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Multitudinarias concentraciones en diversas ciudades del Estado para exigir una vivienda digna
20minutos.es, 2 de outubro de 2006
Varios meses después, los jóvenes volvieron el sábado a citarse a través de Internet y el correo electrónico para hacer sentadas en demanda de una vivienda digna.
La concentraciones fueron multitudinarias.
Miles de personas en Barcelona
"Nunca tendrás una puta casa".
Bajo este lema, unas 5.000 personas, según las estimaciones de la Guardia Urbana, y 15.000, según los organizadores, se manifestaron durante más de dos horas por el centro de Barcelona.
La marcha, que empezó con casi una hora de retraso, partió de Plaza Catalunya y discurrió por Ronda Universitat, Plaza Universitat, Pelayo, Fontanella, Vía Laietana y Plaza Sant Jaume.
Tras concentrarse ante las sedes de la Generalitat de Cataluña y del
ayuntamiento de Barcelona, los asistentes a la manifestación -marcada
por el tono festivo- regresaron a Plaza Catalunya, donde algunos de los
participantes tenían previsto acampar una noche. La marcha se
desarrolló sin incidentes. Madrid, Sevilla, San Sebastián... En Madrid,
se convocó una asamblea en la Plaza Mayor y una sentada en la Puerta
del Sol (esta última desde las 18.00 horas).
También se celebraron actos similares en Sevilla, San Sebastián,
Logroño y varias ciudades más.
Así, la juventud española reeditó las protestas del pasado 14 de mayo.
Estos actos han tenido lugar quince días antes de que se celebre una
cumbre de ministros de Vivienda de la Unión Europea en Barcelona, según
ha recordado la entidad organizadora. El negocio del ladrillo, también
llamado pelotazo a la española InSurGente, 2 de outubro de 2006
Se trata de recalificar terrenos, de comprar concejales, de usar
terreno público para negocios privados, de modificar con abyectas
intenciones Planes Generales de Urbanismo... El negocio del ladrillo da
para llenar bolsillos de personas que deciden dónde y cómo se puede
construir. En apenas unos días, hemos detectado asuntos turbios en
Mérida, Oviedo, Teruel, Arrasate-Mondragón, Barakaldo, Bormujos,
Castellón... En fin, una lista enorme de pueblos y ciudades. Si vivien
en algun otro lugar, donde la corrupción camina a sus anchas, añádala
en comentarios. Se creen impunes.
Mérida
La Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio ha
dado el visto bueno a una variación puntual del PGOU emeritense
referente al sector "Cahiz de Santiago"
Cabe señalar que, anteriormente, la administración regional se opuso a
la construcción de este centro comercial pues se trataba de un centro
aislado, al margen del planeamiento, sin ninguna conexión con la trama
urbana, y que por tanto no respondía a ninguna demanda real,
coincidiendo, además, no ningún planeamiento urbanístico global, sino
más bien con el suelo propiedad del promotor.
Según la Junta, en estos momentos, las circunstancias han cambiado,
fundamentalmente gracias a la construcción del PIR "La Calzada" y del
PIR "Villa Emérita", así como a la urbanización "Monte Alto", y al PIR
Municipal que se encuentra sobre el actual depósito de vehículos; pues,
entre todas estas actuaciones, se llega a una previsión de crecimiento
de casi 7.000 habitantes, lo que ha hecho desaparecer el principal
impedimento para la construcción del centro.
Cervera del Río Alhama
El diputado regional Gustavo Gauthier ratificó ayer la denuncia que
realizó hace unas fechas sobre un «pelotazo urbanístico» ocurrido en
esa localidad. Por ello, reclamó la celebración de un pleno
extraordinario para que el alcalde, José Luis Sanz, explique los hechos
acaecidos en el municipio, ya que «puede tener responsabilidad penal y
económica en este asunto».
Según indicó, se ha producido un «robo a mano armada» de unos 4
millones de euros, al venderse «fraudulentamente» un terreno para la
construcción de una residencia de ancianos, que ha visto reducido su
número de plazas, para la construcción de 167 chalets, en el polígono
industrial de 'La Rate'.
Gauthier recordó que, en junio de 1999, se anunció la construcción de
una residencia de ancianos con quinientas plazas
en Cervera, «en un acto totalmente electoralista». En mayo de 2003,
continuó, «no se había hecho aún nada» y se colocó una valla
«anunciando la construcción».
El 13 de noviembre de 2003, explicó, se llega a un acuerdo en pleno
para vender los terrenos, situados junto al polígono La Rate, a una
empresa, 'Inmobiliaria Alta Torre', para la construcción de una
residencia de ancianos. Una empresa que, dijo, se creó en mayo del
2003, una vez que Sanz ganó las elecciones municipales. Posteriormente,
dijo Gauthier, el alcalde ya no habla de 500, sino de 250 plazas e
incluso ahora ya son 220 para la residencia. Los terrenos, explicó, se
tasaron a un precio de 6 euros el metro cuadrado, lo que reportó
204.000 euros al Ayuntamiento.
Oviedo
Dos concejales de Oviedo, Roberto Sánchez Ramos y Celso Miranda,
calificaron de «escándalo urbanístico» la operación de los palacios,
por la que el Ayuntamiento cedió a la empresa Jovellanos XXI el suelo
de las parcelas del antiguo Tartiere y de la vieja estación del Vasco,
para construir los palacios de Congresos y de Artes. «Es la operación
de los ex palacios, ahora sólo queda uno, el Palacio de Congresos, un
señuelo que llegará a manos públicas dentro de 50 años, cuando ya
carezca de valor. Y con este señuelo se justifica el regalo de suelo
público a dos familias de reconocido apellido, para que hagan cientos
de plazas de aparcamiento, centros comerciales, un hotel de cinco
estrellas, viviendas, y oficinas», resumió Roberto Sánchez Ramos, que
animó a la fiscalía a abrir una investigación de oficio sobre la
operación urbanística. «Nos ponemos a su disposición para facilitar
todos los datos que están en nuestro poder», anunció.
Celso Miranda, por su parte, comenzó refiriéndose a las declaraciones
del alcalde, Gabino de Lorenzo, el día de San Mateo. «Parece que dice
que los pelotazos están bien cuando los da él, y mal cuando los dan los
demás. Está mal hablar con un chorizo en la boca -en relación al día
del bollo-, pues algo de choriceo está habiendo», bromeó Miranda.
Según los cálculos del concejal, la parcela del Vasco ha costado en
total a las arcas municipales unos mil millones de las antiguas
pesetas, «más o menos lo mismo que se obtiene ahora por la venta de una
tercera parte de la misma a Jovellanos XXI. El resto de la parcela, las
dos terceras partes de esos 16.000 metros de suelo, se lo regalamos,
para que hiciera viviendas, aparcamientos y pisos. Ahí está la mitad
del pelotazo».
Se refirió después Miranda a la parcela de Buenavista, destacando que
la empresa recibió el suelo municipal de forma gratuita «para hacer un
hotel, aparcamientos, un Palacio de Congresos que será privado 50 años
y oficinas que la empresa, sin que en el Ayuntamiento de Oviedo
constara acuerdo alguno, ha vendido por su cuenta al Principado,
actuando como un intermediario. Y este intermediario cuando vende,
cobra el suelo público a 3.300 euros el metro cuadrado, más de medio
millón de pesetas por metro. Pero cuando compra suelo público, lo paga
más barato, a 2.650 euros por metro. Es una operación de intermediación
en compra venta de suelo público, 32.000 metros cuadrados de las
mejores parcelas municipales», resumió.
Teruel
El Ayuntamiento de Teruel aprobó ayer en pleno dos convenios
urbanísticos que supondrán la urbanización de 1.200 nuevas viviendas y
que fueron calificados como «el mayor pelotazo urbanístico» de la
ciudad por parte de la oposición. Las críticas de PP y CHA se centraron
en el acuerdo cerrado con la empresa Progea para construir 300 pisos en
la zona de San Blas mediante la recalificación de 13 hectáreas de
terreno, ya que su máximo responsable fue el ex edil del PSOE en
Zaragoza Rafael Loriente. En este sentido, la portavoz de los
populares, Emma Buj, recordó que hasta ahora el Concejo se había
posicionado en contra de todas las modificaciones del PGOU. Mientras,
el responsable de Urbanismo, Pedro Joaquín Simón, rechazó estas
acusaciones y aseguró que la operación se ha negociado durante año y
medio.
Burriana (Castellón)
El alcalde de Burriana (Castellón), Alfonso Ferrada, del PP, aprobó en
enero la adjudicación del desarrollo urbanístico de 700.000 metros
cuadrados en una franja próxima a la costa del municipio, pese a la
existencia de un informe técnico jurídico, firmado por cuatro
funcionarios, contrario a dicha adjudicación. Distintas empresas
inmobiliarias compraron suelo rústico hasta seis meses antes de la
recalificación de los terrenos. La operación urbanística ha suscitado
una crisis en el PP y ha obligado a intervenir al propio presidente
provincial, Carlos Fabra.
El alcalde de Burriana, ciudad de 31.000 habitantes, no escondió su
empeño en adjudicar el programa a Corporación Inmobiliaria Albia, SA,
una empresa que hasta seis meses antes había estado adquiriendo
terrenos rústicos en una zona que, con la aprobación del programa, se
recalificaría como urbanizable. La compra se prolongó también a una
superficie ubicada junto a la depuradora, cuyo traslado anunció el
alcalde poco después.
La sociedad inmobiliaria estuvo vinculada hace tiempo a Carlos
Olazábal, portavoz del PP en las Juntas Generales de Vizcaya y miembro
del comité ejecutivo del PP en el País Vasco. Este dirigente aseguró
ayer que su relación con esta empresa acabó antes de que se iniciara la
compra de terrenos y con anterioridad a la adjudicación del programa
urbanístico. "Ninguno de los miembros de mi despacho ha comprado
terreno alguno en la provincia de Castellón, ni para sí ni para ninguna
sociedad, ni existe ningún tipo de interés inmobiliario, tanto mío como
de ninguno de mis compañeros de despacho, en la citada provincia",
explicó en un comunicado.
Barakaldo
Un total de 2.000 viviendas, 700 de ellas de protección oficial, y
80.000 metros cuadrados de espacios verdes ocuparán los terrenos de la
antigua Fertiberia, en la localidad vizcaína de Barakaldo. Además, se
construirán dos torres de uso residencial que sustituirán a las
chimeneas de Sefanitro y se habilitarán 90.000 metros cuadrados de
equipamientos, con una estimación de creación de más de 1.000 puestos
de trabajo.
El alcalde de Barakaldo, Tontxu Rodríguez, ha presentado el proyecto de
remodelación urbanística del barrio de Lutxana, y ha explicado que este
plan urbanístico supondrá "la segunda gran transformación de Barakaldo"
y permitirá "la desaparición del foco de contaminación ambiental más
grave de Barakaldo". En este sentido, criticó a quienes "antes del
verano han querido ganar en popularidad, aquellos que han utilizado
malas artes contra el equipo de Gobierno y quienes hablaban de pelotazo
urbanístico", por poner en duda las intenciones del Ayuntamiento
respecto a estos terrenos.
Mondragón
Mondragón era conocido por ser la ciudad en la que nació el mayor grupo
cooperativo del mundo, MCC. Pero ahora, además, también lo está
empezando a ser por las jugosas recalificaciones urbanísticas de
antiguos pabellones industriales. Entre los beneficiados por esta nueva
‘moda’ figuran dos militantes del PNV, el partido que gobierna este
municipio, y las familias Ucín y Guibert, tradicionalmente ligadas al
acero y las bodegas.
El último caso denunciado afecta a Polmetasa, una empresa del grupo
Thyssen, en la que figura como consejero José Alberto Pradera, ex
diputado general de Vizcaya por el PNV.
Polmetasa tenía una fábrica de amortiguadores en una zona céntrica de
la localidad y, a finales de 2004, llegó a un acuerdo con el
Ayuntamiento para trasladarse a las afueras, siempre que se
recalificaran los 15.000 metros cuadrados de terreno industrial en los
que estaba enclavada. Tras la firma del convenio, aparece otra empresa,
San Andrés Berri, constituida 40 días antes de dicha firma por la
familia Mazorriaga Elduayen y que se adjudica la promoción de 220
viviendas en los terrenos de Polmetasa. No se conoce cuánto ha pagado
una compañía a otra por los terrenos.
Tras la recalificación, San Andrés Berri no tarda ni unos días en
nombrar consejero a Karmelo Azkoitia, ex teniente alcalde de
Aretxabaleta por el PNV, al mismo tiempo que amplía su capital en un
millón de euros. Ahora, Izquierda Unida, que curiosamente gestiona la
Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco junto con los
nacionalistas, acusa al Ayuntamiento de Mondragón de "beneficiar los
negocios de determinados amigos y compañeros de partido". Azkoitia, por
su parte, asegura que todo es legal y niega haber hecho uso de
información privilegiada.
Pero esta no es la única recalificación polémica que se ha producido en
esta localidad en los últimos tiempos. Antes del verano, una concejala
del PNV, Inés Aldai, decidió pasarse al grupo mixto tras denunciar la
existencia de irregularidades urbanísticas en la construcción de 418
viviendas en unos terrenos que pertenecían a la fundición Gelma,
propiedad de las familias Guibert y Ucín.
Según Aldai, la recalificación suponía una plusvalía para esta compañía
de casi 60 millones de euros, con una contraprestación de apenas dos
millones de euros para el Ayuntamiento. En este caso, la promoción de
las nuevas viviendas está siendo abordada por una promotora propiedad
de los Guibert-Ucín, Obenerreka, que construye 293 viviendas libres y
125 de protección oficial. Al parecer, este clan familiar mantiene muy
buenas relaciones con el PNV y especialmente con José María Loiti, ex
alcalde de Mondragón y asesor de urbanismo del actual edil.
Bormujos
El Juzgado de Instrucción 2 de Sevilla pretende ampliar su
investigación del «caso Camas» indagando en la moción de censura que en
enero de 2005 devolvió al independiente Baldomero Gaviño (Partido por
el Desarrollo de Bormujos) a la Alcaldía. Y lo va a hacer a instancias
de una denuncia de un ex empleado municipal y de dos concejales, por la
que se acusa al regidor y a dos de sus ediles, Ana Hermoso (teniente de
alcalde, PP) y José Sánchez (edil tránsfuga de la Agrupación
Independiente de Bormujos) de ofrecer 800.000 euros antes de la moción
de censura a varios los concejales denunciantes. El juez investigará
también el supuesto pago por parte del constructor Jesús Calvo Soria
-ahora también denunciado- de más de una docena de habitaciones de
hotel en las que los ediles habrían estado reunidos la noche de dicho
cambio en el Gobierno local. También será llamado a declarar Eusebio
Gaviño, primo del alcalde y también imputado en el «caso Camas».
Ladrillos de oro Javier Ortiz. Rebelión, 4 de outubro de 2006
Mis conocimientos de los arcanos de la economía se acercan
peligrosamente a la nada. Por no entender de economía, ni siquiera
entiendo la mía personal. Menos todavía desde la implantación del euro,
cuyo verdadero valor de cambio sigo sin interiorizar (*). Mi
incapacidad para entender los asuntos económicos bien puede deberse, en
parte, a lo mucho que me cuesta manejarme con abstracciones, pero para
mí que también es deudora de los denodados esfuerzos que hacen no pocos
economistas para disfrazar de complejísimos muchos asuntos que, cuando
te los explica un buen experto sin ganas de darse ínfulas, resulta que
son pasmosamente simples.
Llevo varios días repasando las secciones de Economía de un buen puñado
de publicaciones serias a la búsqueda de análisis también serios sobre
las últimas grandes operaciones de adquisición de acciones que se han
producido en el sector energético español y que han tenido como
protagonistas a importantes empresas constructoras. He leído varias
veces la misma explicación, aunque con diferentes presentaciones: todas
llaman la atención sobre el hecho de que las grandes constructoras
españolas disponen en estos momentos de una enorme capacidad financiera
que no quieren mantener volcada en su sector, al que atribuyen un
futuro problemático, lo cual les ha llevado a buscar posiciones en el
mercado eléctrico, que tiene perspectivas de crecimiento menos
acelerado, pero mucho más seguro y constante. Hay quien cree ver en las
maniobras accionariales que han puesto en marcha los constructores
también la larga mano del Gobierno de Zapatero, que estaría estimulando
la entrada de los reyes del ladrillo en las grandes empresas
energéticas españolas por razones de estrategia política global. Más en
concreto, para tratar de evitar que el control de las fuentes de
abastecimiento energético de España lo monopolicen empresas
extranjeras. Lo que me llama más la atención de todo cuanto he leído en relación a
este asunto es la escasísima –la casi nula– atención que demuestran los
gurús de la cosa por un extremo que, sin embargo, a mí me parece del
máximo interés. Me refiero al hecho de que esas grandes empresas
constructoras españolas hayan conseguido, a veces en un lapso de tiempo
muy breve, hacerse con el astronómico potencial financiero que están
mostrando ahora. Es la evidencia misma de los disparatados márgenes de
beneficio, de auténtico vértigo, de los que han estado disfrutando en
las últimas décadas, sin que ninguna autoridad, central o local, haya
hecho nada para ponerles coto. O todo lo contrario: ayudándoles a obrar
a su antojo a cambio de compensaciones más o menos confesables. Todos
sabemos cómo funciona el gremio de la construcción. De un lado, la
desvergonzada especulación del suelo, que encarece ya de entrada las
viviendas hasta el agotamiento de las posibilidades de las economías
familiares. Del otro, la edificación propiamente dicha, en la que
reinan el empleo precario, las subcontratas en todo y para todo, el
ahorro en la calidad de los materiales hasta el límite de lo permitido
–o más allá–, la superexplotación de la mano de obra inmigrante, la
tasa más alta de siniestralidad laboral en Europa... Todo lo cual
desemboca, de manera inevitable, en la colocación en el mercado de
pisos mediocres a precios astronómicos. Es un escándalo. Me recuerda
una coplilla andaluza que se cantaba en los años sesenta: «Es la virtud
del trabajo / la desdicha del obrero, / que quien trabaja no tiene /
tiempo de ganar dinero». Claro que lo más probable es que a mí se me
ocurran estas cosas porque no soy sino un pobre ignorante que no tiene
ni idea de economía. De ninguna: ni siquiera de la suya propia.
___________
(*) No hay modo de que me entre en la cabeza que 15 euros –pongamos por
caso– equivalen a la muy estimable cantidad de 2.500 pesetas, por más
que los billetes que los representan sean pequeños y cochambrosos. Pese
a mis esfuerzos por modernizarme, no puedo evitar que, si veo en una
tienda un disco de segunda mano que cuesta 15 euros –digo, a modo de
ejemplo–, me parezca barato, cosa que no me sucedería si su precio
fuera de 2.500 pesetas. Ya, ya sé que eso de «las antiguas pesetas» es
una entelequia tramposa, porque nos remite al tiempo en el que las
pesetas tenían curso legal, y de entonces a aquí la inflación ha hecho
de las suyas. Pero, incluso contando con eso, lo mío es un desastre.
Una constructora tala el refugio de cigüeñas protegido por los jueces
Carlos de Miguel. El País, 9 de outubro de 2006
El alcalde de Las Navas del Marqués (Ávila), del PP, lo ampara e
insiste en que la urbanización es legal
El constructor Francisco Hernandez ha ignorado la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que le impide
construir un complejo turístico en un pinar de la sierra de Ávila en el
que anidan cigüeñas negras y otras especies protegidas. Ayer, y con el
argumento de que no ha recibido la sentencia, comenzó la tala del pinar
de Las Navas del Marqués (Ávila), según denunciaron ecologistas y
vecinos, que cifraron en más de mil los pinos talados. El alcalde,
Gerardo Pérez, del PP, insistió en que "la urbanización tiene todos los
permisos".
"Las talas comenzaron tras conocerse la sentencia", explicó Carlos
Jarque, presidente de la asociación Mountain Wilderness. Los vecinos
destacaban que la tala se había adelantado por la decisión judicial,
puesto que desde hace tres meses se había comenzado a trabajar sobre el
terreno de la futura urbanización, pero las tareas se habían limitado a
la señalización. Hernández, un promotor murciano, se negó a comentar su
actuación.
Carlos Bravo, de la asociación Centaurea, y Juan Carlos del Olmo, de
WWF/Adena, denunciaron la tala a la Guardia Civil. Agentes del
instituto armado fueron al lugar pero no pararon las máquinas. Sí
levantaron un acta de la inspección por si hubiera delito.
El Tribunal de Castilla y León anuló la urbanización hace tres días y
en una sentencia pionera dio un varapalo a las administraciones.
La sala les acusaba de vulnerar su propio decreto de protección de la
cigüeña negra (de la que quedan 322 parejas en toda España) y aseguraba
que el proyecto no tenía interés público.
Los Ministros NO vienen y nosotros seguimos sin casa Rebelión, 12 de
outubro de 2006
Comunicado de la Asamblea Popular por la vivienda de Barcelona en
respuesta a la suspensión de la reunión de ministros de vivienda de la
Unión Europea
¿Por qué ha sido cancelada esta cumbre de ministros? que no vengan con
excusas acerca de “violencia”, eso no cuela. ¿De qué tienen realmente
miedo nuestras autoridades?, ¿tanto les asusta que en este país se
hable sobre vivienda?. ¿Qué tienen que esconder?. “No saldrán sin
escucharnos” . Esta es la frase que aparecía en los carteles y
pegatinas que la asamblea popular por la vivienda de Barcelona, había
comenzado a repartir por toda la ciudad con la intención de realizar
una sentada pacífica el próximo día 16 frente a la cumbre de ministros
de vivienda europeos.
Desde aquél 14 de Mayo en el que un mail anónimo convocaba a realizar
sentadas en la principales plazas de las ciudades de toda España, cinco
meses han pasado ya. Cinco meses repletos de actividad, en los que un
nuevo movimiento social se ha ido forjando alrededor del artículo 47 de
la constitución, que claramente dice que las instituciones deberán
gobernar para garantizar el derecho efectivo a una vivienda digna a
todos los ciudadanos. Sentadas todos los domingos durante dos meses y
después una gran manifestación antes de verano y otra mucho más grande
aún (15000 personas en Barcelona), el pasado 30 de septiembre. Si algo
ha dejado claro este nuevo movimiento es que sus intenciones son
pacíficas: ni un sólo acto vandálico, ni una sóla provocación, ni un
sólo altercado, ni mucho menos agresión, ni a bienes ni a personas. Sin
lugar a dudas, este movivmento no es violento. El movimiento popular
por la vivienda crece y crece cada día, y es así porque la gran mayoría
de la población sufre directamente la imposibilidad de acceder a una
vivienda en condiciones dignas.
Por mucho que intenten desviar la atención con asuntos que nada tienen
que ver, el movimiento por la vivienda no parará hasta que la vivienda
deje de ser un negocio y pase a ser un derecho. Y no estamos hablando
de vivienda de protección oficial ni otros parches: estamos hablando de
reformas estructurales urgentes, necesarias y posibles.
Mantenemos las movilizaciones previstas para el próximo lunes 16: a las
17h. en la parada de metro Zona Universitaria. Si no hay ministros…
¡alguién tendrá que dar la cara!
NOTA SOBRE LA COBERTURA MEDIÁTICA: es lamentable que imágenes sobre
incidentes que nada tienen que ver con la reivindicación del derecho a
la vivienda estén llenando páginas de periódicos y minutos de
televisión. Invitamos a los medios de comunicación a recoger las
imágenes de las miles de personas que el pasado 30 de septiembre
llenaron las calles de la ciudad de Barcelona exigiendo que el derecho
a la vivienda se haga efectivo.
http://www.sindominio.net/v/ El promotor de la polémica urbanización de
Ávila es un encofrador de Orihuela Información, 13 de outubro de 2006
El empresario planea construir miles de viviendas y campos de golf en
más de diez localidades de Alicante y Murcia
El promotor y urbanizador alicantino Francisco Gómez Hernández es uno
de los socios del complejo turístico Ciudad del Golf, que se ha
empezado a ejecutar en el municipio abulense de Las Navas del Marqués,
y cuyas obras fueron paralizadas ayer por el alcalde tras tener
conocimiento de que continuaba la tala masiva de pinos. Francisco
Gómez, gerente de Invercon Reigo y Residencial Aguas Nuevas S.L., está
inmerso en la provincia de Alicante en el desarrollo de una decena de
Planes de Actuación Integrada (PAIs) para la construcción de miles de
viviendas y campos de golf en Benidorm, Torrevieja, Jacarilla,
Guardamar, Finestrat y Elda. El ámbito de actuación de su holding se
extiende más allá de la Comunidad. Prueba de ello son los proyectos
urbanísticos que prevé realizar en Molina de Segura
y Aledo (Murcia), Mojácar y Turre (Almería), Castropol (Asturias) y
Ciudadela de Menorca, entre otros.
Según fuentes cercanas al empresario, al que ayer fue imposible
localizar, el grupo Invercon es por su volumen de negocio la segunda
empresa de España en desarrollo de suelo. Sólo este año lleva
facturados más de 500 millones de euros.
Francisco Gómez, que es natural de la pedanía oriolana de Desamparados
y encofrador de profesión, ha centrado su actividad, según las mismas
fuentes, en adquirir y gestionar suelo para que pase a obtener la
calificación de urbanizable. Posteriormente suele asociarse con
poderosas constructoras para desarrollar macrourbanizaciones. Este es
el caso del espacio residencial con campo de golf proyectado en Las
Navas, donde, al parecer, es poseedor de un amplio paquete de acciones.
En los últimos años el holding que dirige, -cuya oficina central se ha
trasladado recientemente del municipio alicantino de Jacarilla al
murciano de Espinardo-, se ha diversificado y abarca también la
producción de energía fotovoltaica, los recursos hídricos y el sector
agrícola: elabora vinos de su propia cosecha en una bodega situada en
el término de Villena y gestiona un importante vivero en Tarragona. A
todo ello caben añadir sus «dominios» en el mundo del fútbol como
propietario y presidente del Catargena y del Toledo, principal esponsor
del Eldense durante las dos últimas temporadas y con acciones en el
Lorca y el Ibiza.
El primer edil de Las Navas, Gerardo Pérez, ha ordenado la paralización
de las obras después de que la promotora Residencial Aguas Nuevas, con
sede social en la calle Arquitecto Larramendi número 2 de Torrevieja,
reanudara por la mañana las labores de tala. Estas actividades han
motivado que ocho organizaciones ecologistas hayan presentado una
denuncia conjunta ante la nueva Fiscalía Especial de Medio Ambiente y
Urbanismo, cuyo titular, Antonio Vercher, se dirigió al primer edil
para solicitarle que ordenara paralizar la «tala masiva».
Vercher pidió al alcalde que adoptara esa medida hasta que sea firme la
sentencia que anula la clasificación como «suelo urbanizable
delimitado» del lugar en el que está proyectada la Ciudad del Golf. Al
conflicto se refirió también la ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, quien consideró que es «extraordinariamente importante» que la
Justicia reconduzca la situación de «desobediencia» de la empresa
promotora y que su actuación no quede «impune».
La mercantil reanudó en la mañana de ayer la tala a pesar de que el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) estimase
parcialmente el recurso contra el acuerdo de revisar las normas
subsidiarias de Las Navas del Marqués; revisión que permitiría la
construcción de la Ciudad del Golf. El alcalde, que notificó la orden
de paralización al promotor, explicó en una nota de prensa que la
medida fue adoptada con el objetivo de «evitar daños irreparables, en
tanto se estudia» el fallo del TSJCyL «desde el punto de vista jurídico
y se decide sobre un posible recurso de casación».
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL decidió anular la
clasificación como «suelo urbanizable delimitado» del lugar en el que
se iba a realizar la zona residencial, situada a unos cinco kilómetros
del casco urbano de esta localidad de 5.500 habitantes, debido al
«elevado valor ambiental, ecológico y paisajístico» de estos terrenos.
El proyecto, que afecta a 210 hectáreas, incluye la construcción de
1.600 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf.
La decisión del primer edil de paralizar la tala se produjo pasado el
mediodía, tres horas después de que la empresa promotora reanudase la
tala de pinos resineros de una antigüedad de entre 50 y 80 años. Ocho
asociaciones ecologistas han presentado una denuncia ante la nueva
Fiscalía Especial de Medio Ambiente para que se paralice cualquier
actividad que permita construir la Ciudad del Golf. Un portavoz de
Adena, Luis Suárez, explicó a Efe que han enviado a primera hora de
esta tarde por fax a la Fiscalía su denuncia, en la que solicitan su
intervención para que
paralice cualquier actividad en esa zona «por el efecto que tendría en
el medio natural y a la afección a las especies». Esta denuncia se
produce después de que dos máquinas hayan talado ya algunos árboles,
los limpiara y cortara en trozos de tres metros de longitud, para que
otra los recogiera y depositara en otro lugar. Según comentaron los
propietarios, entre las dos máquinas pueden cortar y limpiar al día una
medida de doscientos pinos.
Las labores, iniciadas el martes de la semana pasada para preparar el
terreno y abrir los viales de la futura urbanización, han arrasado una
zona de bosque tupido de pinos de unos doscientos metros de largo por
quince de ancho.
Miembros de la Asamblea Popular por la Vivienda Digna se pusieron en
pijama y se tumbaron en las camas de la tienda
Un centenar de jóvenes ocupan el Ikea de L'Hospitalet para pedir una
vivienda digna Kaosenlared, 14 de outubro de 2006
Un centenar de jóvenes convocados por la Asamblea Popular por la
Vivienda Digna entraron ayer por la tarde en la cadena de muebles y
decoración Ikea de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para reclamar
pisos asequibles y algunos de ellos se han puesto el pijama y extendido
en las camas de la tienda. Ante la sorpresa de los clientes del
establecimiento, los jóvenes han entrado en la tienda sobre las ocho de
la tarde repartiendo pegatinas que recordaban un anuncio televisivo de
la empresa en el que habla de la "República independiente de tu casa".
En este sentido, las pegatinas tenían preguntas como "¿Qué república?
¿Qué independencia? ¿Qué casa?". También portaban pancartas con el lema
"No tendrás vivienda en tu vida".
Vendo piso: ya no puedo pagar más Kaosenlare4d, 15 de outubro de 2006
Esther y Álex cerraron por última vez la vieja puerta de madera de su
pequeño piso de alquiler. Eran 38 metros cuadrados en una de las
floridas calles cercanas al mercado de Sant Antoni, en la ribera más
popular del Eixample que servía antaño como mercado al barrio obrero
del Raval de Barcelona.
Coincidió que aquel mismo día firmaron sus contratos indefinidos como
secretaria e informático, respectivamente, después de pasar por
infinidad de trabajos precarios. Bajaron los siete pisos sin ascensor
de aquel inmueble y corrieron cogidos de la mano hacia la cabina
telefónica más próxima que se encontraba en la primera esquina para
anunciar la noticia a los padres de ella: " ¡Mamá! nos han concedido la
hipoteca. Dejamos nuestro piso de alquiler con fugas de agua y vamos a
comprarnos un piso mejor, en la Barceloneta, ¡cerca del mar!". Se
trataba de un apartamento de 52 metros cuadrados . El punto de partida
para su vida en común... La pareja suscribió con un importante banco la
hipoteca de sus sueños. Lo que no sabían es que aquel piso se
convertiría, con el paso de los años, en la pesadilla que nunca
pensaron contar a un periodista. HIPOTECA CON CONDICIONES ASEQUIBLES
"Eran una buenas condiciones", comenta Esther sentada en el sofá en
casa de sus padres. Un crédito hipotecario con un plazo de amortización
a 25 años por valor de 230.000 euros referenciada a un tal "euribor"
-desconocido para esta pareja, pero determinante para su futuro en la
compra de aquel apartamento- más el 0,8 por ciento de tipo de interés
variable. "Pagábamos un total de 767 euros mensuales y entre los dos
cobrábamos 1.800 euros al mes, con lo que podíamos soportar nuestra
primera compra inmobiliaria", prosigue. Esto ocurrió a comienzos del
año 2000 cuando el mercado inmobiliario en Barcelona, y en las
principales ciudades españolas, estaba en pleno auge y muchas parejas
treintañeras, como es el caso de Esther y Álex, se lanzaban a la
aventura de comprar piso. EL COMIENZO DE LA PESADILLA Seis años más
tarde las cuotas de las hipotecas se han encarecido. Miles de parejas
se han visto obligadas a vender su piso, ponerlo en subasta o
declararse insolventes porque no pueden soportar el alza de las cuotas
mensuales de su hipoteca. "En nuestro caso fue un poco de todo. A Álex
le despidieron y está en paro y a mi sólo me han aumentado el IPC en mi
sueldo en los dos últimos
años y no encuentro nada mejor. Nos hemos visto obligados a vender el
piso porque no podíamos pagar los 1.050 euros que nos ha subido la
hipoteca", asegura con lágrimas en los ojos... A la espera de que los
precios de los pisos dejen de subir en Barcelona, ahora viven en una
habitación que les han prestado los padres de ella. Su visión de futuro
es muy distinta: "Volveremos a vivir juntos, pero de alquiler, porque
es más barato, y no más de 800 euros en un barrio popular de
Barcelona". CUOTAS CARAS PARA JÓVENES El futuro no es muy alentador
para aquellas parejas como Esther y Álex con sueldos medios ( no más de
2.500 euros al mes entre los dos ) que han soportado las últimas
revisiones al alza de sus cuotas mensuales para pagar la hipoteca.
"Para familias que tienen los gastos muy controlados para pasar el mes
una subida de 200 o 300 euros mensuales en la hipoteca supone algo
imposible de asumir, y más si tienen hijos. Por lo que deciden vender",
confirma Patricio Félix, agente comercial de Don Piso en una oficina de
Barcelona. Y añade: "Estamos detectando que cada vez más familias ponen
a la venta sus pisos y no sólo los particulares sino que ya se dan los
primeros síntomas de inmuebles adjudicados por los bancos por créditos
fallidos". La venta de pisos que se realiza por el alza de las
hipotecas, por el momento, se da de forma residual pero los expertos
advierten que si siguen las subidas de tipos las familias se verán
obligadas a vender para ocupar una vivienda más modesta o a cambiar de
ciudad. A EXPENSAS DE LOS TIPOS Y EL EURIBOR "Estamos asesorando casos
de personas que vienen a informarse de pisos más baratos, pero en zonas
que están fuera de la ciudad de Barcelona. Y desde nuestras agencias de
Madrid, Valencia y Bilbao también se están produciendo estos casos tras
las recientes alzas en las cuotas hipotecarias", señala Félix. El
futuro no es muy alentador para las parejas jóvenes ni para las rentas
bajas y medias que quieran comprar su primera vivienda porque serán las
que pagarán más por las subidas de tipos de interés. Las cuotas de las
hipotecas seguirán encareciéndose ya que el euribor, el indicador más
utilizado para fijar el tipo de interés de estos préstamos y que se
contagia del aumento del precio oficial del dinero en la zona euro que
marca el Banco Central Europeo (BCE), ha subido en septiembre hasta el
3,715 por ciento, el nivel más alto desde julio de 2002. Esto significa
que los titulares de una hipoteca considerada media -de 153.445 euros y
con un plazo de amortización de 25 años- que tengan que revisar el tipo
de interés en las próximas semanas verán incrementarse la cuota mensual
en casi 120 euros , lo que en el conjunto del año representará una
subida de 1.423,56 euros. Hay que tener en cuenta que la hipoteca media
solicitada no suele ser inferior a los 280.000 euros, con lo que la
subida mensual puede sobrepasar los 250 euros. Según los datos
provisionales del mercado, el euribor ha subido una décima en
comparación con el 3,615 por ciento de agosto, y 1,4 puntos en el
último año, ya que en septiembre de 2005 se situaba en el 2,2 por
ciento. La política alcista que marca el BCE repercutirá en las
cuantías de las hipotecas en los próximos dos años.
LA CUOTA NO PARA DE SUBIR Tanto es así que, según la Asociación
Hipotecaria Española, estos productos financieros podrían incrementarse
hasta en 1.300 euros anuales a corto plazo si el euribor sube 1,50
puntos en los próximos dos años hasta el 5,11 por ciento, frente al
3,61 por ciento registrado en agosto. Las familias españolas
incrementaron sus deudas para la adquisición de viviendas en casi
100.000 millones de euros entre julio de 2005 y julio de 2006, lo que
elevó el volumen total de préstamos hipotecarios que soportan los
hogares hasta los 534.184 millones de euros, un nuevo récord histórico.
Así lo señalan los últimos datos publicados por el Banco de España, en
los que se sigue observando que la prudencia solicitada por el
supervisor a los bancos y cajas a la hora de conceder este tipo de
créditos apenas tiene repercusión, al menos en
las cifras absolutas. El euribor ha subido 1,392 puntos entre agosto de
2005 y agosto de 2006, lo que en la práctica supondrá un encarecimiento
de más de 83 euros para la cuota mensual de una hipoteca media de
120.000 euros con un plazo de amortización de 20 años. "Los préstamos
hipotecarios más recientes, es decir, los que han sido contratados
desde 2002, serán los que más se encarezcan a corto plazo, entre 900 y
1.380 euros anuales, con lo que notaremos más créditos fallidos en el
mercado inmobiliario", comenta Isidoro Ruiz, de NuevaCasa. "FAMILIAS
POCO ENDEUDADAS" Además de la deuda hipotecaria, las familias también
soportaban al cierre del pasado mes de septiembre casi 193.000 millones
de euros en préstamos al consumo y unos 1.182 millones de euros en
préstamos del exterior, es decir, una deuda total de 728.294 millones
de euros, un 20,9 por ciento más que en julio de 2005. Sin contar los
gastos de la vuelta al colegio de los niños y de la vida cotidiana, que
se ha visto afectada por una ligera estabilidad de los precios de los
alimentos.
A pesar de estos datos, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, insiste en que al efecto que la prolongación de la
subida de tipos puede tener en las familias más endeudadas españolas es
residual: "Estoy seguro en que empezarán a aparecer fórmulas para
suavizar las subidas de los tipos de interés, como alargar los plazos
de los préstamos, pero las familias endeudadas son minoría porque
sabemos que el 60 por ciento de los hogares españoles afirma no tener
deudas". IMPAGOS EN LOS PISOS DE BANCOS Por otra parte, las entidades
bancarias tienen pendiente de pagos por conceptos hipotecarios más de
700.000 millones de euros, según datos oficiales. Sin embargo, estas
entidades también se están viendo afectadas por los impagos y por su
propia actividad crediticia, que ha "dejado" dinero al mercado que con
las recientes subidas ya no puede devolver con las mismas condiciones
iniciales. Es el caso de Luis, que no ha podido cumplir con sus pagos
mensuales por un piso que consiguió en la subasta de un banco. "Mi
patrimonio personal se redujo en poco tiempo y ya no pude aguantar los
costes financieros para comprar la vivienda, con lo que me han
declarado como moroso en las listas de los bancos", explica Luis
resignado. El negocio de los edificios en venta que ponían en el
mercado los bancos ha sido suculento. A mediados de este año, la
Asociación Española de Banca y la Confederación Española de Cajas de
Ahorros estimaron que los bancos y las cajas tenían en venta cerca de
1.050 millones de euros en inmuebles y que ya se habían producido los
primeros signos de impagos por créditos fallidos . Hasta en las propias
entidades financieras se empiezan a dar los síntomas.
Las ciudades imbebibles Gorka Andraka. Gara, 15 de outubro de 2006
La fe mueve montañas y por el dinero desaparecen. Todos los días. Este
martes, por ejemplo, la UE ratificaba en Bruselas su apoyo a la
construcción de la 'Y' ferroviaria vasca, una obra "fundamental para la
modernización de la red de transporte europeo". En Donostia, el Consejo
de Diputados aprobaba sacar a licitación la construcción de la variante
de Andoain… Ese mismo día, en Mondragón, una 'lluvia' de piedras,
algunas de varios kilos, sorprendía a los vecinos del barrio de
Musakola. Tres personas resultaron heridas leves al ser alcanzadas por
los cascotes de una voladura 'controlada' en las obras de la autopista
AP-1 (Eibar-Vitoria). Las piedras dañaron también vehículos, viviendas
y una oficina situadas a 500 metros del lugar de la detonación. Debajo
del asfalto está la tierra. Y habla. No es casualidad. Y no es la
primera vez. La AP-1 ya ha recibido varias 'llamadas' de auxilio. En
enero de 2003, mientras construían el viaducto de Larreategi, tres
grandes piezas de hormigón se desplomaron desde más de 70 metros de
altura. Ese mismo año, en verano, el túnel de Ikastaundi, de 1.200
metros de longitud, se vino abajo. La tierra está harta. No aguanta
más. Y vomita.
El Observatorio de Sostenibilidad, organismo vinculado al Ministerio
de Medio Ambiente, ha analizado la salud del modelo económico,
ambiental, y social español a partir de 88 indicadores. Entre 42.000 y
63.000 hectáreas de superficie natural se convierten cada año en
artificiales. Algo así como cubrir con cemento 50.000 campos de fútbol
al año. El motivo principal, la "urbanización incontrolada".
Este martes también se presentaba ante la alta sociedad la última, y
más reluciente, 'urbe'. "Cuando la veo desde fuera, me imagino una
melena llevada por el viento en todas las direcciones, una expresión
del movimiento", explicaba satisfecho Frank Gehry, diseñador de La
Ciudad del Vino. Pura fachada. Ciudad escaparate. Ciudad privada.
Invivible. Imbebible. Hace unos años, el escritor Italo Calvino publicó
"un último poema de amor a las ciudades, cuando cada vez es más difícil
vivirlas como ciudades". En su maravilloso libro, "Las ciudades
invisibles", coleccionaba "imágenes de ciudades felices que cobran
forma y se desvanecen continuamente, escondidas en las ciudades
infelices". Ahí están Diomira, Isidora, Dorotea, Zaira… "Después de
andar siete días a través de boscajes, el que va a Baucis no consigue
verla y ha llegado. Los finos zancos que se alzan del suelo a gran
distancia uno de otro y se pierden entre las nubes, sostienen la
ciudad. Se sube por escalerillas. Los habitantes rara vez se muestran
en tierra: tienen arriba todo lo necesario y prefieren no bajar. Nada
de la ciudad toca el suelo salvo las largas patas de flamenco en que se
apoya, y en los días luminosos, una sombra calada y angulosa que se
dibuja en el follaje". "Tres hipótesis circulan sobre los habitantes de
Baucis: que odian la tierra; que la respetan al punto de evitar todo
contacto; que la aman tal como era antes de ellos, y con catalejos y
telescopios apuntando hacia abajo no se cansan de pasarle revista, hoja
por hoja, piedra por piedra, hormiga por hormiga, contemplando
fascinados su propia ausencia". Baucis, la ciudad sostenida, y
sostenible, no aparece, de momento, en los mapas. La tierra espera.
Sueña. Sufre. Tiembla. El tiempo se acaba. Descienden las muertes pero
aumenta el número de siniestros con respecto al mismo periodo del año
anterior
Más de 900 fallecidos en accidente laboral entre enero y agosto
Agencias, 17 de outubro de 2006
Un total de 919 personas perdieron la vida en accidentes de trabajo
durante los ocho primeros meses del año, lo que supone un descenso del
2,44% con respecto al mismo período de 2005, cuando murieron 942
personas, según el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de
Trabajo.
Del total de víctimas mortales, 671 fallecieron durante la jornada
laboral, un 1,9% menos, mientras que 248 murieron in itinere, es decir,
en el camino de casa al trabajo o viceversa, lo que representa una
bajada del 3,88% respecto a los ocho primeros meses del año pasado.
Pese a la reducción en el número de víctimas mortales, la cifra de
accidentes laborales creció entre enero y agosto el 4,07%, con lo que
se registró un total de 692.138 siniestros. De ellos, 627.880
accidentes (el 3,88% más) se produjeron durante la jornada de trabajo,
mientras que 64.258 sucedieron in itinere, el 6,02% más. De los
acaecidos en el puesto de trabajo, 621.263 fueron leves, lo que supone
un aumento del 4,06%, en tanto que 5.946 fueron graves, con un descenso
del 11,65%. Por sectores, donde más crecieron los accidentes durante la
jornada laboral fue en el sector de la construcción, con un total de
171.456 siniestros entre enero y agosto, lo que supone un ascenso del
6,68% en variación interanual.
Un informe oficial sitúa a la Comunidad Valenciana al frente del
desarrollo insostenible en el Estado español Levante, 17 de outubro de
2006
El Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), financiado por el
Ministerio de Medio Ambiente y con sede en la Universidad de Alcalá de
Henares, ha hecho público el informe sobre Sostenibilidad en España.
Entre las cuatro «tendencias de insostenibilidad más relevantes del
modelo de desarrollo español» se destaca el «mal uso y destrucción» del
litoral, un factor
en el que la Comunitat Valenciana ejerce un negativo liderazgo.
La Comunitat Valenciana sigue liderando la construcción de segundas
residencias y con ello capitalizando el proceso de «litoralización» que
influye negativamente en el alcance de los objetivos de «sostenibilidad
territorial» marcados por el Consejo Europeo en la Cumbre de Lisboa de
2005.
Al menos esta es una de las lecturas del informe sobre Sostenibilidad
en España en el 2006 publicado por el Observatorio de la Sostenibilidad
en España que la conselleria de Territorio y Vivienda se ha apresurado
a desmontar reseñando en una nota los únicos datos que pueden tener una
interpretación positiva para el modelo valenciano. Entre las cuatro
conclusiones principales del informe en el que se recogen las
tendencias del desarrollo español se señala como «elemento crítico de
insostenibilidad el mal uso y destrucción del valioso capital natural
disponible, especialmente en su dimensión territorial, que afecta
singularmente a las zonas costeras por un fenómeno de ’litoralización’
que concentra la población y la actividad productiva y el turismo, en
el marco de un proceso genérico de ’artificialización’ del suelo y
especialmente de urbanización incontrolada». El informe subraya que
este fenómeno «adolece de planificación y participación social y
provoca impactos ambientales y efectos irreversibles, a la vez que
fomenta una movilidad no sostenible , sin permitir un acceso más
adecuado a la vivienda» .
Según este informe, en 2005 se visaron 482.028 viviendas en el litoral
mediterráneo, una cifra que cabe enmarcar dentro del la
«sobresaturación del stock de vivienda en el litoral impulsada por el
turismo residencial». El estudio va más allá y establece la existencia
de una sobreoferta en relación con la demanda «en las costas de
Valencia, Alicante, Murcia, Málaga, el Maresme catalán y algunos
municipios de Huelva, Tenerife, Gran Canaria y Baleares». El
Observatorio recuerda las consecuencias negativas de la transformación
del litoral para segundas residencias y sus redes de infraestructuras
asociadas. «A estos impactos-matiza- hay que añadir la persistencia de
las cargas ambientales del turismo convencional, tales como los
asociados al consumo de agua, energético y la generación de residuos y
costes externos (emisiones de CO2 fundamentalmente) provocados por el
acceso, permanencia y regreso de los destinos turísticos». El
Observatorio llega a hablar de «grave ineficiencia en el uso del suelo»
y lo justifica explicando que entre 1987 y 2000, el suelo destinado a
usos urbanos, industriales y comerciales aumentó un 29,5%, lo que
representa un incremento seis veces superior al de la población.
Utilizando los datos aportados por el proyecto Corine Land Cover para
España, el informe concluye este apartado explicando que en algunas
poblaciones del litoral mediterráneo «el suelo urbanizado creció un 50%
entre 1987 y 2000 y las estimaciones apuntan que en 2005 se habría
llegado ya a ocupaciones del 40% en la costa mediterránea». «En la
Región de Murcia y la Comunidad Valenciana se han experimentado
crecimientos superiores al 50% y el 34% de la costa mediterránea ya
tiene construido el primer kilómetro de litoral», destaca el
Observatorio para la Sostenibilidad, que añade que los fuertes
incrementos de superficies artificiales, tanto en el litoral
mediterráneo como más recientemente en el Cantábrico, ya no solo afecta
al primer kilómetro sino hasta distancias superiores a los 10
kilómetros hacia el interior.
Así, si se exceptúa el caso de Ceuta y Melilla, donde la ocupación del
primer kilómetro sigue parámetros derivados de la estrechez del
territorio disponible, Cataluña y a corta distancia la Comunitat
lideran tanto el porcentaje de superficie artificial ocupado en el
primer kilómetro-próximo al 35%- como en la franja prelitoral que
alcanza hasta los 10 kilómetros de distancia de la linea de costa. Pero
quizá el dato más relevante sea el porcentaje de incremento de
superficie artificial para el período 1987-2000, que en la Comunitat
fue superior al 50% y que solo fue superado, por encima
del 60%, por la Región de Murcia. El informe interpreta además, como un
factor de preocupación, que el fenómeno de desarrollo urbanístico es
parte de un proceso general de edificación «poco racional» e
«insostenible».
Acerca de los 250 antisistemas radicales de Barcelona Andrés García
Berrio. Rebelión, 18 outubro de 2006
"Las autoridades muestran estar tan preocupadas que han decidido
suspender una cumbre de Ministros de Vivienda de la UE"
Parece ser que en los últimos meses algo raro está pasando en
Barcelona. Los medios de comunicación están alarmando a la población
acerca de la existencia de unos 250 jóvenes antisistema que aprovechan
cualquier ocasión para armarla y crear el caos en la ciudad. De hecho,
las autoridades muestran estar tan preocupadas que han decidido
suspender una cumbre de Ministros de Vivienda de la UE, debido a que no
se iba a poder garantizar la seguridad en la misma.
Esta campaña de intoxicación informativa comenzó aproximadamente una
semana atrás, a raíz de los disturbios que se ocasionaron a la
conclusión de una manifestación en defensa de “ El forat de la
vergonya”. Al día siguiente de la misma todos los medios afirmaron que
un grupo de violentos antisistema con “estética okupa” aprovechó una
manifestación vecinal para crear disturbios en el centro de Barcelona y
dispararon con un lanzacohetes a los mossos. Sin embargo, apenas
dedicaron un par de frases vacías para explicar que era lo que había
llevado a la gente a manifestarse. Obviaron que esa misma semana la
guardia urbana había entrado con violencia, incluso llegando a agredir
a algunos de los allí presentes, en un parque autogestionado por los
vecinos del barrio para imponer la celebración de obras en el mismo;
obviaron que este espacio liberado fue creado sobre el solar que quedó
tras el derrumbe de casas, el cual cayó en el olvido de las
autoridades; obviaron que el Ayuntamiento lleva años haciendo caso
omiso a los vecinos de la zona en sus reclamaciones; obviaron que los
vecinos hicieron de un solar tenue y lleno de escombros un lugar donde
los niños podían jugar ( llevaron a cabo la construcción de canchas
deportivas), y donde todos podían participar a través de las diferentes
actividades que allí se llevaban a cabo; obviaron que fueron muchos los
jóvenes que ayudaron a que se llevara a cabo este bonito proyecto.
Obviaron todo ello y criminalizaron al movimiento okupa de una manera
simple y absurda.
A partir de ese momento, día tras día, los medios han llevado a cabo
una campaña a través de la cual pretenden sembrar el temor hacia los
“antisistema” en los habitantes de Barcelona. Para ello, han sacado a
relucir todos los acontecimientos violentos que han acontecido en los
últimos 8 meses, pretendiendo simplificarlos, y atribuírselos a los 250
“antisistemas”, con el fin de preparar a la opinión pública para que
acepten y apoyen las medidas represivas que los poderes,
previsiblemente, van a tomar para acabar con los movimientos sociales
de Barcelona.
La primera muestra de cómo van a jugar sus cartas tanto la Generalitat
como el Ayuntamiento en el futuro más próximo fue la demostración de
fuerza que se realizó en el transcurso de la manifestación antifascista
que tuvo lugar el pasado día 12 de Octubre, bajo el lema “ Res a
celebrar”. Lxs asistentes a la misma fueron aproximadamente 400
personas, las cuales, nada más llegar a la plaza en la que dio comienzo
la marcha, pudieron percibir el ambiente que se iba a palpar a lo largo
de todo el recorrido. A la hora en la que se había convocado la
manifestación había un grupo de mossos en cada uno de los accesos a la
plaza, llevando a cabo identificaciones indiscriminadas entre aquellos
que fueran jóvenes y portaran la ahora tan de moda en los medios
“estética okupa”. La intención desde el comienzo fue lavar la imagen de
inseguridad que a lo largo del Estado se había dado de la capital
catalana. La manifestación discurrió sin incidente alguno, escoltada en
todo momento por cinco furgonas detrás y otras cuatro delante. Sin
embargo, el momento de mayor asedio tuvo lugar al encarar la última
de las calles del recorrido. En ese momento se pudieron contar veinte
furgonas de los mossos, y unas ocho de la Guardia Urbana. Asimismo,
unos cien mossos se desplegaron en un cordón acorralando a los
manifestantes e impidiendo que ninguno saliera del estrecho espacio que
se les había otorgado para recorrer los últimos metros del recorrido.
No obstante, el momento más sorprendente de la manifestación estaba aún
por llegar. Una vez desconvocada, la mayoría de los manifestantes
comenzaron a andar por la misma acera, en dirección a la Plaza de
España. Tras recorrer apenas 200 metros bajo un marcaje fiero de los
cuerpos de seguridad, se empezó a sentir la tensión. Algunxs
manifestantes decidieron abandonar el lugar a pié y otros en metro. Lo
más sorprendente fue que un grupo de unos veinte o treinta jóvenes con
el rostro cubierto subieron a los coches policiales, pues eran policías
secretas que intentaron inducir al resto de manifestantes a caer en las
provocaciones de los mossos.
Al día siguiente los medios más importantes de Catalunya recogieron
declaraciones del alcalde Hereu, así como de la Consejera de Interior,
Tura, en las cuales afirmaban que la presencia de un grupo radical y
minoritario de jóvenes antisistema en el área de Barcelona era un
peligro para todos sus ciudadanos y que, por ello, habían dado la orden
a las fuerzas de seguridad de acabar con él. De nuevo la relación entre
los medios y el poder sigue una lógica perfecta. Estos llevan a cabo
una campaña informativa siguiendo una determinada dirección con el fin
de preparar el terreno para la decisión política. A lo largo de esta
semana pasada han ido apareciendo informaciones falseadas, en las
cuales se ha tratado de contaminar y desprestigiar el movimiento
antisistema, el cual sí que es cierto que existe, pero ni mucho menos
es como lo pintan los medios.
Lo que realmente le preocupa al señor Hereu y a la señora Tura, así
como a todos aquellos que ocupan un cargo de poder, es la proliferación
de movimientos sociales asamblearios y autogestionados, que son capaces
de tejer redes de contrapoder que podrían llegar a poner en cuestión el
poder establecido. La política de intoxicación informativa así como la
represiva pretende frenar este tipo de movimientos, que reclaman cosas
tan básicas como la libertad, la justicia social, la posibilidad de
poder vivir bajo un techo digno, ..., en fin, simplemente, el derecho a
poder vivir una vida digna. Y efectivamente, en su mayoría son
antisistema, pues consideran que el sistema capitalista, y todos sus
instrumentos de dominación deben ser abolidos para acabar con las
injusticias que reinan en el planeta.
Es necesario destacar que este movimiento no es eminentemente violento,
y en ningún caso busca la violencia porque sí. Aun así, es cierto que
en ocasiones se emplea la violencia, ya sea para llevar a cabo la
autodefensa de los manifestantes, pues desgraciadamente las
manifestaciones suelen ser empleadas por el poder para reprimir con
violencia a aquellxs que alzan su voz; o bien, para llevar a cabo
ataques concretos contra símbolos o instituciones que sostienen el
sistema capitalista. Reducir el movimiento antisistema y el movimiento
de la okupación a la conclusión simplista de que se trata de un
movimiento de violentos es llevar a cabo un ejercicio de manipulación o
de desconocimiento absoluto.
Además, me gustaría acabar este pequeño escrito comunicando a aquellos
que mandan, a aquellos que especulan, a aquellos que ostentan el poder
económico, a aquellos que ven el mundo desde su balcón, en fin, a todos
aquellos que carecen de conciencia y de dignidad, que en Barcelona no
existen únicamente 250 antisistemas. Son muchos más en Barcelona, así
como en otras ciudades del Estado y del mundo, los que luchan por
arrancarles de su sillón, de su trono, o de su lujosa oficina. Dejen de
jugar a la hipocresía en la semana mundial contra la pobreza, y asuman
que son responsables de la muerte de millones de personas en el mundo.
Y dejen de oprimir, engañar y robar. Y si no lo hacen, algún día se les
obligará a que dejen de hacerlo.
Bicicletada-concentración derecho a techo
Rebelión, 20 de setembro de 2006. MADRID 20-OCTUBRE
Al hilo de la cumbre Europea de ministros de vivienda que se va
producir en Barcelona y enmarcada en una serie de movilizaciones
europeas que se darán además de en esta ciudad, en Francia y en Italia,
en Madrid una serie de colectivos entre los que se encuentra esta
Plataforma ha decidido convocar para el día 20 de octubre una
bicicletada por el derecho a techo - stop especulación seguida de
concentración que girará de manera provisional en torno a estos lemas:
- Por la vivienda pública en régimen de alquiler - Por la
rehabilitación frente a la nueva construcción - Por la adopción de
medidas sobre los pisos vacíos - Contra el fraude y la corrupción que
incide en el mercado de la vivienda
PROGRAMA: 19:00 - Bicicletada que partirá del Ministerio de la Vivienda
(frente a Nuevos Ministerios - Castellana) y terminará en la Puerta del
Sol. Un camión acompañará la marcha con música relacionada con el
movimiento y se harán varias paradas en las distintas administraciones
20:00 - Concentración-fiesta en Sol con batucada de Bloco do Baliza,
actuación de Amparanoia, pinchazo de globos representando a la burbuja
inmobiliaria, extensión de papeles-ladrillo, lectura de manifiesto y
otros actos sorpresa. Si no tienes bicicleta ve a la concentración de
Sol directamente, pero ¡NO FALTES! ¡¡¡Harán falta pitos, pancartas,
flyers...!!!. En la sección documentos podéis descargar para imprimir
algunas ideas. ¡ Descárgate los carteles y ponlos por ahí! (A4 color,
A4 b/n, A3 color, A3 b/n, flyer A3 color, flyer A3 b/n) Presentación
para correo electrónico ¡ pásala! Otra presentación de viñetas que nos
ha enviado J.F. ¡ pásala también! ¡Ayudanos a difundir esta
convocatoria por foros y blogs. Pásasela a tus conocidos! Link directo
a este hilo del foro:
http://www.viviendadigna.org/foros/viewtopic.php?t=4057 Mail para pasar
a tus contactos:
http://www.viviendadigna.org/foros/viewtopic.php?t=4271 Cuña que se
está emitiendo en las Radios de Madrid:
http://audio.urcm.net/article.php3?id_article=507
¿Quiénes son los okupas? Manoel Santos. altermundo.org, 20 de outubro
de 2006
Por lo visto el Ministerio del Interior español, con el sempiterno
Rubalcaba como pensador, decidió aplazar la Cumbre Europea de la
Vivienda que estaba prevista para los días 16 y 17 en Barcelona. Dicen
que fue por motivos de seguridad. De la versión oficial uno puede
adivinar que hay miedo a que movilizaciones como la que el Forat de la
Vergonya convocó la semana pasada en el barrio de la Ribera se les
“vayan de las manos”. El enfrentamiento entre manifestantes –¡de nuevo
los vagos de los okupas!– y policía fue de los buenos.
Otros, posiblemente con más criterio, hablan de la inoportunidad de
celebrar la reunión con la capital catalana atestada de manifestaciones
convocadas por la Asamblea Popular por una Vivienda Digna, justo cuando
comienza la campaña para la consecución de un trono de poder en la
Generalitat. Sea como fuere, lo de la cumbre esa parecía más que nada
una provocación, o burla, a la inteligencia ciudadana en forma de
cuchipanda turística de ministros, pues todos sabemos que en el campo
del acceso a la vivienda –y del urbanismo en general– los políticos no
tienen propuestas para atajar el problema. Ni siquiera las piensan.
En el sector de la construcción, que también es el de la corrupción
urbanística, el del blanqueo de dinero (B=negro) con notario de por
medio, el de la especulación, el de la recalificación, el de la
destrucción ambiental, el del feísmo y el que ahoga las economías
familiares de la ciudadanía entera, hay demasiados políticos con
intereses directos, y por tanto muchas decisiones necesarias que nunca
se tomarán. Políticos sí, pero no tontos. Quien trabaja a destajo para
afrontar la mensualidad de la hipoteca no tiene tiempo ni para
protestar. Calladitos están mejor. Sobre todo ahora, cuando los
intereses suben y subirán hasta estrangularnos, pero dejándonos un
agujerito de nada por el que podamos respirar para que sigamos pagando.
Nosotros o nuestros hijos, que ya se habla de hipotecas
intergeneracionales al más puro estilo ianqui.
Salvando las diferencias, el papel de la construcción –con sus
cómplices bancarios– en el estado español, y especialmente en el medio
rural, es comparable con el de las petroleras en Bolivia, las mineras
en el Ecuador o las biotecnológicas en México y Brasil. Tienen el país
en sus manos, casi siempre desnudo, o más bien desnudado, de sectores
productivos y condenado a ser destrozado con hormigón y segundas
viviendas como única salida para la eterna enfermedad de esas arcas
públicas en las que tantos meten mano.
Y todo esto con millones de viviendas vacías, intocables por causa de
la sacrosanta propiedad privada de nuestras corruptas e insolidarias
sociedades. Y hablan de los okupas, probablemente los primeros que se
percataron de la injusticia. ¿No serán los bancos, los construtores y
los políticos del cemento los okupas? Los okupas de nuestras vidas.
* Manoel Santos es biólogo y escritor.
Director del portal alternativo en lengua gallega altermundo.org
El movimiento por una vivienda digna comienza a preocupar Lembas.
Alasbarricadas.org, 21de outubro de 2006
El movimiento por una vivienda digna ha cobrado bastante fuerza en los
últimos tiempos. Parece que a medida que un movimiento en principio
marginal se convierte en social, nuevos grupos se suman a él. Algunos
por que es "lo que toca", otros para sacar tajada en forma de votos, o
en forma de influencia política en las anheladas "masas", y otros por
influir en la dinámica de las propias luchas espontáneas e
incontroladas. Desde luego que la forma en la que se ha desarrollado
este movimiento social, es casi ejemplar. Desde el principio se han
desarrollado formas de organización asumidas y asumibles por el
mundillo libertario, como asambleas abiertas y horizontales, acciones
directas, diversidad de tácticas (al menos de momento) y un
espontaneísmo bastante sano. Recuerda en sus formas y métodos a los
comienzos del antiguo movimiento antiglobalización. Igual que aquel,
éste de la vivienda digna se basa en peticiones ciudadanas y
ciudadanistas no muy radicales, sino facilmente asumibles por el
sistema. Sin embargo, al desafiar a la propia base de la democracia del
ladrillo y el hormigón, se estaba poniendo en duda todo el sistema
especulador que nos oprime. La pluralidad del movimiento ha sido de
momento lo suficiente-mente amplia para que cupieran otras opciones que
proponían la okupación, la acción directa o los impagos de hipotecas.
Desde luego que le queda mucho por andar a todo este movimiento, le
queda mucho por discutir y es posible que se pierda por el camino, como
tantos otros movimientos sociales. Hay oscuros intereses partidistas
que tratan de influir o de controlar directamente las asambleas. El
asamblearismo tiene el peligro de cooptación por grupos organizados. Ya
desde las primeras asambleas entraron varios grupos políticos. Algunos
venían como militantes individuales de tal o cual partido, con puntos
de vista propios. Luego, más tarde, se iba aclarando alguna
estratégica. Sin embargo, de momento, estos intereses de recuperación
han chocado contra uno de los pilares del movimiento, su pluralidad. Su
popularidad ha hecho que las movilizaciones sean cada vez más
numerosas, y que sea un movimiento en el que caben otras luchas: desde
los deshaucios de morosos, a campañas antiespeculación, luchas
vecinales, okupas, grupos activistas, etc. Nubarrones en el horizonte
De momento nada se ha perdido. Se ha salido de la marginalidad y eso es
bastante para un movimiento que se ha forjado en meses. Pero además de
intereses partidistas están concurriendo varios factores que
irremediablemente influirán en la vida de este movimiento popular. El 1
de Noviembre, tenemos, elecciones catalanas. Serán una antesala a la
temporada de elecciones que nos espera. Recordemos por si no se sabe
que Catalunya está gobernada por 3 partidos de eso que llaman
izquierda. Y son grupos políticos organizados que, lógicamente, querrán
seguir gobernando. En esta democracia hormigonera (como si otras
democracias fueran mejores) no parece que les haga mucha gracia a los
gobernantes cuando se les cuestiona su poder (o en su defecto el poder
de quienes les financian). El movimiento por una vivienda digna, es un
torpedo bajo la línea de flotación de esta clase política. Sus
intereses se ven en peligro y responderán en consecuencia. Hasta aquí
nada nuevo bajo el sol. De todas es sabido que la izquierda juega mucho
más sutilmente que la derecha. Y es que la derecha no tiene nada que
esconder. Así que los partidos del poder tienen que evitar como sea que
su imagen se empañe. Si reprimen lo harán sobre grupos marginales, con
nocturnidad y alevosía, y siempre criminalizando y deshumanizando a sus
rivales. Ante el auge que está tomando el movimiento se van preparando.
No quieren que se les agüe la fiesta electoral. Y quieren dividir antes
de que la cosa pase a mayores. Por un lado la prensa va forjando una
opinión: los okupas son violentos, utilizan tácticas
de guerrilla urbana. Los de la vivienda digna son nuestros pobres hijos
que tienen que pagar hipotecas enormes. Se exageran los incidentes. Se
menosprecia la okupación (la táctica de Jordi Hereu, alcalde de
Barcelona, es decir que la okupación carece de base social: radikales y
marginales). Se silencia la represión: los detenidos como si no
existieran. Se les echa la culpa de todos los males. Las cargas
policiales no existen. La acampada en Plaza de Catalunya nunca existió.
La Guardia Urbana nunca "okupó" la plaza del Forat. Por otro lado se
evita el debate. No vaya a ser que la campaña (el circo) electoral se
haga interesante y a la gente común y corriente le dé por participar.
Se suspende la cumbre de ministros europeos de vivienda. Se bloquea la
visita de la ONU para ver si es verdad que se cumple el derecho a la
vivienda. En estos momentos no sería nada de extrañar que hubiera un
aumento de la represión. Está claro que los políticos prefieren un
movimiento okupa y anarquista centrado en campañas pro-presos,
anti-carcelarias, y anti-represivas que un movimiento que influye en el
más general de la vivienda digna. No es casual el cerco policial en la
manifestación del 12 de octubre en Barcelona. Se trata de asustar. El
miedo divide, dejando a mucha gente en casa. El miedo provoca división,
en cuanto nos peleamos entre nosotras por cualquier tontería. Debemos
tener nuestra propia agenda, sin que nos la impongan desde arriba. Sin
caer en las provocaciones, ni en las trampas que casi seguro nos van a
tender. El 28 de octubre es la conmemoración del desalojo del cine
Princesa (quizá fue ese el momento en que se empezó a hablar de
okupación propiamente dicha en Barcelona). 3 días después son las
elecciones. Mientras tanto seguirán las acciones contra todo ese
entramado especulativo. Ante todo esto sólo queda decir, cabeza y
originalidad. http://www.alasbarricadas.org/noticias/?q=node/3703
Cae en picado la inversión extranjera en el negocio inmobiliario
Agencias, 24 de outubro de 2006
Síntomas de agotamiento en la construcción de viviendas
El auge de la inversión extranjera en vivienda hace meses que remitió y
ahora las cifras ya son más que elocuentes. Al acabar julio el dinero
foráneo destinado a comprar inmuebles en España ya era casi un 18%
inferior al que se destinaba sólo un año antes. Pero el interés de los
no españoles por el negocio de la vivienda es bastante más que una
moda. Prueba de ello, los últimos datos del Ministerio de Vivienda,
según los cuales casi un 12% de todas las compraventas de inmuebles que
se realizan en el país todavía corresponden a extranjeros residentes.
Del total de 242.639 transacciones inmobiliarias efectuadas en el
segundo trimestre del 2006, un 11,7% (28.404) las realizaron ciudadanos
extranjeros residentes en España, mientras que un 2% (4.855)
procedieron de no residentes.
La vivienda costera sigue siendo un clásico de la inversión residencial
foránea. Así, según los datos facilitados por el Ministerio de la
Vivienda, Murcia fue la comunidad en la que el porcentaje de
compraventa de viviendas realizadas en ese periodo por extranjeros
residentes en España fue mayor, el 19,5% del total, seguida de la
Comunidad Valenciana (19,2%) y las Islas Baleares (15,9%). Madrid es la
siguiente, con el 14,4% de las totales de la comunidad. Sin embargo,
algunas provincias superaron ampliamente estos porcentajes, como
Alicante, donde una de cada cuatro operaciones inmobiliarias fue
protagonizada por extranjeros residentes.
Respecto a las viviendas adquiridas por ciudadanos no residentes en
España, Canarias fue la Comunidad que registró mayor porcentaje, con un
5,1%; Murcia le sigue con el 4,5% y Andalucía, con el 4,1%. En el caso
de las provincias, también en este apartado la provincia de Málaga
registra un porcentaje superior al de las Comunidades Autónomas, con un
10,8%.
Retirada constante
Lo que si es cierto, en todo caso, es que al dinero de fuera cada vez
le atrae menos la inversión en inmuebles en España. De momento, al
cierre de julio registra una caída interanual del 17,7%, aunque aún
representa 2.755 millones de euros. Por contra, el gasto de los
españoles en la compra de inmuebles en el extranjero casi se duplicó
hasta julio del 2006, hasta alcanzar los 1.225 millones.
De esta forma, en julio se mantuvo la tendencia iniciada en el 2005,
según la cual las inversiones españolas en inmuebles en el extranjero
siguen creciendo a un ritmo acelerado, mientras que la inversión
extranjera en España no deja de enfriarse. De hecho, atendiendo sólo al
dato de julio, las cantidades se acercan. Las inversiones provenientes
del extranjero se situaron en 380 millones, un 31% menos que un año
atrás, y las compras de los españoles en el extranjero se elevaron a
241 millones, un 85,3% más que en el mismo mes del pasado ejercicio.
Pese a la desaceleración que se ha producido en el crecimiento del
precio de la vivienda en España durante los últimos meses, la habitual
compra de inmuebles en España por parte de ciudadanos extranjeros,
principalmente en las zonas costeras, se está viendo frenada por los
altos precios de la vivienda. Asimismo, el buen momento que vive la
economía española está permitiendo una cada vez mayor inversión
española en el extranjero en forma de bienes inmuebles.
Más aún, el gasto en la compra de viviendas en el extranjero hasta
julio del 2006 casi triplica el total desembolsado en todo el año 2002
(372 millones de euros), mientras que en el capítulo de compras de
viviendas en España desde el exterior, la cantidad desembolsada en el
el primer semestre del 2006 sólo supone el 45,6% del total invertido en
aquel año (6.036 millones de euros). El problema de la vivienda en
España: análisis y propuestas Rebelión, 27 de outubro de 2006
El problema de la vivienda en España: “La vivienda es un negocio, no un
derecho”
Documento de la Asamblea contra la precariedad y por una vivienda digna
El problema de la vivienda es el enladrillamiento de este país al
servicio de la especulación y el lucro, construyendo sin freno y
destrozando el territorio con una política de tierra quemada y de huida
hacia delante. El objetivo es hacer negocio vendiendo casas, da igual
cual sea el precio a pagar o si esas viviendas nunca serán habitadas,
el negocio es lo primero. Nos dicen que hacen falta, más viviendas, y
que se necesita urbanizar más suelo para construirlas. La realidad es
que sobran: hay más de 3 millones de viviendas vacías en España. La
vivienda no es asequible porque se ha convertido en una mercancía más
con la que se especula, se vende o se alquila, donde algunos se lucran
a manos llenas a costa de una necesidad social básica excluyendo de la
vivienda a los que no resultan rentables para el mercado y encadenando
al resto de por vida a una hipoteca. En este país estamos sufriendo una
gran conspiración silenciosa: la mayor transferencia de renta de
nuestra historia, en beneficio de una minoría, un “oligopolio de la
vivienda”, que controla la propiedad del suelo y la promoción y
construcción de viviendas. Y en su labor cuentan con la colaboración
necesaria –cuando no cómplice- de las Administraciones Públicas y con
la inoculación en el ideario colectivo de la idea de “la compra de una
vivienda es la mejor inversión”, con el que las masas se suman gustosas
a este “capitalismo popular del ladrillo”. Millones de proyectos de
vidas están siendo sacrificados en el altar de la vivienda. Lo que se
hipotecan no son casas, son nuestras vidas.
El posicionamiento de la Asamblea: ¡LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UN
NEGOCIO!
Y la mejor forma de garantizar este derecho es que el acceso a la
vivienda no dependa del mercado y la propiedad. ¿Y de que derecho a la
vivienda hablamos? Del derecho de alojamiento, a habitar una vivienda
digna a un coste asequible, lo que no pasa por la propiedad de esa
vivienda, ni por su mercadeo, ni por gastar la vida para pagar la casa.
Para garantizar este derecho fundamental es condición necesaria unas
Administraciones Públicas no corruptas y al servicio de los ciudadanos,
y no como hasta ahora, al servicio de la especulación inmobiliaria y
los que la promueven. Nuestros “representantes” ni
siquiera cumplen las leyes que ellos mismos han aprobado y que deberían
garantizar el acceso a una vivienda digna.
Queremos ir más allá de la mera satisfacción de la necesidad individual
de alojamiento, y plantearnos y plantearos en qué modelo de ciudad
queremos insertar esas viviendas, con qué modelo de urbanismo queremos
que se generen, qué sistema de relaciones sociales y de interacción con
el resto de la ciudad y del territorio pretendemos generar, con qué
criterios de necesidad y sostenibilidad abordar la expansión urbana,
etc.
Propuestas para garantizar el acceso a una vivienda
Para lograr el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda, ésta
debe dejar de depender del mercado, incidiendo en tres ejes de
actuación fundamentales contra las causas del problema de la vivienda y
uno más acerca del modelo de urbanismo, de ciudad y de sociedad. Dar
uso a las viviendas vacías existentes
El objetivo es dar un uso social (que se habiten) a los más de tres
millones de viviendas vacías existentes (sin incluir los cuatro
millones de segundas viviendas). Pasos para lograrlo:
Identificar las zonas con “Necesidad Urgente de Vivienda” (NUV) en
función de la demanda de viviendas en cada municipio y territorio.
Establecer un censo actualizado y supervisado de viviendas vacías para
los municipios con necesidad urgente de vivienda. Para ello se debe
definir y acotar previamente el concepto de “vivienda vacía”, basándose
en inspecciones, a los datos de empadronamiento y los consumos básicos
del hogar (luz, agua), entre otros criterios posibles.
En las zonas NUV, una vez identificada una vivienda vacía, se dará un
plazo (3 meses por ejemplo) a los propietarios para que demuestren que
están habitadas. Transcurrido el plazo, si el propietario no puede
acreditar la ocupación de la vivienda tendrá dos opciones:
Inscribir la vivienda vacía en una bolsa de alquiler social, a través
de la cual se gestionaría todo lo relacionado con el uso y alquiler de
esa vivienda. El precio del alquiler se fijaría en función de los
costes de conservación y mantenimiento del edificio y la vivienda, de
forma que se mantenga en perfecto estado de habitabilidad para el
momento que el propietario pueda reclamar un uso legítimo de la
vivienda. Si opta por mantener la vivienda vacía allí donde hace falta,
se la considerará un bien de lujo y será gravada, por tanto, con un
contundente impuesto cuya cuantía desincentive el mantenerla
desocupada. Política pública de vivienda
Allí donde el parque de vivienda existente no sea suficiente para
cubrir las necesidades de alojamiento de la población, la iniciativa
pública generará suelo barato para promover vivienda social en
alquiler. El objetivo es que en el periodo más breve posible, toda la
población que lo desee pueda acceder a una vivienda de alquiler social
fuera de los mecanismos de mercado. Abaratar el suelo para uso social
Declarar todo el suelo inicialmente protegido y no urbanizable. La
generación de nuevo suelo urbano y urbanizable deberá responder al
interés social general y ser gestionado con criterios democráticos
mediante la participación activa de la ciudadanía. Desligar el valor
del suelo del precio de mercado, que incorpora expectativas
inmobiliarias. Cuando el suelo se expropie para generar vivienda
social, se expropiará pagando un precio ligado a su aprovechamiento
agropecuario o similar.
Construcción de viviendas públicas de alquiler
El objetivo es constituir un amplio parque público de viviendas de
alquiler reducido (al coste de mantenimiento y reposición) gestionado
mediante bolsas públicas de alquiler. Estas viviendas se edificarían a
través de una constructora pública, lo que garantiza unas condiciones
laborales dignas y no precarias a los trabajadores que las construyan y
además, abarata su construcción al eliminar el margen de beneficios con
el que operan las empresas privadas del sector. Para lograrlo, todo el
gasto público en vivienda debe destinarse a promover la vivienda social
de alquiler. Para ello debe reorientarse la política actual, centrada
en subsidiar la compra de vivienda,
eliminando progresivamente la deducción del IRPF por compra,
incorporada al precio de la vivienda y por tanto, convertida en una
transferencia de renta al vendedor. Las diferentes Administraciones
Públicas deberán garantizar este parque público de alquiler en el plazo
más breve posible. Por ejemplo, los Presupuestos Generales del Estado
de 2007 prevén destinar 9.000 millones de euros a vivienda,
principalmente a bonificaciones fiscales y deducciones por compra de
vivienda. Con ese dinero se podrían construir hasta 150.000 viviendas
públicas en alquiler. Si fueran necesarias más, se podría aumentar el
gasto público en vivienda reasignándolo de otras partidas
presupuestarias menos prioritarias o revertiendo las regresivas
reformas fiscales de los últimos años para disponer de recursos
adicionales. Urbanismo al servicio de los ciudadanos, no al del mercado
Articular el territorio con criterios de sostenibilidad, al servicio de
los ciudadanos y de sus necesidades y no las de los propietarios del
suelo, promotores y constructores. Para lograrlo es imprescindible la
participación democrática real de la ciudadanía en el desarrollo
urbanístico del territorio y someter a referendum la aprobación de los
planes urbanísticos.
Un urbanismo al servicio de los ciudadanos debe pasar por consolidar y
mejorar la ciudad ya existente, con una edificación en altura razonable
(ni adosados ni rascacielos), con bloques de viviendas en manzanas
abiertas a la ciudad y a la calle y no como prisiones encerradas sobre
si mismos, promoción de los espacios gratuitos de socialización ajenos
a la lógica comercial (plazas, parques, centros sociales, espacios
deportivos), apuesta por el transporte colectivo (intermodal) y la
accesibilidad (peatonalización), mezcla de usos del suelo no
excluyentes entre si, evitando la especialización extrema del espacio
urbano, la creación de zonas marginales (“guettos”)… Asamblea contra la
precariedad y por una vivienda digna. Madrid octubre 2006
El ladrillo que mancha Carlos Girbau. Revista Pueblos, 1 de novembro de
2006
La corrupción urbanística nos inunda
La corrupción urbanística nos inunda. Se trata de una mancha que
extiende su huella por toda la geografía española dejando trazas en
todos los colores del arco parlamentario, aunque no lo hace por igual,
ni de la misma manera. Poco importa que sea Ciempozuelos en Madrid o
Marbella en Málaga, todo huele mal.
Izquierda Unida tuvo un caso en Camas (Sevilla) que acabó con la
expulsión inmediata del imputado. Pero el quehacer diario de IU no se
caracteriza por casos como los de Camas, sino por su contrario, el
importante número de denuncias que contra la corrupción y los pelotazos
urbanísticos hace llegar a la opinión pública (Seseña, Morata, etc).
A pesar de los esfuerzos de cierta prensa, tampoco PSOE y PP son
iguales. El PSOE tiene cargos públicos (alcaldes, concejales y hasta
diputados) entre las filas de los sobornados. Pero el PP debe sumar a
su “cuota” de sobornados, la de los sobornadores. Se ha demostrado que
estos últimos tienen conexiones en la inmensa mayoría de casos con el
PP (recordemos el Tamayazo en Madrid.) Corruptores, y corruptos, son
las dos necesarias caras de esta moneda ladrillista.
Es la derecha el principal foco de generación de la corrupción y sus
principales beneficiarios. Como dirían los clásicos: “son los
poseedores de los medios de producción”. Lo son en lo político, al
permitirles la corrupción desprestigiar la gestión y el trabajo
institucional de la izquierda. Lo son en lo económico, puesto que las
compras de votos y cargos favorecen el desarrollo de sus negocios,
haciéndoles así, más y más ricos.
El desafuero
En 1998 el Partido Popular transformó en urbanizable todo el suelo y
cambió los criterios que regían las expropiaciones forzosas. A partir
de esa fecha, los terrenos a expropiar dejaron de pagarse por el precio
que tenían, para pasar a tasarse en función del valor que deberían
tener en caso de urbanizarse. Esa decisión se dio en un marco en el que
ya una parte fundamental, desde el punto de vista del negocio, del
suelo era privada.
Por lo tanto, la medida reforzó las operaciones de compra de todo tipo
de suelo y con ello su concentración en menos manos. Los cambios en la
ley abrieron la puerta a inmensos beneficios. Ganar muchísimo dinero se
hizo (para algunos) más fácil y posible a condición de saber o de
condicionar cuándo, cómo y dónde había y hay que deshacerse de los
lotes. Los principales capitales del país, con los bancos y las grandes
constructoras a la cabeza, destinan desde entonces crecientes recursos
a la adquisición de todo tipo de suelo. Se calcula que el 70% de las
grandes fortunas están invertidas en ladrillo.
Tales cambios acentuaron otros, por ejemplo, los de la “necesidad” del
soborno. Pensemos por ejemplo que, en este contexto, lograr que el AVE
pase por Guadalajara de una manera concreta o de otra equivale a
“realizar un beneficio” de miles de millones.
El modelo de crecimiento
El “desarrollo” del último decenio se basa especialmente en la
construcción. En nuestro país (44 millones de habitantes) se construye
cada año más vivienda que en Francia, Inglaterra y Alemania juntas (240
millones de habitantes). “Levantar casas” tira del PIB hacia arriba,
pero lo hace de una manera determinada y por razones variadas. El
modelo empieza ya a dar síntomas de agotamiento, pero sigue siendo la
clave para entender el “milagro español”, su capacidad de generar
empleo y absorber mano de obra inmigrante.
Los puestos de trabajo creados gracias a este modelo se basan en la
precariedad de una mano de obra usada de manera muy intensiva y con
bajos salarios. No genera I+D, con lo cual no aporta nada en términos
de crecimiento productivo, más allá del que surge de gran “gasto
humano” en forma de largas jornadas y de sus obligadas consecuencias
reflejadas en la escalofriante siniestralidad laboral. Vamos a un
promedio de un muerto cada 3 días.
La capacidad de generar (socialmente hablando) riqueza es nula. Más
bien, crea pobreza. Este modelo asociado, gracias a las disposiciones
fiscales del Ministerio de Economía, a la compra de vivienda, que no a
su alquiler, ha hecho que la inmensa mayoría de la sociedad deba
“hipotecar” una cantidad superior al 50% de sus ingresos familiares por
un periodo cercano al de una vida laboral. O lo que es lo mismo, a
reducir su ya corta capacidad de consumo en función de la importante
cantidad de dinero corriente que debe destinar a cubrir esta necesidad
básica a lo largo de su vida. Pero es que además, muchas personas no
llegan a poder acceder a una vivienda. Construir casas y el derecho a
vivienda son dos cosas muy distintas.
El ladrillismo es un modelo injusto y muy favorable al capital
financiero (bancos) y resto de sectores más parásitos (rentistas) del
capitalismo español, poniendo en sus manos un volumen de capital cada
vez mayor (la parte fundamental de la riqueza del país ahora y durante
25 años). Un modelo que por su capacidad de depredación y degradación
voraz del entorno, del conjunto del espacio, es no ya sólo
insostenible, sino ciego con relación a cualquier perspectiva de
futuro.
La izquierda falla
Todo el mundo señala que si bien la victoria de Zapatero significó
ciertos cambios en la política española, dónde menos se modificó ésta
fue precisamente en el campo de la economía. No sólo el Ministro del
ramo es un confeso defensor de los postulados más socialiberales, sino
que las palancas fundamentales del crecimiento español siguieron
residenciadas en ladrillo y turismo.
Probablemente, gobernar y tener el poder nunca fueron bajo la burguesía
exactamente la misma cosa. Hoy esa sensación es, si cabe, más clara. El
ladrillo con los bancos y las constructoras a la cabeza maneja una
cantidad de capital presente y futuro que transforma a sus principales
accionistas en una de las facciones más poderosas del capitalismo
español. Avanza la idea de que nosotros votamos pero que son ellos
quienes mandan. En la globalización, la capacidad de las grandes
empresas y fortunas de domeñar la política y a los gobiernos se ha
hecho proverbial, máxime por la reducción sin fondo del lugar del
Estado y del sector público
en todo el mundo.
No separarse del modelo, seguir haciendo de la edificación o de la
venta de suelo público la base de muchas cosas, inclusive el enjuague
del déficit de las administraciones locales, es caer de cuatro patas en
el meollo del problema. Sin romper con un modelo que expande y protege
la corrupción, el del ladrillo, no podremos reducir la corrupción de
una manera significativa, ni avanzar serias políticas de izquierda.
Ejemplos como el de Ciempozuelos ilustra de manera paradigmática esa
falta de separación a la que hacíamos referencia y lo chato de la
política social del PSOE local. El plan en este pueblo madrileño de
cerca de 15 mil habitantes fue redactado bajo mayoría del PP y a través
de la empresa del cesado Director General de vivienda, Enrique Porto,
también del PP. Llegaron las elecciones municipales y ganó el PSOE, que
hizo suyo el objetivo urbanístico. Continuismo en los planes de futuro
sobre la localidad y en su forma de desarrollo. Mejoró algo en la parte
social y de servicios, pero el fondo era del PP y con él, la obligada
“coima”. Ahora, lógicamente, los populares esperan cerrar el círculo y
volver a controlar el consistorio tras la forzosa renuncia del alcalde
del PSOE sobornado.
La incapacidad manifestada por la izquierda a la hora de levantar un
modelo alternativo de crecimiento se refuerza por una desarmante
corrupción que la acaba afectando a toda en su conjunto, no sólo a la
más derechista. Recordemos que el PP logró sacarle rédito de gobierno a
aquello que “sus” constructores le habían organizado. Tamayo y Saéz
vendieron su voto a cambio de dinero forzando unas elecciones
anticipadas y extraordinarias que dieron paso al gobierno más
ladrillista y reaccionario de toda la historia autonómica. IU mantuvo
sus resultados, pero no capitalizó la pérdida del PSOE.
Las finanzas municipales
Otra de las causas fundamentales que explican los fuertes asideros del
ladrillo se halla en la dura realidad local. Los ayunta-mientos que en
su inmensa mayoría tienen presupuestos más pequeños que las cuentas de
resultados de más de una cons-tructora, deben “rendirse o enfrentarse”
a las embestidas de los grandes propietarios de tierra amparados en la
reaccionaria ley del suelo. Si deciden lo segundo, la falta de
verdaderos instrumentos legales que se lo permitan dificulta
sobremanera el esfuerzo.
Pero además, los consistorios deben hacer frente a un montón de gastos
“impropios”que, en un principio, corresponden a otras instituciones
estatales. Por ejemplo: ciertas prestaciones sociales, vivienda,
promoción y orientación en el empleo, asistencia a la inmigración.
Gastos que representan alrededor del 37% de sus dispendios y que hay
que sumar a los propios de la hacienda local. El dinero para todo ello
no existiría si se contara solamente con los fondos que los
consistorios reciben del Estado. Fondos que dentro de la estructura de
gasto público representan únicamente el 13% del total de la misma.
Medido en gasto público, el conjunto de servicios que presentan los
municipios se eleva a más del 35% del total de dicho gasto. Para llenar
la diferencia de más de 22 puntos que existe, los ayuntamientos deben
“buscarse la vida”. Vender suelo es la forma más concreta y
generalizada de estabilizar las finanzas municipales. Simplemente
añadir que para vender suelo hace falta el beneplácito de todas las
Administraciones. Sin ese resto de instancias, nada podría venderse.
Así los ayuntamientos se vuelven víctimas y agentes de una burbuja que
los coloca, en caso de querer hacer una política social, contra las
cuerdas.
La obligada descentralización de servicios y cercanía de su prestador
al ciudadano, elementos básicos de cualquier democracia, se han
transformado bajo la égida globalizadora que impregna toda la política,
en una vuelta de tuerca a favor de los postulados más neoliberales.
Así, se transfieren o reconocen competencias, pero no se pasa a la par
el dinero que las debe hacer posibles.
¿Cómo escapar del laberinto?
El PP afirma que todo es un problema del PSOE. En el propio PSOE y en
la propia derecha diversos sectores
levantan voces a favor de reducir las competencias que en este campo
tienen los municipios al ser, dicen, los únicos “focos de la
corrupción”. Oficialmente el PSOE e IU piden, desde ópticas diferentes
pero no contrarias, pactos contra la corrupción que incluyan, de una u
otra manera, dentro del problema las causas que permiten los
“pelotazos”, el impulso para la acción de los corruptores.
Cualquier salida que aborde el problema con la radicalidad que se
merece debe concluir que la única forma segura de salir del pozo que
genera la corrupción es deshacerse del capitalismo. Al capitalismo le
son consustanciales el ventajismo, el dinero negro y la corrupción. Un
sistema que necesita paraísos fiscales para funcionar con “normalidad”,
como pueden ser Andorra o Gibraltar, demuestra que la limpieza no es lo
suyo.
“Romper la lógica del ladrillo” exige, por lo menos, medidas en tres
campos: en el de la propia corrupción, en el de la política de vivienda
y en el de las finanzas municipales.
La corrupción para actuar necesita oscuridad, poca transparencia,
ciudadanía desorganizada y con pocos derechos. La obligatoriedad de
defender la participación y un dictamen forzoso a la par que vinculante
de los vecinos y de sus entidades (sindicales, vecinales y asociativas)
sería un paso importante contra la tiniebla. Nada impide hoy que un
ayuntamiento organice un proceso así para aprobar sus planes
urbanísticos.
Paralelamente, la definición de una carta de “derechos de ciudadanía”
que estableciese las garantías mínimas de todos los ciudadanos por el
hecho de estar empadronados, incluyendo en ello la sostenibilidad,
forzaría cambios en la construcción. Garantizaría servicios, vivienda
en alquiler en cantidad suficiente, perseguiría la vivienda vacía,
obligaría a buenas dotaciones y coadyuvaría a favor de criterios más
sociales.
La izquierda, sobre todo la más transformadora, necesita para vivir a
una ciudadanía organizada. La organización sistemática desde los
equipos municipales de elementos de democracia participativa, empezando
por el debate de los propios presupuestos municipales y el consiguiente
destino de sus partidas y montos, sería no sólo una escuela, sino el
mejor camino contra la corrupción. Limpieza y ética son básicas, pero
lo más honrado para la izquierda es reconocer que necesita potentes
organizaciones sociales para poder avanzar en sus propuestas. La
derecha no necesita la organización de la gente modesta, de la
población trabajadora. Sus grandes conglomerados empresariales son su
organización. Con ellos dirige la sociedad e intenta dominar toda la
política. Nosotros sólo tenemos por capital nuestra capacidad de
organizar. No usarla a fondo nos debilita y nos deja más a merced de
los poderosos.
La acción de cualquier gobierno municipal será más útil cuanto más
sirva para organizar y dar voz potente a los que la tenemos
capitidisminuida, los trabajadores y resto de sectores oprimidos. El
otro gran y falaz asidero de la corrupción es la necesidad de vivienda.
Demostrado ya por la fuerza de las cosas que construcción, por muy
grande que sea el volumen de su negocio, no es lo mismo que el derecho
a la vivienda, los poderes públicos, apoyados en la población deben
defender medidas serias contra las más de, por ejemplo 300 mil
viviendas desocupadas que hay en Madrid. Empezando por el IBI y
siguiendo por medidas contundentes a favor del alquiler. Sólo
garantizando el acceso de todos a la vivienda garantizamos el derecho a
la misma.
Para empezar, tal y como reclamó la asamblea del encuentro de
movimientos sociales de Madrid celebrada esta primavera, deberían
paralizarse todos los planes de urbanismo y revisarse a fondo.
Seguidamente, deberían cumplirse las medidas autonómicas que
formalmente obligan a reservar un 50% de la vivienda a vivienda social.
Por último, la declaración y protección del suelo como bien público,
por encima de su propiedad, impediría en gran medida su mal uso actual
a favor de la especulación salvaje y en contra de otros empleos
productivos asociados, por ejemplo, al tejido industrial y social.
Ahora bien,
sin duda, nada de ello será posible si no echamos atrás la ley del
suelo del PP, amparo de primer orden para el pelotazo especulativo
ladrillista.
Es obligada una mención sobre el ahogo presupuestario que sufren los
ayuntamientos y que exige no quietarles autonomía, sino reforzarlos
como elementos clave para la ciudadanía. Evidentemente, hay que cambiar
la ley de Régimen Local y dotar de recursos a los ayuntamientos. Sin
tantos problemas presupuestarios, los consistorios serían más fuertes
ante el ladrillo. Pero ese hecho no impide que hoy, a pesar de todos
los límites, se pueda usar la “fuerza municipal” para reforzar esa
soberanía y autonomía locales a través de animar, amparar y organizar a
la ciudadanía. Potenciar su participación.
Las dificultades que en muchos casos encuentra la izquierda para
mantener limpios y éticamente aceptables los usos municipales ante la
voracidad del capital, hace que ésta se olvide con demasiada frecuencia
en su gestión que la mejor garantía de limpieza y ética es una
ciudadanía organizada. * Carlos Girbau es miembro de la Junta Directiva
de Paz Con Dignidad y actual Coordinador del Foro Social Madrid.
Apocalíptica voracidad inmobiliaria Zuriñe Vázquez. Rebelión, 3 de
novembro de 2006 Llega en la mañana El buen cine siempre ha sido una
ventana que ha mostrado la realidad que vivimos -debajo de la alfombra-
o la realidad que vamos a vivir. Están en cartelera en estos momentos
dos buenas muestras de ello, Los hijos de los hombres, espejo del
futuro, sino presente, desesperanzador que va siendo una realidad a
cada fin de década, e Infiltrados del maestro Scorsese, espejo ambiguo
entre el bien y el mal donde todos tienen un precio y todos mienten,
horizontes de incertidumbres hoy muy presentes, no ya como global, sino
aquí mismo, en nuestra propia casa, barrio, municipio, ciudad, país.
Apocalíptica podredumbre Vivimos un clima de desconfianza donde ya no
podemos distinguir funcionarios de mafiosos a sueldo del gran Padrino
en el que se está convirtiendo el sector inmobiliario y urbanístico.
Quizás hayamos comenzado a mover los primerísimo resortes del mecanismo
que nos llevará a la autodestrucción a través de la construcción, a esa
Apocalipsis siempre temida por el hombre desde su entrada en el
universo humano, parada final en su viaje evolutivo. Porque nada
produce más desolación que este viscoso mundo de tramas corruptelas
inmobiliarias que están surgiendo como setas, bien regadas por el sudor
de la avaricia. Pueblos enteros están alzando la voz, para que su
paisaje no se convierta en adosados prefabricados y espacios verdes
cerrados a unos pocos cuya única actividad y productividad sea darle a
sus pelotas, desposeyendo a sus habitantes de agua y de una vida de
calidad. Es tal la expansión de la bestia que espacios protegidos están
siendo eliminados con una rapidez pasmosa, por medio de las redes
establecidas de corrupción, que saltan de un lugar a otro con sus
informadores. Juan A. Roca (operación Malasia) venía de Murcia, donde
todavía sus socios controlan el suelo. Rafael Gómez, el constructor
imputado (Malasia de nuevo) tiene cinco fincas en el entorno protegido
de Medina Azahara, si bien las normas autonómicas le tienen prohibido
edificar allí, el PP presentó una moción en la que instaba a la Junta
de Andalucía a que redujera el BIC (Bien de Interés Cultural),
imaginamos que para convertirlo en pelotazo de interés múltiple. La
proliferación de viviendas ilegales, virus que infecta toda la piel de
toro y convierte nuestro paisaje en un basurero de residuos
incontrolados, se ha producido bajo la connivencia de esa peste de
corrupción urbanística, que afecta a todos los partidos porque la ley
confiere poderes casi absolutos a simples Alcaldías y porque una
decisión administrativa genera millonarios beneficios privados. Las
pruebas hablan De verdadera provocación son las declaraciones del
secretario de comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, declaraciones que
se vuelven en su contra, ante la avalancha de pruebas (imitando a un
imaginario CSI) que le rebotan y le desmienten.
Parece esta práctica, la negación, habitual en su partido, insultando
con ello la inteligencia del ciudadano, ignorando que tenga capacidad
para informarse. Si bien la corrupción afecta a todos los partidos, no
es menos cierto que los socialistas imputados en corrupción han sido
rápidamente expulsados, y la reacción de su partido ha sido pronta y
firme, no solo en la condena de la corrupción (como también hace el
PP), aunque con una importante diferencia y es la invitación a enfilar
la dimisión de los cargos implicados en casos comprometedores: Pedro
Torrejón en Ciempozuelos, el alcalde de Aldea del Fresno y el de Morata
en Madrid, y ha forzado la salida del alcalde de Los Alcázares en
Murcia, anteriormente ya había echado al de Humanes, y en Cádiz rompió
su alianza en El puerto de Santa María por una condena al alcalde,
aunque aún mantiene en su cargo al alcalde de Carboneras (Almería) por
delito electoral. El PP mantiene en sus puertos a más de una decena de
altos cargos imputados por corrupción urbanística como los alcaldes de
Alicante (Luis Díaz Alperi), Orihuela (José Manuel Medina), Torrevieja
(Pedro Hernández), Tui (Pontevedra, Antonio Fernández). También obvió
que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, está
imputado por tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas
y fraude fiscal; que el concejal de Urbanismo de Rota, Antonio Peña,
está imputado, y que la concejal popular Antonia Torres de Telde (Gran
Canaria) ha estado en prisión por cohecho, tráfico de información
privilegiada, cobro de comisiones, entre otros delitos. Además, el ex
director de Industria de Canarias del PP, Celso Perdomo, cumplió
prisión por cuatro delitos, y el director general de Urbanismo de
Madrid, Enrique Porto, dimitió tras aprobarse una recalificación de
suelo a sí mismo. El caso del empresario de Orihuela afín al PP Ángel
Fenoll y sus grabaciones comprometidas de las que aún hay mucho que
exprimir, su afinidad delincuencial con Luis Fernando Cartagena, ex
multilabores del PP valenciano devenido en empresario, y con una
condena por malversación de caudales públicos y otro de falsedad en
documento mercantil. El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan
Carlos Juárez, del PP, está procesado por un presunto delito de
prevaricación y la concejal popular de Alicante, Sonia Castedo, está
imputada por el caso de las concesiones. Antonio Sánchez Carrillo, alto
cargo del PP de Murcia compatibilizó la Concejalía de Fomento con un
puesto en una promotora que apoyó un proyecto prohibido por Medio
Ambiente. No consiste nada más que en hacer la cuenta de la vieja.
Extraña ética la del partido de la oposición, que mira la paja en ojo
ajeno pero no la viga en el propio. Tal vez la respuesta esté en su
propia percepción del heredado término privilegio, al que consideran de
su absoluto disfrute desde siglos pasados, a través de ramas
terratenientes. Soluciones y devoluciones Transparencia Internacional,
Organización No Gubernamental y expertos en corrupción aseguran que
estamos ante una consecuencia del sistema urbanístico heredado del
siglo XIX, en el que los terratenientes pactaron con el Gobierno que
ellos ganarían dinero con las plusvalías. España es el único país en el
que una decisión de recalificación genera plusvalías millonarias, y el
único donde las urbanizaciones las hacen promotores privados. Es
absolutamente necesario recuperar la figura del interventor municipal,
independiente del propio Ayuntamiento, imponer mecanismos inmediatos de
control y veto sobre los planes urbanísticos, controlar las
financiaciones de los partidos y de los Ayuntamientos, que gastan más
de lo que ingresan, y exigir la devolución de las riquezas obtenidas
mediante soborno, y comisiones. Ya se demostró hace unos días el apoyo
al juez Torres en Marbella, con la manifestación de su pueblo pidiendo
el dinero robado, (aunque solo sea para parchear las calles y
carreteras) y el cumplimiento de las penas a todos los implicados.
Implicados que mantienen la desfachatez y desvergüenza propia de
ladronzuelos de baja estopa (pobres presas políticas),
puede que al verse ahora más acompañadas ante el desentierro de sus
socios regionales. Aumenta el número de asociaciones de vecinos que se
levantan contra estas tropelías, con este atraco brutal que enviará un
tercio de nuestra riqueza durante los próximos 15 años o más a
promotores, bancos, dueños de suelo, especuladores, y corruptos en
general, generando una destrucción medioambiental sin precedentes,
condenando especies protegidas, y con ello produciéndose una perdida de
calidad de vida. Permanecen en suspenso los polémicos tejemanes en Las
Navas del Marqués y en Villanueva de Gómez (Ávila) sobre las nuevas
promoción de miles de chaléts y campos de golf, donde en 2001 la Junta
de Castilla y León rechazó los proyectos por falta de agua, y por el
grave daño que causaría al ecosistema forestal de la zona. Hoy, 2006,
señala la Junta con nuevos argumentos que es compatible construir tres
campos de golf, ante la opinión de los técnicos de que es una
barbaridad. Y mientras nos concienciamos sobre la escasez de agua por
venir, la alarma social parece estar produciendo cierto reparo en alias
rapaces, luego que el pocero, estandarte del nuevo rico, de nombre
Francisco Hernando, ha visto como le han desaprobado un segundo plan
para la construcción de un polígono de 1,6 millones de m2, en el
Ayuntamiento de Seseña (Toledo), gracias a la oposición de IU y la
abstención del PP. De los concejales, dos (los socialistas) trabajan
para la promotora del pocero. Hace dos años el trazado de la línea AVE
Madrid-Barcelona que pasa por Yebes, una localidad de Guadalajara donde
Teresa Micaela Valdés Ozores, tía del marido de Esperanza Aguirre, le
cayó en bendición ferroviaria con un beneficio de más de 8.000 millones
de las antiguas pesetas en concepto de recalificaciones. La historia se
repite y otra rama de la familia Aguirre, primos y tíos son los que han
visto crecer su patrimonio tras la venta de parcelas incluidas dentro
del Plan General de Ordenación Urbana de Tres Cantos (Madrid). Tanto
Enrique Porto, ex director de Urbanismo de Madrid, como Alminar Villas
(inmobiliaria que preside José Gil de Biedma y Vega de Seoane y
comparte con otros tíos y primos maternos de Aguirre) obtuvieron
pingues beneficios. Viva el árbol genealógico del pelotazo.
Etimológicamente la palabra corrupción procede de la voz latina
corrompiere, que a su vez está formada a partir de la partícula "cum" y
del verbo "rumpo, rumpere, rupsi, ruptum", que literalmente significa
romper. . Sin embargo, en la realidad se le da el significado de "echar
a perder" o "pudrir".
El término cohecho proviene del verbo cohechar, que a su vez deriva del
latín coactare, es decir, forzar, obligar.
www.zuria.blogspot.com La especulación urbanística contra el
sindicalismo consecuente Marco Alejandro Antuña. Rebelión, 4 de
novembro de 2006
Los astilleros están desenladrillados ¿Quién los enladrillará? El
enladrillador que los enladrille Un buen cacho pillará (Cancioncita
infantil que va a sustituir a La Internacional en los actos de la
Izquierda Phaeton asturiana) Solidaridad con Cándido y Morala
En la Bahía de Gijón existen varias decenas de miles de metros
cuadrados de terreno que por su extensión y su situación despiertan el
interés, nada desinteresado, de los especuladores inmobiliarios que
están llenándose el bolsillo a base de expropiaciones, recalificaciones
urbanísticas y construcción de edificios de viviendas a precios de
escándalo. El único inconveniente para tan progresista proyecto de
desarrollo humano es la existencia de una serie de individuos (la
plantilla de Naval Gijón) que, en un alarde de egoísmo incomprensible,
se empecinan en movilizarse para defender sus puestos de trabajo y el
futuro de la empresa, negándose a practicar el conocido cambalache de
prejubilaciones a cambio de clausura de empresas que con tanto éxito se
practica en Asturias.
Mientras esto pasa en el mundo real, el equipo de gobierno del
ayuntamiento gijónes (PSOE e IU), angustiado por la terrible situación
de las miles de familias de parados, subempleados, inmigrantes y gentes
del común a las que se les priva de la posibilidad de adquirir una
vivienda digna en tan privilegiado emplazamiento, promueve una denuncia
por atentado con petardo de feria y destrozos varios contra dos
dirigentes sindicales que, en vez de hacer lo que suelen hacer los
dirigentes sindicales de alto standing en esta región (vaguear hasta
que les llega la hora de prejubilarse para dedicarse a la política
local y/o regional) han participado de manera activa en las
movilizaciones de Naval Gijón. Que las movilizaciones hayan sido
convocadas por los tres sindicatos del astillero (UGT, CCOO y CSI) y
aprobadas por la asamblea de trabajadores y que sea público y notorio
que los dos sindicalistas no fueron autores materiales de ninguno de
los hechos que se les imputa no ha sido impedimento para que el
delegado del gobierno, curioso personaje este que para desgracia
nuestra llegó a ser Presidente del Principado (así nos va), haya
instado, apoyado en la denuncia del Ayuntamiento de la Izquierda Plural
Gijonesa, un proceso judicial en el que se piden, nada más y nada menos
que seis años y medio de cárcel para Cándido González Carnero y Juan
Manuel Martínez Morala, exsecretario y secretario general de la
Corriente Sindical de Izquierda.
Frente a esta disparatada petición de condena, que significaría el
ingreso en prisión de estos dos trabajadores, no cabe otra postura que
la solidaridad activa con los dos compañeros injustamente perseguidos y
la denuncia de la represión sindical y política que se está llevando a
cabo en Asturias contra todos aquellos que levantan la voz para
denunciar los múltiples atropellos a los que se está sometiendo a esta
región por parte de los clanes de poder económico, político y sindical
que, mientras amasan suculentas fortunas encaramados a la crisis
asturiana, nos llevan hacia la desertización industrial y obligan a
emigrar a miles de jóvenes asturianos que no se resignan al subempleo y
a la falta de perspectivas laborales y vitales.
Por todo ello, la Agrupación de Banca y Ahorro de la Corriente Sindical
de Izquierdas manifiesta su solidaridad con Cándido y Morala y llama a
los trabajadores del sector a participar en las movilizaciones
convocadas en denuncia de esta injusticia, entre ellas, una
manifestación que saldrá de la Plaza del Humedal de Gijón a las siete y
media de la tarde del miércoles 22 de noviembre.
* Marco Alejandro Antuña Camporro es trabajador de Cajastur y miembro
de la Agrupación de Banca y Ahorro de CSI.
Corrupción urbanística Juan F. Martín Seco. Rebelión, 6 de novembro de
2006
Recuerdo que a principios de los ochenta, con la llegada del PSOE al
gobierno, la Intervención General de la Administración del Estado
inició un plan generalizado de auditorías. Los resultados fueron
alarmantes, en algunos casos gravísimos, y muestra de hasta qué punto
la Administración proveniente del franquismo carecía de los menores
mecanismos de control. La prensa las denominó auditorías de infarto.
Pero, como siempre, el lenguaje político vino a trastocarlo todo.
Durante un debate parlamentario, al presidente del Gobierno se le
calentó la boca y anunció que mandaría todas las auditorías al fiscal.
El error fue mayúsculo. La Fiscalía poco o nada podía decir. Era
imposible probar delitos individuales. La gravedad del asunto radicaba
precisamente, en muchos casos, en la ausencia de mecanismos de control,
incluso de la contabilidad, que hacía que en el supuesto de que alguien
hubiese cometido una irregularidad o un delito fuese imposible
probarlo.
Me temo que con el problema del urbanismo esté pasando lo mismo. La
prensa está aireando distintos escándalos de presunta corrupción. El
PSOE propone al PP un pacto para perseguir dentro de sus propios
partidos a los militantes acusados de corrupción ligada al urbanismo.
Tolerancia cero, según dicen. Digo yo que, por una parte, la
persecución irá destinada a toda la corrupción tenga o no que ver con
el urbanismo y, por otra, que no parece que haga falta ningún pacto
para perseguir a los delincuentes. Pero para lo que sí parece necesario
un pacto es para cambiar
las reglas del juego, de manera que los delincuentes no puedan serlo
aunque quieran.
El sistema político de Montesquieu se asentaba en el principio de que
la moral del Estado no podía confiarse exclusivamente a la bondad de
los gobernantes; si son buenos mucho mejor, pero en cualquier caso hay
que establecer un sistema de equilibrio de poderes, un conjunto de
reglas que les impidan delinquir.
Todos intuimos que los casos de corrupción que están viendo la luz son
una muestra insignificante del total, y que incluso de éstos tan sólo
unos pocos llegarán a probarse. El problema de fondo no radica en la
malicia de los protagonistas ni se soluciona con jueces y fiscales.
Antes que nada, es cuestión de reformar las normas y los procedimientos
de modo que hagan imposible o al menos muy difícil la corrupción. El
problema de fondo está en el sistema seguido de recalificación de suelo
cuyas plusvalías revierten en el dueño del terreno que, sin tener arte
ni parte y por una simple decisión administrativa, ve multiplicarse por
cien su patrimonio. ¿Cómo no va a dar lugar este sistema a corrupción?
¿Cómo no van a tener los promotores y los dueños de los terrenos la
tentación de comprar a concejales y éstos la de venderse?
Como ya he escrito en algún otro artículo hablando de Marbella la
solución es relativamente simple, aunque políticamente debe de ser muy
comprometida de tomar dados los intereses en juego. Únicamente así se
explica que nadie se atreva a plantearla. Consiste tan sólo en que los
terrenos rústicos que se van a urbanizar se expropien a precios justos
—justiprecio—, es decir, al precio de terreno rústico, y que
posteriormente sean urbanizados por los poderes públicos y puestos en
el mercado progresivamente en pública subasta. Eliminada la expectativa
de ganancia extraordinaria, se eliminaría también la posibilidad de
corrupción. El complemento de la anterior medida consistiría en que la
adjudicación se realizase con el compromiso del adquirente de construir
en un determinado número de años, con lo que se evitaría también el
acaparamiento del suelo y, por tanto, la correspondiente especulación.
Para llevar a cabo estas medidas sí que podrían y deberían hacer un
pacto los dos partidos mayoritarios. Y un pacto podrían hacer también
en algo que el PSOE ha insinuado, pero que sólo se ha atrevido a eso, a
insinuar: retirar las competencias, o al menos parte de ellas, en
materia urbanística a los Ayuntamientos. Antes o después, nos iremos
dando cuenta de que para solucionar determinados problemas es
imprescindible que previamente reconstruyamos el sector público que
hemos desintegrado. Entregar las competencias en materia urbanística a
miles de entes dispersos y heterogéneos como son las corporaciones
locales tenía por fuerza que terminar en un urbanismo caótico.
Me temo, sin embargo, que ninguno de estos pactos se llevará a cabo.
Hay demasiados intereses en juego, quizás también la propia
financiación de los partidos. El PSOE será incapaz de enfrentarse a los
partidos nacionalistas y el PP demostrará que su canto a España y al
Estado es mera retórica y una táctica para desgastar al Gobierno, pero
carente de interés si va de la mano con el PSOE. Ambas formaciones
políticas continuarán, no obstante, acusándose mutuamente y rasgándose
las vestiduras por los escasos, comparados con el total, casos de
corrupción que salgan a la luz. Pero no harán nada para remediarlo.
Nunca un problema ha tenido tan fácil solución. Presentan un manifiesto
ciudadano contra la corrupción urbanística y en apoyo del alcalde de
Seseña La República, 17 de novembro de 2006
Tras la campaña de amedrentamiento comenzada por el constructor
Francisco Hernando contra el Alcalde de Seseña por no permitirle
construir 13.000 viviendas en la localidad, un grupo de ciudadanos ha
presentado hoy un Manifiesto ciudadano contra la corrupción urbanistica
en el que llama a la población a rebelarse "contra este estado de
cosas, una rebelión masiva, contundente y sin concesiones ni
contemporizaciones de ninguna índole con los corruptos". El Manifiesto,
para el que se solicita el apoyo de la ciudadanía a
través de una campaña de recogida de firmas afirma que "el conflicto
desencadenado en Seseña entre el empresario inmobiliario conocido como
El Pocero y el Ayuntamiento simboliza una lucha mucho más importante
que nos afecta a todas y todos los ciudadanos de este país", en la que
"está en juego la dignidad y la propia democracia."
El Manifiesto denuncia la campaña de presión "absolutamente intolerable
e insidiosa de un empresario privado contra representantes de los
ciudadanos" desarrollada en Seseña y señala que "el Pocero ha llegado a
la indecencia de lanzar a sus trabajadores y trabajadoras a un
enfrentamiento con la Corporación para exigir más negocios para su
patrono".
Denuncia también que "el caso de Seseña no es único; ya son públicos
más, muchos más, en Marbella, Ciempozuelos, Camas, Alicante, Telde,
etc". "Mientras centenares de miles de personas no pueden acceder a
algo tan básico como un hogar en el que desarrollar su vida en plena
libertad, promotores, constructores y banqueros, con la impagable
aquiescencia cuando no descarada colaboración de los poderes públicos,
obtienen beneficios en cuantías obscenas a costa de arrebatar el suelo
público y truncar su gestión a favor del interés general, ambas cosas
imprescindibles para garantizar cabalmente el derecho a la vivienda",
continúa el comunicado, que hace "un llamamiento a la rebelión del
conjunto de la población contra este estado de cosas, una rebelión
masiva, contundente y sin concesiones ni contemporizaciones de ninguna
índole con los corruptos".
"Si estás convencido como nosotros de que esta monstruosidad hay que
detenerla, suscribe y difunde este manifiesto. No se exige más que ser
ciudadano y decente para hacerlo", finaliza.
Texto del Manifiesto:
MANIFIESTO CIUDADANO: A PROPÓSITO DE SESEÑA. POR DIGNIDAD, NO A LA
CORRUPCIÓN URBANÍSTICA El conflicto desencadenado en Seseña entre el
empresario inmobiliario conocido como El Pocero y el Ayuntamiento
simboliza una lucha mucho más importante que nos afecta a todas y todos
los ciudadanos de este país, una lucha en la que está en juego la
dignidad y la propia democracia. Y no creemos exagerar.
En Seseña se desarrolla, ante el estupor y de momento la pasividad
generalizada, una campaña de presión absolutamente intolerable e
insidiosa de un empresario privado contra representantes de los
ciudadanos que desempeñan decentemente la función para la que fueron
elegidos –cosa, por desgracia, no demasiado frecuente en los tiempos
que corren-, un empresario dispuesto a arrasar sin escrúpulos la
riqueza pública, el territorio, a las mismas personas y pisotear
cualquier atisbo de justicia con el único fin de acrecentar de forma
insultante y desorbitada su lucro particular. No se trata de defender
al alcalde de esta población como tal, sino de salvaguardar los bienes
que son de todos y todas de la voracidad de esta espiral de locura en
que el “enladrillamiento” de España nos ha venido enfangando.
En esta semana, El Pocero ha llegado a la indecencia de lanzar a sus
trabajadores y trabajadoras a un enfrentamiento con la Corporación para
exigir más negocios para su patrono, más beneficios para su jefe, más
pelotazos inmobiliarios para quien con toda seguridad no titubearía en
dejarlos a todos en la calle a cambio del más insignificante incremento
de sus ganancias. Y los trabajadores, por manipulación, por miedo o por
lo que quiera que sea, nos han brindado un espectáculo que, en catadura
moral y estética, es equiparable al legendario “¡Vivan las cadenas!”
que se dice que gritó una parte del pueblo español para celebrar el
regreso del rey Fernando VII, el aplastamiento de la modesta libertad
conquistada en las Cortes de Cádiz y la reinstauración del Absolutismo.
Pero, como todos y todas sabemos, el caso de Seseña no es único; ya son
públicos más, muchos más, en Marbella, Ciempozuelos, Camas, Alicante,
Telde, etc. Con implicaciones de políticos de distintos partidos y
connivencia de diferentes administraciones públicas. Ésta es, ya lo
sabemos todos también, una enfermedad terrible y generalizada.
Las recientes declaraciones de representantes de los promotores
inmobiliarios, justificando la corrupción como una vía para salvar las
–según ellos- excesivas trabas burocráticas a la iniciativa empresarial
y –de nuevo, según ellos- enriquecedora del país, aparte de alcanzar
cimas de hipocresía, desvergüenza y desfachatez difícilmente
superables, nos indican muy bien de qué estamos hablando. No son
“papelitos” lo que eluden las mastodónticas operaciones urbanísticas ni
trabas administrativas más o menos quisquillosas, sino el control
ciudadano y democrático de la gestión de la economía y los bienes que a
todos nos pertenecen, el entorno natural, el equilibrio territorial, el
suelo público y derechos fundamentales proclamados en la mismísima
Constitución.
De entre estos últimos, el que de forma más trágica e infame destruyen
las recalificaciones desaforadas y las urbanizaciones caóticas es el
elemental derecho de todas y todos los ciudadanos a una vivienda digna,
teóricamente garantizado por el artículo 47 de la Carta Magna. Mientras
centenares de miles de personas no pueden acceder a algo tan básico
como un hogar en el que desarrollar su vida en plena libertad,
promotores, constructores y banqueros, con la impagable aquiescencia
cuando no descarada colaboración de los poderes públicos, obtienen
beneficios en cuantías obscenas a costa de arrebatar el suelo público y
truncar su gestión a favor del interés general, ambas cosas
imprescindibles para garantizar cabalmente el derecho a la vivienda.
Construyen más y más viviendas a precios inalcanzables para millones de
ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, condenándoles a
una existencia azarosa o a la servidumbre de interminables hipotecas. Y
ello en un país en el que, no sólo hay cerca de tres millones de
viviendas vacías, como con frecuencia se ha dicho, sino que un
porcentaje elevadísimo de ellas son de protección oficial, un nido
incomprensible de estafa de dinero público, sin que los poderes
públicos acometan la elemental acción de expropiarlas.
Hay que decirlo alto y claro. El urbanismo desatado de España ni es
motor de la economía ni fuente de riqueza pública, sino todo lo
contrario. Los inmensos beneficios de los especuladores se asientan
inevitablemente en la miseria de la inmensa mayoría de la población
trabajadora, porque obtienen su foco primordial de generación de dinero
a manos llenas del suelo que debiera ser público y emplearse en
garantizar los derechos de todas y todos.
Es preciso proclamarlo. No asistimos a un repentino y reciente mal.
España viene siendo objeto de un monumental saqueo de la riqueza
nacional a manos de constructores, promotores y bancos con la
complicidad de un amplísimo ejército de gestores públicos tan venales
como mediocres desde hace décadas. Convirtiendo además nuestra economía
en una maquinaria desquiciada y enferma que en cualquier momento puede
estallar y dejar una estela de desempleo, pobreza y desesperación de
miles de personas sin que haya habido oportunidad de exigir
responsabilidad a los artífices del destrozo. Por todo lo anterior, las
ciudadanas y los ciudadanos firmantes de este escrito hacemos un
llamamiento a la rebelión del conjunto de la población contra este
estado de cosas, una rebelión masiva, contundente y sin concesiones ni
contemporizaciones de ninguna índole con los corruptos.
No confiamos en ningún pacto de Estado de las cúpulas de los
principales partidos políticos que carezca del control y participación
ciudadana. No podemos confiar en partidos políticos que en uno u otro
grado se han beneficiado del expolio y lo han tolerado durante más de
treinta años. Partidos políticos que ahora sólo se preocupan de la
corrupción para emplearla como arma arrojadiza contra el adversario.
Sólo confiamos en la movilización amplia y decidida de los millones de
ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, que carecen del
elemental derecho a un hogar, están ahogados por las hipotecas o
sencillamente no tienen ningún interés bastardo en los negocios del
ladrillo. Somos la inmensa, la abrumadora mayoría,
independientemente de nuestra filiación partidaria. Somos nosotros
quienes, con nuestra presión democrática, podemos y debemos obligar a
los poderes públicos a adoptar las medidas radicales que se precisan
para atajar el gran saqueo.
Miles de jóvenes nos vienen enseñando con sus movilizaciones por una
vivienda digna, en Madrid, Barcelona y otras ciudades, desde antes del
verano, cuál es el camino. Hay que reforzarlo y persistir hasta que no
puedan eludirnos de ninguna forma.
No nos basta ningún código ético de ésos que los partidos políticos
mayoritarios aprueban con tanto entusiasmo como incumplen, ni siquiera
con el endurecimiento de la legislación de incompatibilidades de cargos
públicos y funcionarios.
Exigimos que se acabe con la inmensa trama de intereses económicos que
hay detrás de la construcción y el urbanismo de España. Mientras esta
trama subsista habrá políticos dispuestos a venderse y dinero de sobra
para poder comprarlos, y los expulsados del sistema continuarán siendo
precisamente los que no se venden. Y seguirá siendo así aunque se
aprueben un millón de bienintencionados códigos éticos.
Exigimos que se acabe con la insensatez de que el beneficio de las
recalificaciones sea para los propietarios privados y no un beneficio
social y público. Exigimos la gestión íntegramente pública del
urbanismo, único camino posible para matar la gallina de los huevos de
oro de los especuladores.
Gestión pública del urbanismo con el control y participación ciudadana,
suprimiendo nefastas figuras como los “agentes urbanizadores” y los
“convenios urbanísticos”, que dejan en manos de gestores públicos al
margen del control democrático y especuladores privados la negociación
de asuntos de interés general tan trascendentales para el bienestar
social como la ordenación del territorio.
Exigimos que los Ayuntamiento se garanticen suelo público (Patrimonio
Municipal de Suelo) y destinen este suelo y los rendimientos de sus
operaciones urbanísticas por completo a vivienda social pública, a
hacer efectivos los derechos fundamentales de todas y todos y no al
lucro de unos pocos.
Exigimos que, cuando menos, se cumplan las leyes que se aprueban y,
junto al procesamiento de todos los corruptos, se adopten las medidas
básicas de demolición de viviendas ilegales o expropiación de viviendas
de protección oficial con las que se especula, viviendas que pueden
perfectamente ser la base inicial de un amplio parque de vivienda
pública en alquiler a precios limitados para atender la necesidad
esencial de acceso a un techo de miles y miles de personas. Empecemos
con Seseña, porque allí nos jugamos un futuro de dignidad, o bien de
empobrecimiento de la mayoría y destrucción del país. Si toleramos que
El Pocero cumpla sus fines de lucro particular habrán ganado todos los
Poceros que menudean por el territorio nacional a golpe de pelotazo,
comisión y recalificación. Si perdemos la dignidad en Seseña, la
habremos perdido en todas las Seseñas de España.
Empecemos por Seseña y continuemos por el resto hasta que no les quede
más remedio que escucharnos. Si estás convencido como nosotros de que
esta monstruosidad hay que detenerla, suscribe y difunde este
manifiesto. No se exige más que ser ciudadano y decente para hacerlo.
Firmas iniciales: Ricardo Rodríguez del Río (Leganés, Madrid), Felicita
Velázquez Serrano (Leganés, Madrid), José Ignacio Cortés (Leganés,
Madrid), Piedad Novillo Marchante (Leganés, Madrid), Javier Parra
Molina (Madrid), Julio Castro Jimenez (Madrid)
[Firmar el Manifiesto] [Ver Campaña] [Ver Firmas]
La “mordida” del ladrillo G@lileo. loquesomos.org, 18 de novembro de
2006
Sin vivienda… la gran preocupación de una mayoría de población. O con
vivienda, pagando préstamos hipotecarios salvajes y desmesurados. ¿Qué
pasa en este país, que se permite el lujo de tener miles de viviendas
deshabitadas en sus ciudades? (se calcula que en una ciudad como
Madrid, unas doscientas mil viviendas están deshabitadas) y muchas más
en el mundo rural (despoblado y arruinado por completo). El año pasado
se construyeron ochocientas mil viviendas, en este 2006
se aumentará la cifra en setecientas mil más. ¿Se construye para
cumplir la Constitución, y que todo el mundo tenga su derecho a una
vivienda digna, o es solo por puro negocio? La burbuja inmobiliaria no
explota por ningún sitio, cada vez es más opulenta y ejerce más
presión, en los últimos años el precio de la vivienda ha aumentado tres
veces más que los salarios. La “calificación del suelo” no atiende ni
al medio ambiente, ni a una reestructuración lógica, ni a nada con un
mínimo sentido, solo entiende de millones ¡que gran negocio es ese de
las plusvalías! Ciudades con viviendas inaccesibles o cerradas, llenas
de calles en obras ¿para mejorarlas o por puro interés del político de
turno?, aceras que se rompen un día si y otro también, proyectos
faraónicos que desprecian a los vecinos que los sufren, despilfarro de
capitales locales en caprichos urbanos dejando de lado las verdaderas
necesidades ciudadanas. Pintamos farolas, cambiamos farolas, cambiamos
bancos, quitamos árboles, plantamos arbolitos, transformaciones de
ciudades bajo el capricho de una prueba deportiva (siempre bajo el
mando de la madre especulación) mordiendo el mar, transformando la
costa en “parking de lujo” con puertos deportivos para veleros, yates,
“el bribón”..., estrechando playas (hacia un lado el mar, hacia el otro
torres de rascacielos). Autovías y autopistas colapsadas, pero que no
impiden llegar rápido a la nuevas urbanizaciones y a las nuevas
recalificación de terrenos, a los que conocen bien el negocio. Ciudades
y pueblos sin bibliotecas, con centros de salud subdesarrollados, sin
escuelas infantiles... pero llenos de centros comerciales, que crecen y
se construyen como una plaga ¡consume hasta morir! Campos de golf por
doquier, este año serán más de trescientos los que hagan “el suma y
sigue”. Miles de kilómetros cuadrados de verde césped en el país de la
sequía, para el deporte de los nuevos ricos, mientras, existe una gran
demanda en las ciudades de polideportivos municipales (y que no se
privaticen), barrios donde los deportes de calle, se mueren por la
apatía de las administraciones… Debemos ser uno de los países que más
jugamos al golf o esto quien lo explica. Campos de golf en medio de
robledales, castañares, en bosques que todavía nos quedan (joyas de la
naturaleza), en campos de regadío, de secano… con urbanizaciones de
lujo, hoteles con spa… juguemos todos al golf ¡que es un deporte
popular, por los cojones! Construcción, trabajadores de la
construcción… contratos precarios y cuando los hay, miles de
inmigrantes trabajando sin ningún tipo de derecho, cientos de
accidentes laborales, de muertes laborales. Contratistas,
subcontratistas, ladrillos, ladrilleros, políticos, banqueros… las
tribus de siempre ¡capitalistas!: todos juntos especulando, agrandando
la hucha, cebando al cerdo, en definitiva cuidando el sagrado negocio.
¡La tierra se muere! Mejor dicho la están matando, cubriéndola de
ladrillo y asfalto, despilfarrando el preciado liquido que no tenemos
¡el agua! Vamos camino de que conocer un bosque, sea como visitar un
parque temático. Y todo esto envuelto bajo palabras como: progreso,
desarrollo, puestos de trabajo… ¿Quién esta sacando el beneficio a
corto plazo de esta locura? ¿Quién pagara a medio y largo plazo
esta”sin razón?” Y mientras tanto sin piso o dejándote la vida a cambio
de una hipoteca. Tranquilo no te agobies puedes aprender a jugar al
golf. Miles de personas se manifiestan Tenerife contra el puerto de
Granadilla y la corrupción urbanística archipielagonoticias.com, 19 de
novembro de 2006
Critican además el modelo de desarrollo sin control, el deterioro de
los recursos naturales y contra el desarrollo incontrolado e impuesto
“que ha traído la corrupción a Canarias”.
Miles de personas se manifestaron ayer por las calles de Santa Cruz de
Tenerife para mostrar su oposición a la construcción del puerto de
Granadilla y la corrupción urbanística, y exigieron un referéndum con
garantías para que sea el pueblo el que decida finalmente el futuro del
muelle previsto en el Sur de Tenerife.
La marcha, encabezada por una pancarta con el lema ‘Canarias se
defiende’, partió de la plaza Weyler de la capital tinerfeña sobre las
12:00 horas y discurrió en tono festivo por las calles de Santa Cruz
hasta llegar, una hora y media después, a la Plaza de Candelaria, que
se llenó con los manifestantes. Las cifras de participación varían en
función de las fuentes y así, mientras la Policía Nacional fijó en
3.000 los asistentes, la Policía Local calculó unas 10.000 personas y
la organización unas 50.000.
La protesta, convocada por Asamblea por Tenerife, fue calificada como
de rotundo éxito por el portavoz de Ben Magec, Toni Rodríguez, quien
destacó el colorido de la misma y calificó el acto como “una gran
fiesta”. A los gritos ya tradicionales en este tipo de manifestación de
‘Coalición Canaria es una inmobiliaria’ o el ya mítico ‘El pueblo unido
jamás será vencido’ se sumaron otros que criticaban la actitud de los
parlamentarios canarios y se escuraron lemas como ‘Este Parlamento vive
del cemento’ o ‘Canarias no se vende, Canarias se defiende’.
Numerosas pancartas siguieron la marcha, que estuvo acompañada durante
todo el recorrido por una batucada. Los manifestantes portaron carteles
que mostraban, además de su oposición al puerto de Granadilla y a la
especulación urbanística, lemas en contra de los derribos de viviendas
en las costas tinerfeñas, por la defensa del medio ambiente y a favor
de un desarrollo sostenible y en contra de un modelo de desarrollo sin
control.
EXIGENCIA DE UN REFERÉNDUM SOBRE EL PUERTO
Al término de la marcha, que concluyó en la Plaza de Candelaria, se
leyó un manifiesto en el que se demandó un referéndum sobre el puerto
de Granadilla. “Ni Bruselas, ni el Gobierno central ni el canario
tienen la última palabra en este asunto, sino el pueblo, por lo que
exigimos un referéndum con garantías”, enfatizó el encargado de leer el
manifiesto. Los organizadores critican la decisión favorable de la
Comisión Europea que da el visto bueno a la construcción del muelle en
el Sur de la Isla y asegura que la construcción de dicho puerto es
“ilegal”, al contravenir las propias leyes ambientales de la Comunidad
y “permite la continuidad de una tapadera de innumerables negocios y
corruptelas a lo que lamentablemente nos tienen acostumbrados con sus
intereses ocultos”.
También se denunció el “atropello” al que están sometiendo a Canarias
empresarios y políticos “corruptos” y “medios de comunicación serviles
y mentirosos”, así como el desarrollo impuesto que genera más
beneficios a los más ricos, mientras cada vez más canarios- unos
400.000 -están en el umbral de la pobreza. El manifiesto alerta
asimismo contra el desarrollo sin control que ha traído a Canarias “la
corrupción”, un desarrollo depredador de los recursos y generador de
grandes dependencias, como la energética. Frente a este modelo que
acaba con los recursos naturales y fomenta la construcción desmedida,
se demanda más sanidad, más educación y más cultura.
Los participantes en la marcha también exigieron la retirada de los
planes de la vía exterior, la segunda pista del Aeropuerto del Sur, los
Planes Generales de Ordenación de Santa Cruz, La Laguna, El Rosario,
Tegueste y el Plan Especial del Toscal, y terminar con las demoliciones
de pueblos costeros tradicionales “por intereses urbanísticos” frente a
los edificios “ilegales e impactantes” que no han sido todavía
derribados.
Además, demandaron la detención de la perdida continuada de suelo
rustico cultivable, y se mostraron contra el Gobierno que favorece una
sanidad privada en detrimento de la pública.
[Ver vídeo clip de canarias-semanal.com. Pese al boicot generalizado de
los medios de comunicación de las Islas, decenas de miles se
congregaron en el centro de la capital tinerfeña y recorrieron sus
principales calles. Es presumible que este evento marque un antes y un
después en la vida política de la Isla].
El Estado español, paradigma de la insostenibilidad Luis González
Reyes. El ecologista nº 47. Rebelión, 24 de novembro de 2006
La economía crece a costa de una fuerte destrucción ambiental
Este artículo resume los datos más relevantes del estudio realizado por
el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE). Para evaluar la
tendencia hacia la sostenibilidad se ha recurrido a 55 indicadores, que
se han distribuido en indicadores de sostenibilidad ambiental,
económica y social. Además se presentan una serie de indicadores
integrados que dan idea del avance hacia la sostenibilidad de algunos
sectores. Vamos a repasar algunos de los más relevantes. Indicadores de
sostenibilidad ambiental Indicador de cambio climático España ha
aumentado sus emisiones de gases de efecto invernadero un 40,6% en el
periodo 1990-2003, lo que le sitúa muy lejos de cumplir el objetivo al
que se comprometió en el Protocolo de Kioto (aumento del 15%). Las
principales actividades responsables fueron la producción de energía
(31,7%) y el transporte por carretera (26,3%). El mayor incremento ha
sido en el transporte por carretera (73%), aunque la producción de
energía también ha crecido notablemente. Indicadores de uso de recursos
Energía En el Estado español se ha aumentado el consumo de energía
primaria un 3,5%/año en los últimos 5 años. Además, las fuentes
energéticas principales son los combustibles fósiles (82,2%), seguidas
de la nuclear (11,7%), con una presencia muy secundaria de energías
renovables. El principal responsable de este incremento es el sector
del transporte, ya que la energía que se produce se destina
fundamentalmente al transporte (39%) y la industria (31%), según los
datos de 2003. En todo caso se ha producido un fuerte incremento en la
contribución de las energías renovables al consumo energético general.
Este aumento se ha debido, mayoritariamente, a la energía eólica. Sin
embargo, el Estado español todavía está lejos del objetivo de que las
energías renovables suministren el 12% de la energía. Actualmente el
79% de las fuentes de energía son importadas. Materiales y residuos En
2000 se consumieron 47 toneladas de recursos por habitante. Este
consumo está fuertemente asociado a la entrada de materiales, de manera
que por cada tonelada que se exporta se importan más de dos. Los
productos son, en un 75%, de origen no renovable y este porcentaje está
aumentando. La mayoría de los residuos producidos son de origen
ganadero (46%) y no se reintegran en el ciclo productivo. Se ha
producido un importante aumento de la generación de residuos sólidos
urbanos (71% en el periodo 1990-2003). Este incremento es superior al
del PIB. La fracción mayoritaria es la correspondiente a la materia
orgánica. Como aspecto positivo se puede señalar que se han reducido
los vertederos incontrolados. Pero, en general, no se tratan
adecuadamente los residuos y el porcentaje de reciclado es todavía
bajo. En todo caso, en todos los residuos analizados (papel y cartón,
vidrio, residuos de envases, plásticos, metales, madera y materia
orgánica) las tasas de reciclaje crecen. La producción de residuos
peligrosos no disminuye. Además, en el Estado español, no existen todas
las infraestructuras necesarias para su tratamiento adecuado. Por
último, cada vez se usan más recursos para producir la misma riqueza
(810 €/tonelada, frente a los 1.280 €/t de media en la UE). Además los
recursos que se están utilizando han pasado de ser renovables en su
mayoría, a no renovables en una proporción de 9 de cada 10. Agua La
extracción de agua sigue aumentando a un ritmo anual del 2,2%. Esto
produce que la zona de levante y las grandes aglomeraciones urbanas,
principalmente pero no sólo, estén en una situación de consumo por
encima de sus recursos hídricos. La mayoría del agua se utiliza en la
agricultura (65%), donde todavía el método de riego más usado es el de
inundación. Además, en la red de distribución se pierde un 20% de los
recursos hídricos. La calidad del agua ha mejorado en todas las cuencas
hidrográficas en el periodo 1998-2003. El 61% de los puntos en los
cuales se han realizado medidas presentan unos valores de calidad de
agua entre excelentes y buenos. Pero la contaminación por nitratos
aumenta, mientras que la ocasionada
por materia orgánica disminuye. El nivel de depuración de las aguas es
cada vez mayor, de manera que el 71% de la población tiene sus aguas
residuales conectadas a una depuradora. Sin embargo, el esfuerzo es
todavía insuficiente, ya que el porcentaje de población que no se
depura sus aguas residuales es aún demasiado alto y los mecanismos de
depuración mayoritarios no son los más rigurosos. Suelo Aunque la
mayoría del suelo es agrícola o forestal, la urbanización es el uso que
está creciendo de manera más importante (26% entre 1990 y 2000). Este
crecimiento ha sido mucho mayor que el de la población y se ha
producido principalmente en Murcia, Navarra, País Valenciano y Madrid.
La superficie urbanizada en el litoral supera el 50% en la línea de
costa en varias provincias. Indicadores de calidad ambiental y salud
Emisiones de sustancias acidificantes Se ha producido una disminución
del 38,1% de las emisiones de dióxido de azufre como consecuencia de la
reducción de la utilización de combustibles con alto contenido en
azufre. A pesar de ello, somos el Estado de la UE con mayor tasa de
emisión desde 1997. Frente a la reducción en la UE de las emisiones de
óxidos de nitrógeno en un 30%, en el Estado español han aumentado un
21%. Las emisiones de amoniaco han aumentado un 21% en el periodo
1990-2003. Salud y medio ambiente La cantidad y el grado de exposición
a sustancias peligrosas (cancerígenas, pesticidas...) ha aumentado
notablemente. Asociado a este hecho, se han incrementado también las
enfermedades de las personas más expuestas a las mismas. Además, existe
una preocupante falta de datos sobre la relación entre la calidad
ambiental y la salud. Pero los estudios que existen apuntan hacia una
fuerte asociación de ambos aspectos. El dióxido de azufre, el ozono
troposférico y el monóxido de carbono presentan concentraciones por
debajo del valor límite fijado por la UE en las ciudades españolas. En
cambio, el dióxido de nitrógeno y las partículas en suspensión de menos
de 10 micras se encuentran por encima, sin que apenas haya planes para
reducir estos niveles. Indicadores de biodiversidad Se ha producido un
aumento significativo de las áreas protegidas hasta el 9,1% del
territorio. Faltan instrumentos de planificación y financiación en
muchas de ellas, ya que el 40% de las mismas no gozan de una protección
adecuada. La biodiversidad está disminuyendo. Así hay especies, como el
lince, el oso pardo o el águila imperial, en una situación crítica. El
24% de los vertebrados se encuentran amenazados. Además se constata la
falta de planes de gestión para la conservación de muchas especies.
Indicadores de sostenibilidad económica y social El PIB ha aumentado
cerca de un 3% anual en los últimos 35 años. Sin embargo hay que
matizar que el crecimiento del PIB no indica un acercamiento a la
sostenibilidad, ya que suele aumentar a costa de la destrucción
ambiental. Así el PIB se incrementa si se tala un bosque y después se
vende la madera y se urbaniza el terreno, o si se consume agua
embotellada en lugar del agua de los ríos colindantes. La economía
española está fuertemente terciarizada. Este proceso se está llevando a
cabo gracias a que los sectores primario y secundario se han trasladado
a otros lugares del mundo. Desde el punto de vista ambiental esto tiene
una importancia capital, ya que no sólo no se han eliminado a escala
global los impactos asociados a la producción, sino que se incrementan,
debido a la necesidad de transportar las mercancías a distancias
mayores (por ejemplo las exportaciones españolas crecieron un
11,62%/año). Además, en general, los países donde se están resituando
estas producciones tienen unas legislaciones ambientales y laborales
más laxas. El gasto de España en I+D se ha venido incrementando hasta
alcanzar el 1,1% del PIB en 2003, si bien esto sólo representa el 35%
de lo que se gastan Alemania, Francia o Reino Unido. Además, este gasto
no se centra en proyectos que avancen hacia la sostenibilidad en la
mayoría de los casos. Entre 2003 y 2004, el Indicador Sintético de
Innovación en España
pasó de un valor de 0,24 a 0,3, si bien las diferencias con la media
europea (0,44 en 2004) son todavía ostensibles. La tasa de empleo
muestra una tendencia ascendente desde 1987, si bien sigue siendo una
de las más bajas de Europa (61,7% en 2004). La tasa de empleo española
de personas de más edad se sitúa en el 41,1% y, al igual que ocurre con
la tasa de empleo total, es mucho mayor en los hombres que en las
mujeres. La tasa de paro de larga duración es el 3,9% y también afecta
más a las mujeres que a los hombres. La tasa de temporalidad española
(32,5% en 2004) continúa siendo la más elevada de la UE, con una
diferencia en torno a los 17 puntos. Cada año se registran cerca de 2
millones de accidentes de trabajo. En 2002, la siniestralidad laboral
española duplicó la media europea. El 19% de la población española se
encontraba en riesgo de pobreza en 2001, lo que supone unos niveles
similares a los de 1980. Este porcentaje aumenta para las mujeres, y
las personas mayores de 65 años y/o desempleadas. Además, la diferencia
entre las personas con ingresos altos y las personas con menores
niveles de renta es superior a la media europea. En 2001 el porcentaje
de trabajadores/as en riesgo de pobreza sobre el total de la población
ocupada ascendía al 10%, frente al 7% de media en la UE. El 30,4% de
los/as jóvenes españoles/as de entre 18 y 24 años incurren en abandono
escolar prematuro según los datos de 2004. Por otra parte, en 2004 se
dedicó el 5,4% del PIB a la educación, con lo que desde 1993 el gasto
total en educación ha decrecido un 0,7%. El 9,5% de la población
española considera que su estado de salud ha sido malo o muy malo en el
último año. La esperanza de vida sin discapacidad ha experimentado una
ligera tendencia al alza en los últimos años (70,2 años para las
mujeres y 66,8 años para los hombres). En la última década, se ha ido
reduciendo el porcentaje del PIB destinado a sanidad (5,9% en 2002),
situándose notablemente por debajo del de la UE. El índice de
Desarrollo de Género creció en el Estado español un 15,2% en el periodo
1990-2002, aunque el salario medio de las mujeres se ha mantenido en
torno al 70% del salario de los hombres, y sus ingresos fueron casi
tres veces menos que los de los hombres. En 2004 se produjo la muerte
de una mujer cada 5 días a manos de sus parejas o exparejas en la
mayoría de los casos. Este parámetro no ha parado de aumentar desde
2001. El 71,8% del trabajo que realizan las mujeres en la UE es no
remunerado, frente al 29,3% en el caso de los hombres. Las mujeres
invierten más tiempo que los hombres en las tareas domésticas, el
cuidado de menores y mayores, y el voluntariado. Indicadores de
procesos de sostenibilidad Ecoeficiencia y disociación entre el
crecimiento económico e impactos ambientales Las emisiones de gases de
efecto invernadero están aumentando por encima del crecimiento
económico del sector energético. Sin embargo, los gases acidificantes
muestran un comportamiento más positivo. El crecimiento económico del
sector industrial sigue estando ligando a un aumento de los impactos
ambientales. Sin embargo varios de estos impactos –como el consumo de
agua y materiales o las emisiones de gases de efecto invernadero– están
incrementándose a un ritmo menor que el crecimiento económico del
sector. El modelo de turismo actual está agotado, ya que en las zonas
de mayor actividad (el litoral) aparecen situaciones fuertemente
insostenibles. A pesar de que algunos impactos relacionados con el
transporte se han reducido (emisiones de dióxido de azufre) o han
aumentado por debajo del crecimiento económico del sector (emisiones de
óxidos de nitrógeno), los daños ambientales del transporte son
crecientes (consumo de energía, emisiones de dióxido de carbono). El
transporte por carretera acapara la mayoría de las mercancías y
viajeros/as, en detrimento del ferrocarril convencional, que es mucho
menos impactante. Se ha producido un importante incremento en el uso de
fertilizantes y pesticidas químicos, con lo que sus impactos asociados
(eutrofización de aguas, contaminación
de suelos y aguas, etc.) se han incrementado. Se aprecia un aumento
importante del terreno dedicado a la agricultura ecológica. A pesar del
descenso en las capturas, el sector pesquero está produciendo impactos
fuertes que amenazan con la desaparición a varias especies como el
rape, la anchoa, la merluza o la caballa. Con el aumento del nivel
adquisitivo de los hogares se ha incrementado su impacto ambiental.
Cabe destacar el incremento de emisión de gases de efecto invernadero y
de generación de basuras. El aspecto más positivo es la disminución en
el consumo de agua. El sector de la edificación está produciendo un
fuerte impacto ambiental (consumo de recursos y producción de residuos)
y social (alto nivel de endeudamiento familiar). Indicadores de
procesos para el cambio Hay un número elevado de municipios que han
firmado la carta de Aalborg (una mera declaración de intenciones hacia
la sostenibilidad), pero poquísimos están realizando una verdadera
Agenda 21 Local. Se ha producido un importante incremento de las
empresas firmantes de acuerdos ISO 14001 y EMAS (para prácticas más
sostenibles). Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos acuerdos
no se llevan a la práctica. Existen todavía niveles muy bajos de Ayuda
Oficial al Desarrollo (0,23% del PIB en 2003). Además la calidad de la
ayuda es baja, ya que sólo un 13,1% se dedica a servicios básicos y
existe alrededor de un 20% en forma de créditos que deben devolverse.
Conclusiones finales El informe del OSE permite obtener una visión
amplia del avance hacia la sostenibilidad. Sin embargo, de cara a
futuras ediciones, serían deseables algunos cambios, como aclarar que
el crecimiento de algunos indicadores (PIB, productividad,
innovación...) en la mayoría de los casos señalan prácticas más
insostenibles. Además, sería aconsejable una mayor profundización en
los indicadores de flujos (energía, materiales, agua, residuos...) de
manera que puedan señalar los consumos en la producción intermedia, o
el número de kilómetros que se trasladan, por ejemplo. También se hecha
en falta el tratamiento de la erosión y la sobreexplotación de
acuíferos. Finalmente, como fácilmente se desprende de los datos
expuestos, el comportamiento del Estado español es crecientemente
insostenible, pues se basa en una fuerte destrucción de los recursos
naturales de los que, en definitiva, dependemos.
Luis González Reyes, coordinador de Ecologistas en Acción
La Asamblea por la Vivienda Digna de Sevilla critica el "sorteo del
derecho a la vivienda" Andrés Fariña. tercerainformacion.es, 24 de
novembro de 2006
La recién creada Asamblea por la Vivienda Digna de Sevilla acudió al
sorteo de viviendas organizado por el Ayuntamiento de Sevilla en el
Pabellón de San Pablo para mostrar su rechazo a este tipo de procesos
Bajo el lema "Los derechos no se sortean" la Asamblea por la Vivienda
Digna de Sevilla acudió al sorteo de más de 1000 viviendas organizado
por la empresa pública de la vivienda EMVISESA. Según el manifiesto de
este colectivo "no existe un problema de escasez de viviendas, pues el
número de viviendas vacías no deja de aumentar". Según sus cálculos en
todo el estado hay unas 3,1 millones de viviendas vacías y en Sevilla
unas 45.000.
Para ellos y ellas las Viviendas de Protección Oficial (VPO) "no son la
única solución" y por eso reclaman medidas que "escapen a la lógica del
mercado".
La asamblea anunció que estarían presentes en el sorteo de las VPO,
sorteo que calificaron como "reality show municipal" para reivindicar
que la vivienda es "un derecho y no un negocio, una mercancía y mucho
menos un juego". La asamblea parodió el sorteo de vivienda del
Ayuntamiento con el sorteo de las más de 45.000 viviendas vacías.
Respecto a esto, el delegado de Empleo, Antonio Rodrigo Torrijos en
declaraciones al ABC, aseguró que existe un impuesto para los
propietarios de viviendas desocupadas que supone el 50% del IBI.
Antonio Torrijos Portavoz Adjunto de IU en Sevilla afirma que el
"sorteo de 1225 viviendas, suponen la mayor oferta de viviendas
protegidas en la historia de Sevilla. (1.005
viviendas para la venta y 220 para alquiler)" y se trata de "una
adjudicación totalmente transparente, a través de un sorteo público
ante notario en el que se garantiza la igualdad de oportunidades para
todos los aspirantes, además de ser viviendas de calidad y a precios
asequibles, entre 53.000 € y 122.000 €."
Este no será su único acto de esta asamblea ya que el viernes 1 de
Diciembre, a las 20:00 horas, han convocado una cacerolada en Plaza
Nueva, frente al Ayuntamiento y, al día siguiente, sábado 2 de
Diciembre tendrán una comida popular y una jornada de convivencia. Por
último, el 23 de Diciembre tendrá lugar una amplia jornada de protesta
para reclamar los derechos de aquellos que no podrán "volver a casa por
navidad, pues no tenemos casa a la que volver". El día 27 de noviembre
a las 18:00h en el Centro Social de El Pumarejo se celebrará una
reunión con el Relator Especial de Naciones Unidas por la Vivienda
Adecuada para presentarle nuestras reivindicaciones.
Este colectivo surgió en Sevilla, tras la convocatoria de varias
concentraciones y se constituyó el pasado mes la Asamblea por una
Vivienda Digna, una asamblea abierta y horizontal en la que individuos
y colectivos participan para continuar organizando la lucha por una
vivienda digna para todos. Para ponerse en contacto con ellos y ellas
tienen este mail:
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
La mentira de las viviendas sociales Manuel Espinar. Kaosenlared, 26 de
novembro de 2006
Quien controla el urbanismo tiene el control del poder
Cuando se empezó a hablar de Marbella, nos decían que este era un caso
excepcional y aislado. La realidad no ha tardado mucho en demostrarnos
que de excepcional nada de nada. Ladrillo y política se han ido
entrelazando como si una misma cosa fuese.
Quien controla el urbanismo tiene el control del poder.
El tema de la vivienda no prima el derecho que los ciudadanos tenemos a
vivir bajo techo, sino el derecho de la propiedad privada y libre
empresa. El suelo, como la vivienda son una mercancía más y por lo
tanto el mercado marca su precio.
Esto es lo que nos dicen. Profundizando un poco enseguida vemos como la
acción política de unos políticos es la que puede hacer ricos a los que
el "Libre Mercado" no les daría un duro.
Y ESTA VERDAD LA SABEN LOS POLÍTICOS, LOS PROMOTORES Y LOS
CONSTRUCTORES.
Cuando hablan de corrupción, no es ni más ni menos el reparto de la
riqueza que genera una decisión política. La recalificación de
terrenos, el qué tipo de construcción se permite construir, cuantas
alturas, por ejemplo. Por donde meter una carretera, en fin, una serie
de decisiones que van a determinar que unas personas puedan multiplicar
el valor de sus propiedades.
En una sociedad democrática, lo lógico seria que una decisión política
que alterase el valor de una cosa, tal plusvalía fuese a parar para el
bien colectivo de la sociedad y no para un particular.
Porque aquí está la madre del cordero de la corrupción, o de una parte
de la corrupción.
Otra parte de la corrupción está en la asignación de parcelas para
construir viviendas de protección oficial, es decir, el reparto de
terrenos a las llamadas gestoras de cooperativas. También nos intentan
engañar con los criterios técnicos, pero a poco que te quieras
informar, ves como se lo reparten entre las gestoras afines a las
diferentes tendencias políticas.
Pero la corrupción sigue cabalgando y en la siguiente fase, después de
unos espectaculares sorteos con notario incluido, podemos ver como
personas que ya tienen una vivienda, pueden acceder a otra de
protección oficial, y ver como esos pisos se alquilan o venden a los
pocos años por el doble de lo que les costó.
La corrupción atraviesa toda la sociedad, la complicidades la que ha
permitido llegar a donde hemos llegado. Los Giles, los Po-ceros, no son
algo casual, son el producto de una sociedad enferma en la que la
mayoría se mueve esperando su oportunidad.
Porque esta Democracia, que algunos llaman joven, ha heredado lo peor
de los 40 años del Franquismo, el caciquismo, el clientelismo, los
favores, etc...
Con la democracia municipal, estos nuevos emprendedores, pronto se
dieron cuenta que habían encontrado una mina. Porque la corrupción no
sólo esta en el ladrillo. Inventaron las empresas auxiliares o de
servicios, privatizando casi todos los servicios del ayuntamiento. ¿A
que empresas dan los contratos? Siguiendo los mismos criterios con los
que daban los solares para construir, a sus amíguetes.
La política de personal en algunos casos es de verdadero escándalo,
familias enteras, cargos directivos sin ninguna formación, por el solo
merito de ser de su partido, o pagando favores inconfesables.
No hay administración que pueda soportar este ritmo de saqueo.
Denunciar esto, nos debe servir para reflexionar, no solo de cómo salir
de aquí, sino también y creo que es lo más importante, para tomar
conciencia de que los derechos nadie nos los va a dar y que solo con
nuestra lucha y organización los defenderemos.
Es inmoral que un derecho dependa de un sorteo. El Estado tiene la
obligación de cubrir un derecho.
Alguien puede imaginarse un sorteo en la puerta de un hospital para ver
a quien le toca ser atendido o no.
La vivienda tiene que ser lo mismo, el Estado tiene que garantizar un
mínimo de vivienda para cada ciudadano. En el franquismo se hicieron
miles y miles de viviendas de 40 a 45 metros cuadrados, fueron los años
del gran éxodo del campo a la ciudad. ¿Porque hoy, no se pueden hacer
ese mismo tipo de viviendas, o hasta los apartamentos de la ministra,
sin ningún intermediario?
Centralizar todos los recursos en ese tipo de viviendas, para los
realmente necesitados y los jóvenes. Sin gestoras, sin cooperativas ni
promotores.
Estas viviendas no se podrían vender en ningún mercado, si a los x años
el ciudadano ha prosperado económicamente y decide cambiar a mejor, el
dinero que haya pagado mensualmente, el estado se lo devolvería. Y otra
persona ocuparía esa vivienda.
Viviendas pequeñas si, pero con servicios colectivos en la planta baja,
como en Suecia. Lavadoras colectivas, y otros espacios comunes.
El drama no solo esta en la corrupción, sino en el secuestro de una
sociedad, ¿que sociedad reivindicativa y libre puede existir, si cada
mes tienes que pagar una hipoteca de más de 700 euros, por poner un
ejemplo.
El crimen de esto ladrones es que nos están matando la libertad y la
vida. Y nos están construyendo una sociedad de miedo y de pasividad.
Sus beneficios son nuestra esclavitud. Nuestro silencio es nuestra
complicidad.
Estas líneas no pretenden ser otra cosa que unas notas para la
reflexión y el debate que tenemos que abrir en nuestro pueblo entre el
conjunto de las fuerzas sociales. Por una vivienda digna, accesible y
ecológica Lara Pérez Dueñas. Gara, 27 de novembro de 2006
Ante la visita al Estado español del Relator Especial de Naciones
Unidas sobre el derecho a la vivienda, queremos expresar nuestra
satisfacción, ya que por fin empiezan las administraciones públicas a
reconocer que en este país hay un problema grave en lo relativo a la
vivienda. Sin embargo, nos preocupa que el relator sólo pueda fijarse
en determinados aspectos para su informe, aspectos muy importantes pero
no únicos, como la dignidad de la vivienda en lo que se refiere a
situación material o el acceso de las clases más desfavorecidas e
inmigrantes.
Queremos llamar la atención del relator sobre otro problema gravísimo
que existe actualmente y que no sólo se refiere a la dignidad de la
vivienda en sí sino en la dignidad a la hora de pagarla. Por diversos
motivos económicos, estructurales y por acción y/o omisión de los
poderes públicos, nos encontramos con una situación en la que el acceso
a la vivienda es, o bien imposible o bien a costa de una hipoteca de
por vida que incluso puede afectar a los hijos, puesto que el número de
años de hipoteca se alarga cada vez más. Sería conveniente que el
relator supiera que ya existen entidades que ofrecen hipotecas a 50
años, dato muy importante que le hará comprender la gravedad del
problema. Por otro lado, es vital promocionar el alquiler y abandonar
esta mentalidad en boga en nuestro país de que es indispensable comprar
una vivienda
nueva antes de poder emanciparse. Una vivienda alquilada y/o compartida
es una solución para muchos jóvenes, y es necesario fomentarla con
ventajas económicas y fiscales.
Otro gran problema que no queremos que el relator pase por alto es el
ecológico. Aunque esta cuestión tiende a dejarse de lado por parte de
las administraciones, una vivienda digna tiene que ser también una
vivienda ecológica que no hipoteque la salud de las y los inquilinos ni
de las futuras generaciones. Una vivienda digna debe respetar a los
ecosistemas frente al consenso del hormigón y a la construcción salvaje
que ya ha destrozado el Levante español y que ya amenaza con subir a la
costa cantábrica buscando nuevos territorios que echar a perder para
nosotros y, lo que es peor, para nuestros hijos. * Lara Pérez Dueñas es
Coordinadora de Gazte Berdeak de Euskadi
El relator de la ONU se reúne con los movimientos sociales en su
investigación sobre el problema del acceso a la vivienda en el Estado
español
Luis Carmona. Rebelión, 30 de novembro de 2006
"Tengo más interés en lo que me cuentan ustedes que en lo que me
cuentan las instituciones" Hindú Miloon Kothari: relator de la ONU
La asamblea contra la precariedad y por la vivienda digna recorre
Lavapiés con el diplomático Hindú Miloon Kothari que tomó nota de los
centros de hacinamiento para inmigrantes "camas calientes", casas de
renta antigua y casas okupadas por familias sin alternativa. Además,
Kothari mantuvo reuniones con asociaciones de inmigrantes que le
informaron de sus problemas para integrarse sin tener acceso a una
vivienda. El tour por el Lavapiés nocturno que hizo el Relator de
Naciones Unidas además de la visita a algunas zonas marginales del
extra radio contrastó las reuniones mantenidas con las instituciones en
materia de vivienda. "Ellos dicen que están potenciando el alquiler y
financiando Viviendas de Protección Oficial" (afirma Kothari). En las
reuniones mantenidas con la Asamblea Contra la Precariedad y por la
Vivienda Digna y la Federación Regional de Vecinos de Madrid se
presentaron cifras muy distintas. "El plan de alquiler del que tan
orgullosos se mostraron contabiliza unos pocos centenares de casas
desde que se aplicó dicho plan y las viviendas de protección oficial
además de ser caras y financiar promotores y constructoras privadas tan
solo continúan protegidas unos 10 años, tras ellos y pagar la inversión
del estado, se puede especular con ellas" (dice uno de los miembros de
la Asamblea). Muchas de las viviendas que se construyen (y son unas
800.000 al año) están destinadas a engrosar la lista de 4 millones de
segundas casas y los 3 millones largos de casas vacías existentes en
nuestro país. La construcción no es una solución, eso es echar leña al
fuego. Lo que hay que hacer es sacar del mercado las casas vacías con
un impuesto contundente que incentive el alquiler (Dice Luis Zarapuz,
autor de diversos análisis sobre la vivienda en España). Tras una
reunión con ACME (Alto Consejo de Malinenses en España) que puso de
manifiesto la imposibilidad del empadronamiento para los inmigrantes
que carecen de vivienda. El diplomático de la ONU se mostró interesado
por los 18 detenidos que se enfrentan a penas de más de dos años de
cárcel. Las fotos mostradas al señor Kothari evidenciaban el
ensañamiento gratuito que las fuerzas del estado hicieron con los
manifestantes. Tras la reunión los activistas se mostraron satisfechos
"Aunque las conclusiones del relator no sean vinculantes a nivel legal,
pueden dar un argumento de peso muy considerable al movimiento por la
vivienda digna." Afirma una de las intérpretes del diplomático.
http://madrid.vdevivienda.net/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=33
La 'deslocalización' de los especuladores inmobiliarios José Daniel
Fierro. Rebelión, 1 de decembro de 2006
Empresarios españoles al asalto del mercado marroquí
El pasado 22 de noviembre la ministra española de Vivienda, Maria
Antonia Trujillo, inauguró en Casablanca junto a su homólogo marroquí,
Ahmed Taufiq Hejra, y el Primer Ministro del reino alauita, Driss
Jettou, el XI Salón Inmobiliario de la Construcción. El evento, que
duró hasta el pasado domingo, contó con la participación de una
treintena de empresas españolas del sector.
Marruecos trata de desarrollar la promoción inmobiliaria, ligada en
muchas ocasiones al sector turístico. Y para ello está ofreciendo tan
apetitoso bocado a empresas extranjeras, a la cabeza de las cuales se
encuentran las constructoras españolas.
El Plan Azur 2010, por ejemplo, contempla para esa fecha la
construcción de siete estaciones turísticas en distintas zonas de la
costa marroquí, que den alojamiento a los más de 10 millones de
turistas que el gobierno de Rabat espera lleguen a su país durante ese
año.
Al mismo tiempo, el sector de la construcción en el Estado español
comienza a mostrar síntomas de debilitamiento y no faltan expertos que
auguran un descenso en picado de los beneficios procedentes de la
especulación inmobiliaria. Si a todo esto añadimos las denuncias y
procesos judiciales, cada vez más frecuentes y de mayores proporciones,
que vienen a dificultar el natural desarrollo del negocio inmobiliario
-sustentado en la práctica habitual de la corrupción-, se entiende
mejor que las empresas españolas busquen la “deslocalización” de sus
inversiones.
Y en este sentido el mercado de Marruecos es un verdadero filón por
explotar: los costes de la mano de obra, la legislación laboral y el
entramado político y administrativo clientelar sobre el que reposa el
poder, son un caldo de cultivo óptimo para los inversores ibéricos.
Marruecos es un país en que las relaciones de poder entre la monarquía,
el Estado y las tres ramas del gobierno están enormemente
desequilibradas. El rey y su entorno palaciego siguen ostentando de
facto un poder casi absoluto sobre los asuntos que afectan al conjunto
de la sociedad marroquí. [...] Las constantes interferencias de los
centros de poder ligados al monarca en el normal funcionamiento de las
instituciones del Estado, y especialmente el Gobierno, frenan el
desarrollo económico y humano del país [...] La corrupción en Marruecos
sigue siendo un mal endémico, y está extendida por todo el sistema,
bien sea a nivel de la política, la economía, la justicia o la
administración. [1]
Evidentemente, nada de esto preocupa ni a los empresarios, ni al
gobierno ni a las instituciones españolas. Marruecos es una oportunidad
de negocio, y como tal no tiene sentido vincularla a cuestiones como
los derechos y las libertades, la justicia social o los índices de
desarrollo humano.
El desembarco español
Un estudio sobre el sector, elaborado por la oficina comercial de la
embajada española en Rabat, asegura que “la promoción inmobiliaria en
Marruecos se articula en torno a tres ejes: el turismo, la promoción de
alojamiento social y la vivienda libre”. El informe estima en un millón
de viviendas el déficit habitacional del país. Sin embargo, los planes
del gobierno marroquí llegan únicamente hasta un máximo de 630 mil
viviendas de aquí a 2012. Según la propia Agence Nationale de Lutte
contre l’Habitat Insalubre (ANHI), aunque actualmente se están
construyendo 90 mil viviendas al año, se necesitarían otras 125.000
para hacer frente al aumento de las necesidades y de la población [2].
En 2005, se calculaba que un total de 860 mil familias (más de cuatro
millones de personas) vivían en construcciones “insalubres” -chabolas-
o edificaciones irregulares o precarias. Como indicador orientativo,
baste decir que el coste medio de una vivienda social en Marruecos
oscila entre los 13 mil y los 20 mil euros, el de la vivienda libre
ronda los 60 mil euros, y el sueldo medio no pasa de los 160 euros.
El modo en que estos datos se traducen en negocio puede ser calificado
de inmoral en un país con tan acuciantes problemas de vivienda. Y es en
este terreno en el que las empresas españolas se preparan para obtener
sus beneficios. La compañía Mixta África, propiedad de la Fundación
Renta Corporación (49%) y de Renta Corporación (47%), proyectan la
construcción de 524 viviendas económicas en la ciudad de Tánger y un
complejo residencial en Tetuan
con un total de 4.200 viviendas. La inversión rondará los 80 millones
de euros, sus beneficios cuadruplicarán esta cifra. Renta Corporación
es una empresa catalana especializada en la rehabilitación y
compraventa de edificios, y en cuyo consejo y directiva se encuentran
varios ex altos cargos políticos. Apuestan abiertamente por la
especulación, como muy bien explicó José María Farré, Consejero
Delegado de la compañía, “[una de sus unidades de negocio] es la
transformación de suelo: adquirimos terrenos con vistas a su futura
recalificación. Hemos decidido potenciar este último apartado y estamos
llevando a cabo operaciones importantes” [3]. Otro grupo de
empresarios, interesados en la vivienda pública, operarán a través de
la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC).
Según su presidente, Juan Eloy Durá, la desaceleración que, según
prevén, sufrirá el sector en España 'en dos o tres años', les anima a
pasar a Marruecos. Los empresarios valencianos, con amplia experiencia
especulativa, construirán casi 20.000 viviendas en la zona de
Casablanca y contarán con subvenciones a fondo perdido de hasta un 20
por ciento de la inversión y suelo gratis para edificar.
De la mano de Fadesa -cuyos trabajos van desde las estaciones de Saidia
y Kabila, hasta la rehabilitación de la zona del puerto de Tánger-
otras empresas están introduciéndose en un mercado casi virgen. Con
alguna comparte proyectos (Anjoca), otras se hallan estudiando opciones
(como Medgroup) y algunas se encuentran ya instaladas (el caso de
Urbas). Precisamente de Urbas se sabe que construirán 1.600 viviendas
sociales en Tánger y otras 250 de alto standing, que irán acompañadas
por tiendas comerciales y oficinas en el centro de la misma ciudad. Su
apuesta no queda ahí: la compañía quiere desarrollar un proyecto
turístico con hoteles y un campo de golf; participar en un proyecto
residencial junto al aeropuerto de Tánger en colaboración con una
sociedad dependiente del Ministerio de Vivienda marroquí; y, también,
adquirir un hotel en Agadir.
Experiencia no les falta. Fadesa está implicada en el reciente caso de
corrupción protagonizado por el director general de Urbanismo de la
Comunidad de Madrid, Enrique Porto, y acumula procesos judiciales por
todo el Estado español, entre los que destacan los vinculados a las
urbanizaciones de Anácara (Miño) y Guadalmina (Marbella). El mayor
protagonismo de Medgroup proviene de la denuncia por la construcción,
sobre terrenos públicos y junto a la playa protegida de Macenas
(Mojácar), de un sinfín de viviendas, apartamentos, un hotel de 5
estrellas con campo de golf, instalaciones deportivas, zonas
comerciales... Y Anjoca se enfrenta a la Coordinadora Ecoloxista
d’Asturies por su proyecto de urbanizar 240 mil metros cuadrados, junto
al espacio protegido de la Turbera de las Dueñas en Villademar, con 600
viviendas dispuestas en bloques de cuatro alturas y 240 chalets
unifamiliares y adosados. Esta concesión incluye la permuta de terrenos
de la empresa sin valor inmobiliario por otros de aprovechamiento
residencial cuya recalificación está en trámite [4].
Diversas empresas buscan hacer negocio en territorio marroquí, pero con
la vista puesta en inversores extranjeros. Es el caso de Alfa
Inmobiliaria que, a través de un acuerdo de colaboración con la
sociedad Inmo Hispano Árabe, prevé inaugurar un mínimo de 5 nuevos
establecimientos franquiciados por año hasta alcanzar los 25 en el
2010. Según Rafael Ordozgoiti, director de Alfa Internacional, “se
trata de un mercado en auge tanto para inversores como para personas
que buscan una segunda vivienda vacacional, debido a la excelente
relación calidad-precio de esta zona”.
Todo ello está ocasionando una especulación creciente en todo el país.
Rabat, Tánger, Marraquech y Casablanca han visto como en poco tiempo se
disparaba el precio del suelo. En concreto en esta última ciudad, este
importe se ha duplicado en apenas tres años.
Los empresarios tratarán de exportar el modelo depredador de la costa
española. Frente a ellos, algunas voces consecuentes ya se han levantado
contra la conveniencia de convertir la costa de Marruecos,
especialmente la del norte, en una nueva edición de lo ocurrido en la
península, con todo lo que significa de descontrol urbanístico,
desprecio por el medio ambiente y fomento de la corrupción en los
poderes públicos.
El primer aviso ya está dado, recientemente se conoció que el mítico
bosque diplomático de Tánger iba a desaparecer bajo los planos de un
complejo turístico promovido, casualmente, por una empresa española. Se
abre la veda. Notas:
[1] El Marruecos que no despega, Haizam Amirah.
(http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/579.asp)
[2] Los riesgos del chabolismo en Marruecos, Iván Martín.
(http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/705.asp)
[3] http://www.megabolsa.com/cierres/opv/rentacor.php
[4] Destrucción a toda costa: Informe sobre la situación del litoral
español. Greenpeace, julio 2006.
(http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/destrucci-n-a-toda-costa-2006-3.pdf)
Por un urbanismo solidario J. Manuel Sánchez Gordillo. CUT-BAI, 3 de
decembro de 2006
En esta hora en que el ruido de los escándalos suenan por todas partes
con la corrupción ya cuasi estructural como fondo creo que es la hora
de reivindicar para que se ponga en marcha el urbanismo solidario. Para
profundizar en las causas de la corrupción urbanística galopante que
nos rodea y nos ahoga por todas partes no sería malo recordar una
verdad elemental que en estos momentos olvidamos con gran facilidad:
cual es que es actual sistema económico y de desarrollo que genera el
capitalismo sitúa en el altar supremo y como valor indiscutible el
ganar el máximo de dinero en el mínimo de tiempo y, sea como sea, y a
costa de lo que fuere.
Cuando el Dios y el valor supremo es el ganar dinero ya no importa como
este dinero se obtiene, ya sea mediante el tráfico de drogas, el
tráfico de armas, la guerra, la especulación del suelo o la pura y dura
destrucción sistemática de la naturaleza.
Por tanto habrá que sacar una consecuencia elemental: el sistema
capitalista, en sí mismo, es una gran fábrica de corrupción puesto que
su mandamiento primero es el beneficio privado sin límites y a
cualquier medio.
Por tanto, a nadie le debería sorprender que en el Estado Español
suceda lo que está sucediendo: que las grandes constructoras con la
ayuda o la acción directa del capital financiero está poniendo en
marcha una corrupción escandalosa con una necesidad elemental del ser
humano como es contar con el suelo donde poder edificar su propia
vivienda.
Creo que habría que subvertir radicalmente esta filosofía del actual
orden establecido que en su afán por ganar dinero entra de lleno en el
terreno de las necesidades humanas más elementales y las convierte en
negocio: la cultura, el suelo y la vivienda, la tierra para comer o la
medicina con la que nos tenemos que curar.
Como hipócritas nos rajamos las vestiduras cuando oímos los escándalos
realmente miserables que se producen en Marbella, la casi totalidad de
la costa, los alrededores de las grandes ciudades, la sierra de Madrid,
la huerta valenciana o el último pueblecito del último rincón de
nuestra sociedad. No deberíamos sorprendernos cuando la tierra para
edificar se ha convertido en una mercancía que se compra y que se vende
y que, por lo tanto, se especula cuanto más mejor.
Las condiciones están dadas para la corrupción urbanística, al igual
que para otras muchas corrupciones que irán saliendo a la luz en la
medida que a los caza-plusvalía millonaria les interese o huela la
posibilidad.
Las grandes constructoras lo tienen claro: el negocio consiste en
comprar suelo rústico a 500 ptas. el metro cuadrado, buscar la
recalificación de ese suelo y multiplicar no sé cuántas veces por 1.000
el valor de ese suelo una vez que lo hemos convertido en urbano o en
urbanizable.
Quienes piensan solo en ganar dinero no se van a parar en trabas
legales. Basta forzar la ley mediante el soborno de unos ayuntamientos
al borde de la bancarrota que están deseando encontrar un rey Mida que
le permita hacer los grandes proyectos que por sus propios recursos financieros
raquíticos les son imposibles.
Eso en el mejor de los casos. También hay sin vergüenzas como la copa
de un pino, que el dinero que le ofrecen las grandes constructoras no
lo emplean para obras de interés general o mejoras de infraestructuras
de su pueblo, sino que ,aprovechando que el Pisuerga pasa por
Valladolid, se lo llevan a sus bolsillos a Andorra o a Suiza o se
compran los grandes caprichos de su vida.
Pero también hay que decir que todos los planes urbanísticos,
modificaciones o PGOU's tienen que ser aprobados por las Comisiones
Provinciales de urbanismo, que son competencia de la Junta de
Andalucía, Extremadura o Cataluña. Y decir también que la corrupción ha
sobrepasado con mucho estos entes a veces metidos a nivel de directores
generales o consejeros hasta los tuétanos.
¿Qué hacer ante esta situación?
Dejar de lamentarnos, de mirar para otro lado o poner en la picota
única y exclusivamente a los ayuntamientos con lo que de camino nos
cargamos la pobrísima autonomía local, cosa que me parece un auténtico
disparate.
Lo que se debería hacer es:
1.- Una nueva Ley del Suelo por la que todo el suelo urbanizable deje
de ser una mercancía y se convierta en un derecho, pongamos por caso,
del pueblo andaluz o de la humanidad.
El suelo rústico cuando en los PGOU´s pasen a ser urbanizables serán
públicos, se pagarán a los antiguos propietarios como rústicos, puesto
que así los cotizaba en hacienda y los ayuntamientos que dispongan de
ese suelo barato tendrán que facilitar ese suelo al mismo precio que
los compraron para la construcción de viviendas.
Es decir, con el suelo nadie podrá hacer negocio, puesto que será un
derecho ciudadano que venga a cubrir una necesidad humana básica como
es la de disponer de un techo.
De esta manera, no hay especulación que valga. Los ayuntamientos, las
comunidades autónomas o el Estado o las cooperativas podrán hacer
viviendas públicas, baratas y dignas y sobre todo al alcance de las
personas concretas que las demandan.
2.-Nueva Ley de las Haciendas locales que permitan a los ayuntamientos
disponer de la fuerza económica suficiente para no dejarse tentar por
ningún especulador o corruptor, y atender a los servicios crecientes
que han asumido su competencia absoluta pero sin un duro para llevarlas
a cabo.
Llevan muchos años los ayuntamientos solicitando una financiación
equitativa al Estado del 33, 33, 33 que nos equipare a Europa, y sobre
todo, que permita al poder municipal el más cercano al ciudadano
realizar sus tareas con solidaridad, ética y eficacia.
Hace falta una descentralización con competencias pero también con
dineros para que los ayuntamientos puedan cumplir con su función, con
la necesaria participación ciudadana para realizar los proyectos que
los distintos pueblos y ciudades demandan, y demandan con justicia. Dos
simples leyes son suficientes. Leyes audaces, valientes pero
imprescindibles para que la ética llegue porque todo lo demás no son
más que cuentos y zarandajas.
Nosotros, desde Marinaleda, a pesar de no contar con esas dos leyes que
hoy reclamamos más que nunca, hemos puesto en marcha un proyecto de
urbanismo solidario que se viene realizando desde hace ya unos años y
que ha consistido:
• El ayuntamiento mediante compra o expropiación se ha hecho con una
gran bolsa de suelo.
• Ese suelo se le ofrece al auto constructor totalmente gratuito.
• El ayuntamiento mediante un convenio con la Junta de Andalucía le
facilita al auto constructor los materiales también gratuitos.
• El ayuntamiento pone los técnicos y el arquitecto municipal al
servicio de este proyecto de auto construcción.
• El auto constructor pone su trabajo desde que comienzan hasta que
terminan las viviendas.
De esta manera hemos construido 300 viviendas con 3 habitaciones,
azotea, cuartos de baño y un patio de 100 metros cuadrados… y el auto
constructor sólo tiene que pagar lo que él mismo mediante asamblea de
vecinos ha decidido que en este instante es de 2.500 ptas. al mes.
Esto demuestra que es posible que el urbanismo sea realmente solidario
si se ponen la voluntad política, la ética y los medios
que tengamos a nuestro alcance al servicio de las personas y no del
beneficio egoísta de un puñado de desaprensivos.
No es una utopía. No es un cuento de hadas. Es algo que se puede y se
debe venir a comprobar, y que, desde luego, se puede hacer.
Lo que me da una rabia infinita es que teniendo tantos medios a nuestro
alcance los despilfarremos tan disparatadamente.
Y es que la economía debe estar al servicio del conjunto de los seres
humanos y no al revés. La ONU alerta de la 'especulación urbanística
desenfrenada' en España archipielagonoticias.com, 4 de decembro de 2006
Naciones Unidas ha alertado sobre la "especulación urbanística
desenfrenada" del mercado de la vivienda en España, y considera que el
Gobierno debería modificar el sistema de deducciones fiscales a la
compra de inmuebles porque, en su opinión, se "está subvencionando a
los promotores con dinero público".
El relator especial de asuntos de Vivienda de Naciones Unidas, Miloon
Kothari, aseguró además que entre el 20 y el 25% de la población
española está excluida del mercado de la vivienda, debido
principalmente a su alto precio.
Tras pasar 12 días en varias ciudades españolas, Kothari expuso las
Observaciones de Carácter Preliminar, previas a la elaboración de un
informe más exhaustivo que entregará en un plazo de tres meses al
Consejo de Naciones Unidas y al Gobierno español.
Kothari opinó que el Ejecutivo debería intervenir y adoptar "medidas
inmediatas" para resolver el problema de la vivienda en España, que es
"el más grave de Europa y uno de los mayores del mundo", apuntó.
El relator de Naciones Unidas señaló que el Gobierno español "está
sensibilizado" con este asunto y recordó que ha visitado España a
petición del propio Ejecutivo, pero insistió en que la situación actual
es "insostenible".
Enriquecimiento de los promotores Sobre la corrupción, dijo que el caso
de Marbella es "sólo la punta del iceberg" y "mucho más grave" de lo
que la opinión pública ha podido saber por los medios de comunicación.
Por ello, recomendó extremar la vigilancia y aplicar el código penal
con rigor, aunque reconoció que para ello hace falta "voluntad política
y económica" e hizo referencia al conflicto de intereses que existe a
veces entre el Gobierno central y el de las comunidades autónomas y los
municipios.
También subrayó que en España existe un problema "muy grave con la
especulación y el enriquecimiento de los promotores".
A este respecto, hizo suya la recomendación de la OCDE de suprimir las
subvenciones a los promotores, una medida con la que el precio de la
vivienda podría reducirse entre un 15 y un 30%, indicó.
Respecto a las medidas que ha tomado el Gobierno español, respaldó la
apuesta por el alquiler, así como el Proyecto de Ley del Suelo, que
ahora está en trámite parlamentario y podría entrar en vigor la próxima
primavera.
Preocupación por el acceso a la vivienda Kothari se mostró sorprendido
tras constatar que España es un país rico desde el punto de vista
financiero, con grandes inversiones en infraestructuras y altos
ingresos por turismo, y en cambio padece un grave problema de acceso a
la vivienda, debido a que la "clase media" cuenta en muchas ocasiones
con "trabajos poco estables" y con dificultades para conseguir una
hipoteca.
También expresó su preocupación por la subida de los tipos de interés,
un fenómeno que encarece las cuotas de las hipotecas y genera estrés a
los propietarios de la vivienda.
Asimismo, recordó que el problema de la vivienda afecta a los
inmigrantes, que, a pesar de contribuir de manera importante al
crecimiento económico, "viven de manera segregada y excluidos".
El relator de Naciones Unidas opinó que el racismo es un factor
presente en la sociedad española, y que debería resolverse desde la
educación.
Kothari celebró la apuesta que ha hecho España por la universalización
de la sanidad y la educación, pero subrayó que "no hay calidad de vida"
sin la inclusión de la vivienda entre estos pilares básicos.
En su estancia en España, Kothari visitó Madrid, Bilbao, San Sebastián,
Almería, El Ejido, Roquetas, Sevilla, Barcelona
y Zaragoza
Urbanismo, gallina de los huevos de oro en España Prensa Latina, 8 de
decembro de 2006
Escándalo en Tenerife
El sector de urbanismo se ha revelado como la verdadera gallina de los
huevos de oro en España por su facilidad para cometer fraudes
multimillonarios, casi siempre como el caso que reventó el miércoles en
Tenerife.
La Fiscalía Anticorrupción reveló que está a punto de concluir la
investigación abierta sobre una operación urbanística en Santa Cruz que
ha permitido a sus promotores ganancias de al menos 119 millones de
euros en muy poco tiempo.
Esa instancia cuenta las carambolas perfectas de la inmobiliaria
Inversiones las Teresitas para que la gallina pusiera más huevos que
los "normales", aunque el fondillo le explotara como una granada de
fragmentación.
La entidad compró terrenos en 1998 por 30 millones para edificaciones
turísticas frente a la playa y vendió casi de forma inmediata una parte
al Ayuntamiento de Santa Cruz por 53 millones para que no se edificara
nada sobre ellos.
Luego obtuvo la recalificación del resto sin desembolso adicional, que
vendió a una inmobiliaria por 96 millones, y aún se quedó con un 10 por
ciento del suelo cuando su valor se había multiplicado en varias veces.
Ahora el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, de Coalición Canaria, es
objeto de investigación de la Fiscalía porque estaba en el consejo de
administración de la entidad bancaria que concedió el crédito de 30
millones para comprar los terrenos.
Posteriormente, como regidor del municipio, impulsó la compra de parte
de los terrenos costeros. En dicho consejo también estaba uno de los
propietarios de la empresa que solicitó el préstamo, compró los lotes y
logró más de 120 millones de euros de beneficios.
La Fiscalía Anticorrupción investiga desde julio de 2005 los hechos
relacionados con esos terrenos denunciados por Insula Viable,
asociación integrada por socialistas y ecologistas.
Lo extraordinario del caso es que Inversiones Las Teresitas logró
quintuplicar el valor de su inversión sin realizar ningún tipo de
trabajo ni desembolso que justificase la magnitud de sus beneficios ni
reportar compensación alguna al municipio santacruceño.
La crisis agropecuaria y ganadera de la comarca de La Vera ante la
orgía de cemento Fernando Llorente. Diagonal, 11 de decembro de 2006
Extremadura: ecosistemas sacrificados en la Sierra de Gredos
La actual explosión inmobiliaria es comparable con un cáncer que se
extiende por el territorio peninsular, cuyas metástasis ya no sólo se
reproducen en torno a las grandes urbes y el litoral, sino que
comienzan a proliferar en zonas rurales del interior, como la comarca
cacereña de La Vera. El autor analiza los impactos y peculiaridades del
modelo de desarrollo urbano en esta comarca, donde la agricultura
tradicional y los recursos naturales sucumben ante el acoso de la cada
vez más extendida especulación inmobiliaria y del incremento del
turismo.
El ecosistema de La Vera, en la cara sur de la Sierra de Gredos, es
privilegiado por abundantes precipitaciones y sus temperaturas suaves
que posibilitan una gran diversidad biológica. Esta comarca estaba
relativamente aislada y su economía se sustentaba fundamentalmente en
la agricultura y la ganadería. Pero la mejora de las comunicaciones
viarias la colocó a poco más de dos horas de Madrid, lo que unido a los
precios bajos del suelo empezó a atraer capitales y población urbana,
bien para residir permanentemente, bien para segunda residencia y, cada
vez más por mera inversión y/o blanqueo de dinero.
Pero la peculiaridad del modelo de desarrollo urbano verata es su
carácter difuso; no se trata sólo de urbanizaciones y grandes
promociones, que las hay, sino de la proliferación de viviendas y
negocios de hostelería aislados en el campo, que se han superpuesto a
la tradicional dispersión de edificios agropecuarios. Todo amparado en
una legislación que permite edificar en suelo rústico cuando la parcela
es superior a 1-1,5 hectáreas. Es un tipo de explosión especulativa
menos espectacular pero contra la que es más difícil resistir porque es
espontáneo
e individualizado. A mayor difusión residencial y urbanística, más
servidumbres se imponen al territorio y mayor presión se ejerce sobre
los recursos naturales: más caminos, a menudo de cemento, para un uso
ampliado del transporte privado, más captaciones dispersas de agua con
pozos de sondeo -casi siempre ilegales-, más producción diseminada de
aguas negras, residuos sólidos, escombros, etc., más tendidos
eléctricos, más movimientos de tierra, más extracción de áridos en la
ribera del maltrecho río Tiétar, más erosión...
No obstante, la llegada de capitales y personal urbano es percibida
positivamente por las administraciones y por la mayoría de la población
autóctona porque son sinónimo de empleo y freno al envejecimiento
demográfico que arrastran los pueblos. Pero a medida que el proceso se
acelera se está tomando conciencia de que este boom inmobiliario
provoca importantes cambios sociales, culturales y ambientales no
deseados, sobre todo porque además coincide con una profunda crisis de
la actividad agrícola y ganadera en la región.
El cultivo del tabaco, sector clave, ha entrado en declive debido a la
reforma de la Política Agraria Común (PAC), que impone una reducción
progresiva de las subvenciones a esta producción, sin las cuales es
inviable. Posiblemente en 2010 este cultivo empezará a desaparecer. Por
otro lado, la agricultura tradicional, que ya entró en crisis a finales
de los ‘50 y quedó restringida al autoconsumo familiar, está en trance
de desaparición, y nos encontramos con que lo único que tira del empleo
es la construcción y los servicios asociados a ella y al turismo. La
presión del ladrillo incentiva la venta de fincas agrícolas y el
abandono del olivar, el higueral, las viñas y el castañar, cuya
producción tiene cada vez menos valor de cambio, mientras que el suelo
se encarece y revaloriza constantemente. A su vez, esas fincas que
cambian a uso residencial o turístico compiten con la actividad
agrícola por el uso del agua o cortocircuitan los desplazamientos del
ganado extensivo.
El fenómeno inmobiliario implica también la pérdida de la agricultura
tradicional y de sus bienes materiales (semillas, variedades
frutícolas, acequias, aterrazamientos) e inmateriales (la sabiduría
popular aplicada al manejo eficiente y productivo del ecosistema). Y es
que, paradójicamente, el desarrollo urbanístico también aquí pasa por
la pérdida y destrucción del bello patrimonio arquitectónico heredado
que es sustituido por un estilo falsamente rural, cuando no por el
modelo universal de vivienda de adosado, chalet y piso.
El progresivo abandono de tierras agrícolas y la desaparición de los
rebaños han provocado una colonización del matorral y del bosque
cerrado que incrementa el riesgo de incendios en una comarca con larga
tradición incendiaria. Las casas diseminadas en este polvorín son un
claro riesgo y una dificultad añadida a los operativos de extinción de
incendios, en la que no parece pensarse.
Este cóctel de especulación, incremento del turismo, tercerización de
la economía y pérdida de toda tradición parece irreversible, pero tiene
también obstáculos físicos y ecosistémicos, sobre todo la cada vez más
limitada disponibilidad de agua. Estamos hablando de una comarca cuyas
administraciones promocionan turísticamente el agua de sus gargantas,
cuando en el verano de 2006 sus pueblos tuvieron serios problemas de
abastecimiento de agua potable. Pueblos que pese a todas las campañas
de “excelencia turística” todavía vierten directamente las aguas
residuales a las gargantas (eso sí: por debajo de la zona de baños).
La única luz en este sombrío panorama es que cada vez se extiende más
la crítica social a esta depredación del territorio, y que al tiempo
surgen iniciativas para intentar habitar de otro modo este espacio
rural a través de la agricultura y fruticultura ecológicas, el
desarrollo de energías renovables, redes de apoyo mutuo, asociaciones
culturales, pero la pregunta que nos hacemos es si esta orgía del
cemento parará antes de que destruyamos completamente esta bella tierra
que nos acoge. ¿Hasta cuándo?
* Fernando Llorente, miembro de la Plataforma Antinuclear de La Vera
http://www.viviendadigna.org/
http://www.ecologistasenaccion.org
Moi interesante o do piscina de P.J. Ramírez
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