa,
se articulara un movimiento social que exigiera soluciones definitivas
ante un problema tan grave.
La encomiable respuesta del ejecutivo francés, si bien probablemente
derivada de la confluencia de elecciones presidenciales y legislativas
en este año, no debe ser menospreciada y, en mi opinión, debe ser
calificada como valiente. El tránsito de una política pública de la
vivienda en la que la inacción por parte de las autoridades y la
disminución de los recursos presupuestarios destinados a la
construcción de viviendas sociales han constituido la tónica
generalizada en los últimos años, a otra política en la que la
disposición de una vivienda social ya no depende del resultado de un
sorteo sino que constituye un derecho exigible por los ciudadanos es un
avance importante.
Pero, además, esta medida sienta un precedente que difícilmente puede
ser ignorado en otros países, como España, en donde el problema de la
vivienda acabará convertido en un problema político de primera magnitud
–más allá de los personales y económicos- a poco que exista una mayor
organización de los colectivos que están reclamando, como en Francia,
el derecho a una vivienda digna.
Basta con señalar que, a pesar de que el número de viviendas
construidas anualmente en régimen libre se ha más que duplicado entre
1996 y 2005, sin embargo, el número de las construidas en régimen de
protección pública ha seguido una tendencia descendente a lo largo de
las dos últimas décadas. Y, así, si en 1980 se construyeron en España
en torno a 120 mil viviendas de protección oficial, en 1996 esa cifra
se había reducido a cerca de 80 mil y en 2005 se construyeron pocas más
de 60 mil. Y ello en un contexto, sobre todo durante los últimos años,
en los que el precio de la vivienda se ha disparado y en el que el
número de viviendas vacías y secundarias llega casi a los seis millones
y medio según el último censo de población y viviendas del año 2001
(actualmente deben ser muchas más). Y donde, además, existen más de 30
mil personas sin hogar que duermen cada noche en las calles.
Si ante la gravedad de la situación de la vivienda en España, la
ciudadanía no toma nota del caso francés y decide tomar las calles para
reclamar que, por fin, el artículo 47 de la Constitución deje de ser
papel mojado y se convierta efectivamente en un derecho es que
mereceremos todo lo que nos pasa.
Alberto Montero Soler (
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) es profesor de Economía
Aplicada de la Universidad de Málaga y colaborador habitual de
Rebelión.
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